Transporte pirata: ¿un mal necesario o una mafia sin control?

La problemática del transporte pirata azota la población de Cali y sus municipios aledaños. Por sólo $1500, viaje por toda la Sultana del Valle.

Por: Nicolás Arbeláez Castro 

El transporte informal o transporte pirata, ha existido en el país por un largo tiempo. Por ganar unos pesos de más y los pasajeros tener mayor comodidad, el transporte informal ha jugado un papel importante en  movilidad de personas en algunas ciudades del país. Medellín y Cali presentan un incremento considerable en los últimos años. La capital del Valle, se caracteriza por ser pionera y concentrar uno de los mayores puntos donde el transporte informal se impone a muchos de los medios de transporte acreditados para estar en funcionamiento. (Video relacionado)

Muchas delas personas que usan dicho servicio, están de acuerdo con su existencia. No obstante, algunos consideran que si ya se tienen establecidas unas empresas legales prestando el servicio, no es justo que el que quiera hoy día un poco más de ganancias, entre a participar de dicha mafia. En su gran mayoría los habitantes de Jamundí hacen uso del servicio. Este último es un municipio limitante con Cali y del cual es partícipe el noventa porciento del flujo vehicular proveniente del Sur del país. Y entre ese flujo, se encuentran los automotores relacionados con esta labor informal.

Sitio donde parquean usualmente los carros piratas en Jamundí.

Pero el corredor vial Cali – Jamundí, no es el único trayecto en la ciudad usado por los piratas. Existen cinco puntos en todo Cali que la Secretaría de Tránsito municipal ha detectado. Sectores como La Portada, Sameco, Alfonso López, vía a Palmira y en la Carrera 100 con calle 25, vía que conduce a Jamundí y a Puerto Tejada, respectivamente. De estos cinco puntos, el más crítico es este último, debido a que allí concluye el trayecto del Servicio de Transporte Masivo MIO, servicio cuestionado por algunos y visto con buenos ojos por otros.

Desacuerdo entre rivales

 

Empresas de transporte intermunicipal como TRANSUR y MONTEBELLO se libran la guerra del centavo día a día por brindar el mejor servicio de transporte entre Jamundí y Cali. Sin embargo, los últimos años se vienen quejando sobre la participación activa de los piratas. Sumado a esto, sus rutas habituales para recoger pasajeros, fueron modificadas por las obras del MIO, afectando considerablemente a los empleados de las empresas de transporte antes mencionadas.

En Cali este tipo de transporte, se ha convertido en un negocio que para muchos de los prestadores, aunque sea ilegal, deja buenas ganancias. Pero cada vez se suman más vehículos informales, lo cual hace que la competencia se haga sentir. Carlos Andrés Arboleda, supervisor del S-08, y supervisor de los guardas de tránsito de Cali, aclara según el último rastreo que “el consolidado total de procedimientos de transporte informal de enero a julio del año 2011, principalmente sobre el corredor vial Cali – Jamundí, fueron 706 vehículos de servicio particular y 129 vehículos de servicio público. Dando así 835 vehículos en total”, sin contar con los otros cuatro puntos en donde se ejerce dicha labor.

A medida que esta mafia va creciendo desmedidamente, muchas entidades se ven afectadas económicamente. Es el caso de “la Unión Temporal para el Sistema de Administración de la Ruta Cali-Buenaventura y Viceversa, UTCB, o consorcio Corredor del Pacífico SAS, en el que confluyen las empresas que tradicionalmente prestan el servicio de transporte de pasajeros por esa vía. En un cálculo tímido de los mismos afectados se estimó que sólo en dicha ruta la piratería produce un deterioro de 30% al 40% de los ingresos del consorcio, lo que significa unos $1.000 millones de merma al mes”, publicó el periódico El País (http://www.elpais.com.co/elpais/cali/cali-esta-sitiada-por-transporte-piratas) donde nombra a Cali, como “la ciudad más sitiada por la industria del transporte pirata”.

