Pereira, un imán para los desplazados

Por: Diana Mariel Bejarano

Luz Nery Machado Pinilla sufrió por los enfrentamientos entre Ejército y guerrilla, ahora cuenta su historia a la orilla del río Consota, en un refugio construido con guadua, forrado con cientos de hojas de periódicos nacionales, que no informan más que tragedias como las que sufrió el día en que fue desterrada de su lugar de origen.

Luz Nery recurrió a su madre, quien ya vivía en Pereira en condiciones de desplazada. Ésta le informó dónde podría construir un rancho para pasar los días. Y el día menos pensado ya vivía en el sector de Caracol -La Curvajunto con su hijo de 1 año, su esposo, una hermana y un sobrino mayor.

Invasión ubicada en la parte baja del Barrio Caracol la curva, por la salida a Armenia.

CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) informa que “en el año 2003, casi 280.000 personas salieron de su lugar de origen, lo que significa que en  promedio 812 personas por día,  abandonaron sus hogares”. De acuerdo con el Gobierno, en Colombia hay 2,6 millones de desplazados, pero según Codhes “hay un subregistro”, es decir, personas que nunca han sido censadas, que puede alcanzar un 30 por ciento del total, lo que llevaría a contabilizar cerca de cuatro millones.

Son muchas las familias  y personas desplazadas que reciben ayudas humanitarias por parte del gobierno o de otras entidades, pero  el desplazamiento es algo que ha incrementado de manera notoria en Colombia.

Según la base de registro único de población desplazada (RUPD al mes de mayo del 2009, el  departamento de Risaralda tiene un acumulado de  43.985 personas declaradas como desplazadas desde el año 1997.

Entre las principales zonas de concentración de población desplazada en Pereira están los Barrios Villa Santana, El Plumón, El Dorado, Galicia, Puerto Caldas y Caimalito.

Los primeros diez departamentos expulsores de población desplazada con recepción en Pereira son:

  1. Antioquia:                  6.906
  2. Chocó:                        6.080
  3. Caldas:                       4.634
  4. Valle:                           3.796
  5. Caquetá:                     2.378
  6. Tolima:                       2.267
  7. Meta:                           1.196
  8. Putumayo                  1.076
  9. Cauca:                            868
  10. Nariño:                           577

Como las principales causas del desplazamiento se han podido identificar desplazamientos causados por la guerrilla, amenazas directas o generalizadas y en casos aislados por reclutamiento de personas.

Violencia tras violencia

Adicionalmente se presentan movilizaciones generadas por la presencia de grupos delincuenciales al servicio del narcotráfico, como Los Rastrojos y Los Machos, específicamente en el Valle del Cauca.

Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), en un reporte de febrero de 2008 hecho a  CODHES, para el año 2007 Pereira estaba entre los primeros 101 municipios más afectados por el desplazamiento forzado con una totalidad de 7.521.

 Según  cifras de CODHES, el departamento de Risaralda ha presentado un incremento en deslazamiento a partir del año 1999, cuando tenía una cifra de 2.227 desplazados, pero para el reporte hecho en el año 2007, Risaralda tenía 5.498 desplazados, cifras que han incrementado en la actualidad.

Según estadísticas de Acción Social, Pereira, tiene un acumulado de 27.078 desplazados, equivalentes al 6,6% de la población total de la ciudad.

Los niños son los más afectados en la problemática del desplazamiento. Son aproximadamente 412.500 niños que huyen con sus familias por presiones de diversos actores armados.

El hecho de que Pereira sea una ciudad receptora de población desplazada trae algunas repercusiones para la ciudad, como lo afirma el sociólogo de la universidad de Antioquia Alberto Hugo Soto Hurtado, la principal consecuencia que trae  el desplazamiento masivo es la violencia.

Según Soto, esto se debe al desempleo que traen consigo los desplazados cuando se movilizan de su lugar de origen.  “Recién llegan a la ciudad se ven afectados por el desempleo, por la falta de ingresos, pero también por el rechazo por parte de la ciudadanía. Son estos los principales  motivos de la existencia de pandillas que ocasionan los atracos a mano armada, el sicariato, la prostitución, el consumo de sustancias psicoactivas y son todas estas cosas las que terminan afectando a la ciudad”.