El secretario de tránsito de Jamundí Felipe Riso, comentó sobre las medidas que se han tomado para disminuir el trasporte informal en el trayecto Cali – Jamundí. “Una medida es  inmovilizar los vehículos”, y explica que “los vehículos se reconocen fácilmente ya que son automotores que fueron taxis y posteriormente fueron cambiados a servicio particular. Los cuales sólo tienen una ruta de salida, por esa ruta es por donde manejamos los operativos.” Asegura además que a pesar de que se hable de las bondades del servicio en la calle, “dicho transporte jamás podrás ser establecido como un medio de transporte legal”.

En el momento exacto de un viaje Jamundí - Cali.

Por otro lado los conductores de transporte informal no están de acuerdo con la forma como muchos habitantes los tildan. “No estamos de acuerdo con que nos traten a la hora de hacernos un parte, como si fuéramos delincuentes. Sabemos que lo que hacemos puede afectar a algunos, pero lo hacemos por subsistir y sacar adelante a nuestras familias, lo hacemos por necesidad”, aclara uno de los integrantes de la hoy llamada mafia del trasporte informal. Las multas para dichos vehículos oscilan entre los quinientos y ochocientos mil pesos por cada retención del carro. En las primeras dos retenciones del vehículo se le imparte una sanción de veinte días en los patios y por tercera vez, la sanción aumenta a cuarenta días, aclarando que los vehículos que se manejan para esta labor deben ser chatarrizados por cumplir su ciclo de uso.

¿Cómo funciona el sistema?

 

Generalmente los vehículos utilizados para esta labor son automóviles. Aunque también se ha conocido casos de camionetas y hasta microbuses. Consta en llenar el cupo establecido. Por cada pasajero se cobra una tarifa de $1500 en el área urbana, y desde Cali a los municipios aledaños como Yumbo, Palmira o Jamundí, una tarifa de $2500. Muchos de los pasajeros ya conocen los puntos y saben que siempre habrá un pirata aguardando llenar el cupo. Estos son despachados por una persona que dirige todo el movimiento y se le conoce como playero. De allí salen los vehículos, con el cupo completo y en ocasiones con sobrecupo si el día no ha dejado provechosas ganancias. Luego de haber completado su trayecto, van de  regreso a sus puntos de origen. (Nota relacionada)

Cada uno de los puntos de reunión de los piratas, son lugares concurridos por demás personas para ocultarse de todo tipo de investigaciones y sanciones: panaderías, puestos de dulces, y estanquillos son lugares generalmente donde se pueden encontrar cerca de dos o tres carros piratas esperando su orden de salida. Por medio de equipos de radio, como una red establecida de transporte, los conductores informales sincronizan sus rutas y la cantidad de vehículos que se necesitan según el flujo de personas necesitadas del servicio.

Transportadores pirtatas aguardando un nuevo viaje y nuevos pasajeros.

Adalbert Clavijo, jefe de Guardas de Tránsito, asegura que el sur oriente de la capital del Valle es el sector más afectado por este gremio de trasportadores, y señaló para el periódico El País que “Cuando una persona se sube a un vehículo de transporte informal, no tiene ningún seguro, no se le garantiza ningún tipo de seguridad en caso de un accidente”.

El deterioro ambiental, una pieza clave

 

Algunos de los estudios ambientales realizados en la ciudad de Cali, han arrojado datos muy drásticos en cuanto a la contaminación que se presenta. “Las fuentes móviles en Cali, constituyen el 70% de la contaminación”, afirma la Ingeniera Ambiental Yaneth Alegría, encargada de participar en los operativos en conjunto con la Secretaría de Tránsito municipal. Alegría labora para el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, y aclara que no se tienen operativos para clasificar los vehículos piratas, pero sí existe una clasificación de los vehículos que son de modelos anteriores y que hoy en día pueden causar una mayor contaminación visible que  debe ser sancionada.

“El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA es el organismo técnico director de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales, responsable de la política y de la acción ambiental, encargado de aplicar las normas, los decretos que reglamenten, adicionen o modifiquen la materia; y, de mantener y preservar los parques y las zonas verdes, así como de la arborización y ornato del Municipio de Santiago de Cali”, agrega Yaneth.

Cada automotor, debe poseer el certificado de revisión técnico – mecánica y de emisión de gases, si no se llegara a tener, también sería acreedor a una sanción de un salario mínimo legal diario vigente. “Yo puedo portar mi certificado pero si la autoridad ambiental o de transito tienen los equipos para hacer la revisión y estoy por encima de los niveles permitidos, así tenga el certificado vigente, estoy incumpliendo también con la norma”, justifica Alegría acerca de los motivos por los cuales dicha multa puede ser aplicada.

Muchos de los vehículos usados para el transporte informal, debido al poco mantenimiento de los mismos, son de los principales motivos de contaminación por emisión de gases a nivel local. Algunos de ellos se identifican a simple vista, sólo basta en detallar el humo que expulsan y allí se calculará qué tanto tiempo posee dicho auto. Yaneth Alegría, clasifica los diferentes tipos de humo que son perjudiciales para el medio ambiente así:

Humo Negro: Mala combustión de Diesel.

Humo Azul: Mala combustión de gasolina.

Humo Blanco: Asociado a quema de Aceite.

Cali se considera una de las ciudades con mayor índice de contaminación, por causa de las industrias y fuentes móviles. De las cuales es partícipe, en un gran porcentaje, vehículos que llevan demasiado tiempo circulando en la ciudad, entre ellos, los piratas.

Este tipo de vehículo es el más utilizado para este negocio.

Que está bien y qué seguirá mal

Muchos de los guardas de transito de Jamundí expresan, que aunque el transporte informal es perjudicial para las entidades de transporte establecidas en el municipio, a la hora de detener un carro pirata, los conductores lo niegan. “La gente se disgusta, trata mal al guarda,  alegan que es el único medio de transporte, que ellos no tienen como transportarse más y eso uno todo lo entiende. Pero es que a uno le queda muy verraco saber que aquí está el bus que paga sus impuestos, sus seguros y que llega un carro particular y le recoge los pasajeros. Queda muy verraco, así como el señor del carro pirata tiene su familia para alimentar, el señor del bus también y a una empresa que responderle”, justifica uno de los guardas de tránsito y expone que es muy complicado que este transporte informal desaparezca. Por otro lado, una de las opciones sería extender las rutas alimentadoras del transporte MIO desde Cali a Jamundí. Esto, sería una solución parcial a este negocio que tiene a Cali consumida en su parte vial.

Los mismos guardas reconocen que esta problemática ha afectado el transporte a nivel departamental. Tal es el alcance del transporte pirata en Cali y en su municipios aledaños, que muchos de los agentes de tránsito tan sólo justifican la labor del transporte informal como “un mal necesario”. (Otra mirada)

Entre el limbo y El Quimbo

Opinión de Carlos Victoria 

Entre ambos se debate Colombia. Una nación a pesar de sí misma. Donde se nacía godo o liberal, como sostiene David Bushnell (1996) en su apasionante libro. Entre la nada y la incertidumbre. Entre el caos y la penuria, la conspiración y la traición.  Caída la Fiscal por cuenta de una maniobra de filigrana del uribismo, este órgano acusador  vuelve al reinado del limbo. Desviado el rio Magdalena  para llenar la represa de El Quimbo, en el Huila, se cortó la cinta de la locomotora minero energética. Ambos hechos no son aislados.

A pocas horas de que Santos le echara la bendición al mega proyecto energético, la Fiscalía anunciaba una investigación “para determinar si hubo o no irregularidades en el contrato para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de El Quimbo”. Entre otras cosas deberán “analizar el contrato por 334 millones de dólares entre Emgesa y la italiana Impregilo para la construcción de la hidroeléctrica”.  Sin duda: desde que llegó  la Fiscal Morales a ese cargo el país comenzó a experimentar un viraje sustancial en las investigaciones contra los delitos de cuello blanco, en un país donde especialmente la corrupción ha sido una forma de gobierno y no exclusivamente un asunto de ética pública.