Pereira es mirada como una zona en la que se puede emprender una nueva vida, ya que su aspecto comercial, agrícola y de desarrollo general es algo atrayente para aquellas personas que han tenido que dejarlo todo a causa de la guerra u otros motivos.

Uno de los principales atractivos de Pereira como ciudad receptora es su ubicación geográfica. “Estamos en un lugar estratégico en el centro del país. En el corazón de Colombia”, afirma el sociólogo Oscar Arango Gaviria. Según éste, el conflicto armado que vivió el Eje Cafetero en los años noventa fue una de las causas fundamentales para que muchas personas de la misma región decidieran reiniciar sus vidas en Pereira.

 Esto lleva a encontrar algunos efectos “agridulces” en los que cabe el hecho de que la ciudad no está preparada para recibir oleadas de gente.  Es aquí cuando la ciudad debe ofrecer apoyo, tanto social como psicosocial. “Los desplazados deben ser atendidos como lo ordena el gobierno, aunque eso cause empobrecimiento a la ciudad”, dice Gaviria.

Son muchas las familias que encuentran en el departamento de Risaralda una solución al problema del desplazamiento. Aunque las autoridades competentes no tengan los recursos suficientes para atender esta cantidad de personas, la ciudad tiene una oferta institucional para desplazados que consiste en brindar ayuda humanitaria que incluye la pronta solución de su problema como desplazado, la reunificación familiar, incluyendo el retorno a su lugar de origen.

Pero más que esta oferta institucional, existe otro motivo por el cual la población desplazada  se viene incrementando de  manera notoria en los últimos años. Parte de esta población decide refugiarse en Pereira por el hecho de que existen personas que sirven de anclaje para su reubicación. Ya sean familiares, amigos o conocidos, quienes dan indicaciones  del cómo llegar y en dónde ubicarse.

Aunque se diga  que Pereira es una ciudad comercial, que hay oportunidad de salir adelante, no hay posibilidades que favorezcan a todos aquellos refugiados en la ciudad, pues muchos se ven en la obligación de buscar trabajo por fuera de la región para el sostenimiento económico de su familia.

Esto sucede con la familia de Yancy Lorena Machado, una joven de 20 años proveniente de Santa Cecilia, Risaralda. Ella a sus diez años de edad se vio obligada a salir de su pueblo con el que seguiría siendo su pareja y poco después tendrían cinco hijos.

“Nos vinimos por miedo a que la guerrilla nos matara al igual que  muchas otras personas”. La alternativa económica en Pereira fue escasa para sostener a cinco pequeños, por lo que su esposo se vio en la obligación de salir de la región y trabajar como vendedor ambulante. De este modo los visita una vez por mes llevándoles lo poco y nada que puede conseguir y dejando que ellos se defiendan, pues cada quien intenta ayudar con lo que más pueda.

El 55% del total de la población desplazada por violencia en Colombia es menor de 18 años.

Esta pareja –al igual que muchos otros- ha sufrido el rechazo de algunos por el hecho de ser desplazados. “A veces uno busca trabajo, se presenta como desplazado y lo desprecian, se busca alimento y nada. Nosotros no tenemos agua, nos la regala un vecino, se pasan muchas humillaciones, lavamos la ropa en el rio Consota. Aunque ya estamos registrados como desplazados, no nos ha llegado ninguna ayuda por parte del gobierno”.

Otro es el caso de María –como prefiere ser llamada-, quien a causa de las constantes amenazas y matanzas  por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un día a las 12:00 m. fue desterrada de sus tierras, a través de agresiones físicas, subida en una avioneta, en embarazo de su última hija (Yulieth) y en compañía de su esposo y demás hijos.

Ella recuerda con rencor el día en que el alcalde del pueblo los envió en una avioneta, con una carta que los identificaba como víctimas del desplazamiento forzado a un viaje del cual ellos ignoraban ruta y destino. Durante el trayecto se dio cuenta que hacían escala en Villavicencio, Bogotá, hasta Pereira.

 Ahora, cinco años después, tras haber recibido un par de colchonetas, dos mercados y cobijas, sigue esperando la ayuda del gobierno, mientras sus hijos crecen bañándose en las aguas turbias del río Consota.