Si ustedes ingresan a Wikipedia podrán encontrar un listado de desventajas de El Quimbo que horrorizan.  Inundación de cultivos permanentes y transitorios, principalmente de los municipios de Gigante, Garzón y Agrado. La seguridad alimentaría del departamento se verá drásticamente afectada debido a que la zona que será inundada produce frutales, maíz, plátano, arroz, cacao, sorgo, soya, leche, carne, etc., entre otros productos de gran importancia para la dieta alimenticia local, regional y nacional. Desintegración de núcleos familiares, etc. La sociedad de esta parte del Huila y del país quedará en un limbo del cual difícilmente podrá salir.

No solo la Fiscalía está en el limbo. Hoy por cuenta de la inversión extranjera que impulsa la racionalidad minero energético, la seguridad alimentaria de los colombianos ha quedado en esta grieta del mundo: entre la vida y la muerte. Todo porque El Quimbo es el paradigma de la odisea multinacional que, desde los tiempos de la “confianza inversionista”,  se enraizara en medio de laberintos institucionales en los que se mueve como Pedro por su casa el lobby trasnacional, como bien lo revela la investigación “Las maniobras del Rey Midas” de la revista Dinero, en la que se constata como las compañías extranjeras están haciendo conejo tributario a la Nación para evadir impuestos, mediante la fragmentación de territorios donde se llevan a cabo trabajos de exploración.

 

El Quimbo es el paradigma de la odisea multinacional que,

desde los tiempos de la “confianza inversionista”,  se enraizara

en medio de laberintos institucionales en los que se mueve

como Pedro por su casa el lobby trasnacional…

El Quimbo, Santurban, Marmato, Ranchería  y La Colosa, simbolizan -por otra parte- la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas al embate de estas políticas de crecimiento económico pero con impactos sociales y ambientales censurables desde todo punto de vista, en la medida en que dejan en el limbo los predicados sustanciales de la Constitución Nacional en materia de derechos fundamentales, como el derecho a la vida, aunque sí avivando el DERECHO A LA RESISTENCIA contra el ejercicio arbitrario del poder, consagrado tácitamente en el artículo 86 de la Carta.

Iniciado el trasvase del río Magdalena resulta por lo menos tardío el anuncio de múltiples investigaciones. A la investigación anticipada por un Fiscal, se suma la Procuraduría General de la Nación al anunciar  “una detallada revisión del proyecto”, al tiempo que la licencia ambiental de Emgesa, dueña del proyecto, pareciera no cumplir con los requisitos exigidos por la ley. Sobre la base de hechos cumplidos, el control preventivo es neutralizado por la tenaza multinacional y el viejo legado colonial de nuestra clase dirigente, tradicionalmente complaciente con los canones del extranjero. No por nada hemos quedado expósitos en materia de soberanía nacional, la misma que se debe invocar ante el  limbo estructural sumergido en las aguas del Magdalena.

La globalización capitalista no solo borra fronteras nacionales, sometiendo las políticas  públicas a su arbitrio, sino que también destruye la precaria institucionalidad de países como el nuestro donde la “confianza inversionista” pareciera resollar de nuevo tras la nulidad de la elección de la Fiscal Morales, y que ahora seguramente arremeterá  para posicionarse con una terna que le dé garantías a la impunidad, verdadero fiel de la balanza, sin importarle la degradación medio ambiental, la desigualdad social y mucho menos la suerte de los derechos humanos.

 

Pescadores en el limbo...

La restricción de acceso a menores a eventos de maltrato animal

Opinión de Carlos Andrés Echeverry

Recientes declaraciones del senador Camilo Sánchez, publicadas el 23 de febrero de 2012 en la versión electrónica del periódico El Espectador, dan cuenta de una posible propuesta de Ley para restringir el acceso de niños a espectáculos públicos que impliquen maltrato animal, entre ellos las corridas de toros. En hora buena se plantea una iniciativa que no es ajena a nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de comenzar un proceso de sensibilización frente al nulo valor que deberíamos conceder al maltrato de seres vivos.

Menciono que tal propuesta no es ajena a nuestro sistema normativo por cuanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada y ratificada por el Estado colombiano en 1969 y 1973 respectivamente,  consagra dentro de su articulado una disposición que permite la imposición de restricciones o limitaciones razonables al acceso de espectáculos  a menores de edad. La cláusula habilitante es el numeral 4 del artículo 13 de la Convención que consagra el derecho de libertad de pensamiento y expresión:

“Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia (…)”.

Siendo rigurosos con la interpretación dada por la Corte Interamericana al derecho a la libertad de pensamiento y expresión, no queda duda que la alusión a “censura previa” no es tal debido a que la censura implica prohibición de difusión de un contenido, más bien hablamos de restricciones razonables en el acceso a los espectáculos públicos con el fin de proteger la moral de los niños y adolescentes.  Sin ninguna duda,  la labor de organismos de calificación cinematográficos, de restringir el acceso de menores a ciertas películas, se sustenta en la disposición citada, esto es, contenidos con material sexual explícito o violento son justificaciones razonables para limitar el acceso a las cintas sin que esta restricción implique censura del contenido. Si la proyección de películas admite restricciones en cuanto al ingreso ¿por qué la realización de actividades de crueldad animal no?

No entiendo cómo películas relacionadas con el mundo del toreo como ‘Sangre y Arena’ de Javier Elorrieta, o ‘Belmonte’ de Juan Sebastián Bollaín, fueron clasificadas para mayores de 18 y 13 años respectivamente, pero el espectáculo en vivo de las corridas de toros admita, en Colombia, la presencia de menores sin ningún tipo de limitación, máxime si se tiene en cuenta la difusión de antivalores en estas actividades tales como el desprecio a la vida o la tolerancia a la tortura, que resultan siendo camufladas en un inentendible “amor por el arte”.

Una de las formas de pervivencia de las deleznables prácticas del maltrato animal reside en la educación del menor frente a la indulgencia que debe brindar a quienes lo causen, por lo tanto, una manera razonable de proscribirlas definitivamente puede encontrarse en la restricción de acceso a estas actividades a los niños y adolescentes. Sólo así el hombre del mañana cuestionará y condenará, moralmente, a esta generación por el sostenimiento y defensa de actos crueles.

Esperemos que las intenciones del senador Sánchez no queden sólo en la imprenta virtual del periódico El Espectador.

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Hablando de Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión quiero brindar todo mi apoyo y solidaridad al profesor, periodista y amigo Abelardo Gómez, manifestarle que la defensa de la verdad y de los derechos muchas veces tiene un precio elevado desde el punto de vista personal, pero la satisfacción que brinda mantener intacta nuestra dignidad y principios supera, con creces, el elevado costo.

Nota: Las declaraciones del senador camilo Sánchez pueden encontrarse en:

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-328279-referendo-acabarian-todo-tipo-de-maltrato-animal

La locomotora minera sale del closet

Opinión de Carlos Victoria

A todas luces no es compatible el desarrollo minero a gran escala con los derechos colectivos a un ambiente sano. Las escaramuzas de las últimas semanas en distintos lugares del país por cuenta del malestar social que produce a su paso la locomotora minera, metáfora que inculca la supremacía del patrón dominante en las políticas extractivas, solo están reflejando que el legado de la Constitución de 1991 no ha sido tan mezquino como algunas pretenden hacer creer.

La participación ciudadana cuando se transforma en protesta social adquiere el estatus legítimo de  inconformidad popular. Y eso es justamente lo que se observa tras los procesos de reclamo comunitario alrededor del derecho al agua, a la soberanía alimentaria y en últimas a una vida digna. La misma que no están garantizando las multinacionales que configuran el cartel minero energético a costa de doblarle el espinazo a  algunas autoridades ambientales y gobernantes locales que, en muchos casos, han servido en bandeja de plata sus territorios.