Indígenas de Pueblo Rico siguen sin respuestas

Situación de desplazamiento, violación de derechos humanos, poca atención del gobierno municipal y condiciones de vida deplorables, son los reclamos de los representantes indígenas. Autoridades no tienen respuestas o reclaman por la falta de veracidad de las acusaciones.

 

Por: Karla Agudelo Urquijo

César  Augusto Osorno Franco

Kr_la_1@hotmail.com

c3sar_a@hotmail.com

“El problema es que somos fuente y somos medio”, así lo manifiesta Hernando González, Gobernador indígena de Pueblo Rico, municipio del departamento de Risaralda, quien asume el rol de ser el responsable de velar por las comunidades indígenas y sobre los problemas actuales de los resguardos con las  entidades del gobierno.

Marcan las tres de la tarde, los medios de comunicación, los representantes del gobierno y presuntos participantes entran y salen del pequeño salón donde se realiza otra reunión. Los líderes de resguardos indígenas reclamarán, después de varios intentos, una vez más por sus derechos. Esta vez no se conformarán con un no, o con un tal vez, por lo tanto denunciarán todos los actos de violencia que se ha han presentado durante los últimos años, mientras se sigue a la espera de una respuesta de la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.

En Risaralda es alto el número de casos en los cuales comunidades indígenas se encuentran en riesgo de ser despojadas de sus tierras y territorios, lo que evidencia serios conflictos que se relacionan con intereses de orden económico. El drama de desplazamiento, violencia, salud y educación en Risaralda no se detiene, decenas de familias siguen siendo expulsadas de sus territorios, especialmente en los municipios occidentales, por estructuras armadas que continúan actuando impunemente.

“Silenciar” es uno de los términos que más pronuncian los habitantes, ya que son víctimas del conflicto que se vive día a día y que ha trascendido hasta llegar a la muerte y desaparición de personas. “Acá en mi pueblo sí se han visto actos de violencia, porque hay varias bandas comunes que atracan a las personas, y además se han desaparecido varios individuos en la carretera del pueblo, cosa que nos afecta mucho, ya que el Ejército nos promete seguridad y lo que vemos es inseguridad”, afirma Fernando Chalarca, habitante de Pueblo Rico.

Los habitantes, en su mayoría, se sienten desprotegidos ya que las entidades que brindan  seguridad no cumplen el papel como debería ser. Estas esperan a pase un suceso mayor para poder tomar represalias sobre el asunto. Es así como el Coronel Álvaro Fernando Bocanegra, comandante del batallón San Mateo de la ciudad de Pereira, confronta que la situación de orden público en Pueblo Rico es segura desde hace tres años, además expresa que no ha habido ningún enfrentamiento del Ejército con grupos al margen de la ley en territorios del municipio desde el año 2008.

Rosalba Nakabera, indígena afectada por la violencia, ha decidido romper el silencio y contar sobre la desaparición de su esposo, ocurrida hace nueve años. “Él salió en el año 2002 de la vereda de Minitas a vender panela molida, yuca y plátano a Santa Cecilia para poder comprar el mercado. Él se subió en el bus de las 11 de la mañana y lo bajaron unos encapuchados. Cuando yo salí a buscarlo y a preguntar por él, me dijeron que si era el que vendía la panela, que a él se lo habían llevado… yo no hice el denuncio, me daba miedo”.

Como este caso son muchos, ya que por miedo se callan muchas voces que soportan la humillación y sufrimiento al perder a sus esposos, hijos y padres, como testifica Orlando Querangama,  líder indígena de la comunidad La Loma.

 

Actualmente el conflicto que viven los habitantes con los entes gubernamentales crece de manera drástica, poniendo un contexto en el cual se incrementa la demanda de violencia, conflicto de territorio y desplazamiento de grupos indígenas. De acuerdo con versiones de habitantes de Pueblo Rico y grupos indígenas, el gobierno sólo utiliza estrategias para evadir los temas que generan discordia, aplazando cada vez más las demandas que cada líder antepone para  que el conflicto tenga un fin.

“Debemos ser partícipes del desarrollo, mas no ver pasar el desarrollo”, dijo un poco alterado Jaime Mena Buenaños, alcalde de Pueblo Rico. “No nos sirve de nada, no colabora ni con un vaso de agua, solo piensa como todo político en su bienestar, mejor dicho, para él nosotros no somos nada”, dice Fernando Chalarca, habitante de Pueblo Rico.