A medida que los conflictos ambientales se agudizan por cuenta del avance de la llamada locomotora, la estrategia de las multinacionales consiste en atenuar la violencia policial que se desata en los campos colombianos contra los reclamantes, mediante el uso de propaganda en la que el lobo se viste con piel de oveja. En otros casos se apela a la maniquea responsabilidad social con la cual se pretende cooptar la informidad ciudadana. En últimas construyen una gobernabilidad mediática en pos del control social.

Pacific Rubiales CorporationAngloGold Ashanti y la Drummond Company, Inc., entre otras compañías extranjeras, apelan al lobby propagandístico para ganarse las mentes y los corazones de los colombianos. Han salido del incomodo closet, pasando a una ofensiva que no solo se contrarresta con gases lacrimógenos, balas de goma y bolillazos, como bien se pudo observar en el documental elaborado por el periodista Bladimir Espitia Sánchez . El contra ataque incorpora una ofensiva publicitaria sin precedentes, apelando a testimonios de operarios, familiares y técnicos.  

Detrás de la campaña publicitaria y los periodistas ancla destacados en los grandes medios de comunicación del país,  se busca manipular a la opinión pública, si tomamos en cuenta  al experto Guillermo Rudas Lleras, para quien se estaría legitimando un verdadero paraíso fiscal en favor de las multinacionales:  “las regalías  -en el caso del oro- deberían estar entre el 4 por ciento (filón) y el 6 por ciento (aluvión) del valor de la producción, pero sólo representaron el 3,8 por ciento por ciento de dicho valor durante el período de 2002-2010”. Este solo dato, entre otros tantos, desmiente de entrada el eslogan de la campaña “Pacific es para mí”.

La campaña contra la denominada “minería ilegal” es la mejor demostración para abrirle la puerta al capital extranjero a la riqueza de todos los colombianos, porque mientras sataniza a los mineros tradicionales, quienes “toda la vida” han vivido de barequear y arriesgar su vida en un socavón, se presenta a las multinacionales como las únicas capaces y eficientes, siguiendo la tradición colonial de las élites criollas. Como sostiene Rudas, si las reglas del juego no cambian  “los aportes de la minería al país seguirán siendo una vana ilusión, especialmente si se contrastan con el alto riesgo social y ambiental que esta actividad implica”.

Desentrañar la guerra sucia, la manipulación propagandística y el vasallaje mediático de los grandes conglomerados informativos, es parte del ejercicio que le corresponde a la comunicación alternativa y al periodismo independiente. La repercusión mundial del documental del periodista Espita Sánchez es un ejemplo elocuente de que las grandes multinacionales y medios de comunicación no lo pueden controlar todo, a pesar de su poderío.

Transportadores en Medellín no aguantan más ‘vacunas’

Una nueva problemática social está atravesando Medellín y esta vez tiene bastante  consternados a los  habitantes de las diferentes comunas, por el cobro de vacunas a los conductores de transporte público.

Por Christian Prada

Chófer de bus, habla del cobro de vacunas a transportadores en Medellín

 

Es un tema que compromete a todo Medellín, situación que todos los días obliga tanto a conductores de transporte como a la población civil que hace uso de este servicio, a cancelar grandes sumas de dinero a los grupos al margen de ley para poder dejarlos trabajar y garantizarles así mismo la vida.

En la ciudad de la eterna primavera, desde un simple vendedor ambulante  hasta un representante de ventas de Avon, es decir todo el gremio de comerciantes, vendedores ambulantes, empleados de almacenes, vendedores de minutos, aseadores, vendedores de frutas, comerciantes de ropa, vendedores de cd y dulces en los semáforos, mariachis, y hasta los mismos conductores asalariados deben pagar una vacuna para poder seguir viviendo y trabajando.

El gremio más afectado por esta modalidad de extorsión suele ser el de los conductores de vehículos de servicio público, especialmente de busetas urbanas, ya que las cifras por cancelar oscilan entre 30.000 y 60.000 mil pesos semanales por cada conductor.

Según Fenalco, las bandas pueden recaudar  más de 40.000 millones de pesos por cada zona que ejerzan el cobro. Un cálculo aproximado de los ingresos semanales oscila entre 139 y 147 millones de pesos por todo el municipio.