Comunidades indígenas contra Alcaldía de Pueblo Rico

“No ha hecho nada, esta administración no ha hecho nada para el pueblo”, afirma José Alba García, habitante de Pueblo Rico y principal opositora del Alcalde Buenaños. Es así como muchas voces especifican que el Alcalde de Pueblo Rico, Jaime Mena, no se esmeró por proteger a sus habitantes, que lo único que realizó fue sacar mil disculpas para poder tapar los verdaderos actos de su administración. “Yo tengo un problema con unos indígenas desplazados de La Soledad, se le ha pedido el favor al señor Alcalde por medio de videos, como también a la Personera y no hacen nada, no colaboran para nada”, manifiesta García.

“Nosotros vinimos porque un volcán se derrumbó en mi casa y por eso nos vinimos a esta casita, y el Alcalde no nos ayudó ni un poco, el gobierno menos, y le decimos a Jaime que nos ayude y que más tarde, y por eso yo no subo por allá porque siempre me dejan sin nada”, asegura Raúl Charichy, afectado por la catástrofe natural.

 

Buenaños reitera que la situación en el municipio, con respecto a los indígenas, es un poquito más complicada en relación a las demás personas de la comunidad, no obstante, ellos al menos pueden recibir recursos que envía el Estado por el sistema general de participación. “La población campesina es pobre, las condiciones de vida son deprimentes, nosotros como Alcaldía los ayudamos en todo”.

En la reunión de Mesa de Organizaciones Sociales y Derechos Humanos, el Comité Regional Indígena (CRIR) presentó a las autoridades civiles, militares y otras entidades estatales, las siguientes consideraciones con el ánimo de aportar elementos a la discusión para implantar una estrategia que brinde condiciones de seguridad y garantía a defensores y defensoras, y a líderes sociales en el desarrollo del trabajo a favor de los derechos humanos en Risaralda.

“Llevamos más de 10 reuniones presentando los mismos casos de violencia, pero parece como si sólo vinieran a sentarse a escuchar y no poner cuidado a lo que necesitamos saber”, exclama Hernando Aguirre, representante ante el gobierno por los grupos indígenas.

 

Es un caos al escuchar todas las demandas que se presentan en Risaralda y más en la parte occidental, otra vez el gobierno no tiene explicación de los sucesos ocurridos en estos territorios. Aguirre lee con mayor cuidado todos los actos de violencia que se han presentado en los dos últimos años. En el lado izquierdo, donde están ubicadas todas las entidades del gobierno, se ve la incomodidad, ya que no tienen cómo responder a  dichas demandas. “Fuimos acusados hasta de corruptos”, es así como se expresa el Coronel Bocanegra al llegar al batallón San Mateo de Pereira.

“El gobierno lo único que hace es posponer las respuestas que pedimos con mayor respeto”, comenta Alberto Guazorna a su amigo Guillermo, integrante de la etnia indígena Embera Chamí.

Pasan cinco horas, con las mismas discordias, malentendidos, sugerencias y no se llega a ningún acuerdo. Es allí donde se escucha por primera vez la voz del Defensor del Pueblo Luis Carlos Leal, admitiendo que esta reunión una vez más ha sido desperdiciada, proponiendo así a los entes del gobierno y líderes de resguardos indígenas que se reunieran el 1 de junio, para así entablar por fin una solución a todas las problemáticas que se enunciaron.

El desplazamiento forzado y la violación a derechos humanos en el municipio de Pueblo Rico, se producen en un contexto de conflicto armado. La población, los indígenas y demás habitantes callan ante la problemática del entorno, como pasó en los años 80 con la llegada del M-19 al municipio. Esta guerrilla despojó y arruinó a miles de familias, trayendo disputas en territorios indígenas, obligándolos a huir a lugares desconocidos, es lo que dice el sociólogo Luis Adolfo Martínez en su libro “Conflicto, Desarrollo y Derecho a la Vida”.

Demandas, súplicas y  rezos es lo que hacen con mayor fervor los líderes de los resguardos afectados, dirigiéndose a los entes del gobierno, pero todo pareciera quedar en promesas, sin lograr alguna solución.