Ex alcalde de Medellín Alonso Salazar, se niega a responder sobre cobro de vacunas a transportadores:

 

La pesadilla  se está desbordando desde el centro de Medellín hasta municipios aledaños que pertenecen al departamento de Antioquia. Los llamados  combos delincuenciales se han convertido en un negocio millonario   que va  desde los que cobran hasta los que callan, teniendo, según el caso, su recompensa o castigo.

Las  “vacunas”  es una forma de financiación por parte de los grupos armados ilegales y por la delincuencia común, ya que con este dinero mantienen el poder en los microterritorios. En medio de esta presión ilegal, el ciudadano común y corriente padece los vejámenes de  este negocio  que cobran, venden, amenazan y asesinan a cualquier precio, lo que realmente preocupa es  que cada vez son más tempranas las edades en las cuales se inician los protagonistas en estos actos,  abandonando  las aulas de clase para incursionar   en estos grupos criminales e iniciando una carrera delincuencial con desastrosas consecuencias, tanto a nivel  social como económico y  familiar.

El interés de los protagonistas, aparte del  económico, está representado en Marcar su territorio con los famosos límites entre comuna y comuna y en ganarse el Respeto y el poderío  de  la comunidad.

Ex alcalde de Medellín Alonso Salazar

El gremio de servicio público no cuenta con un respaldo seguro  por parte de las autoridades competentes ni de las diferentes  entidades encargadas de brindar  garantías y protección  a los más afectados. Además las amenazas comprometen la vida de conductores y la de sus familias, lo cual no solo perjudica económicamente a la población civil sino también su calidad de vida, ya que estos sienten temor de denunciar dichos actos delictivos, conllevando a un silencio inquebrantable que se populariza y se promulga  cada día más.

Como una posible solución a este problema social, en la ciudad de Medellín se han llevado a cabo diferentes estrategias entre las cuales se cuentan los famosos paros del transporte público por parte de los transportadores para lograr obtener la atención de las diferentes entidades gubernamentales y dar a conocer que la problemática está afectando a todos los gremio comerciales y prestadores de servicios públicos.

La Secretaría de Gobierno de Medellín desvirtuó “que estos  paros de transportadores lo haya provocado la inseguridad, cuando realmente se conoce que todas estas protestas se han hecho con el fin de lograr un mayor respaldo gubernamental”. Esta actitud por parte de la secretaria fue una bofetada a los millones de víctimas del cobro de vacunas en la cuidad Antioqueña. Aún más, no sólo  busca desestimar sino descalificar las pruebas que en su momento fueron mostradas para dar a conocer las actuaciones de estas bandas criminales.

Por otra  parte El código Nacional de tránsito sanciona a las empresas que se nieguen a prestar el servicio público por el no cumplimiento de sus responsabilidades para con la comunidad.

La rotación del personal de transporte es tan preocupante que ha generado crisis que han aumentado la problemática y por ende sus nefastas consecuencias, al no contar con personal fijo y comprometido con su labor.

Lo paradójico  de esta problemática, para la fuerza pública, es que a pesar de las constantes y diarias  amenazas de muerte, en contra de los que se nieguen a pagar las  extorsiones y/o vacunas, es que el silencio predomina  en la población civil que es  la  más afectada y que se ve obligada por el miedo a ceder ante este delito. Tanto los propietarios de negocios,  de empresas transportadoras y conductores se niegan a colaborar con las autoridades  e instaurar las respectivas denuncias ante las autoridades por temor a sus vidas y a las de sus familias,

Históricamente el cobro de vacunas  data desde la antigüedad, solo que no se había  sido tan  visible como lo es en la actualidad, anteriormente los comerciantes y los conductores pagaban un tributo a los para militares  a cambio de garantías de seguridad para poder ejercer sus labores, la problemática mayor se agudiza hoy  dado que  se cancelan varias vacunas, es decir; dos y tres bandas  se encargan de hacer dichos cobros en el mismo sector.

No solo se entiende por vacunas el dinero que se entrega en efectivo y de inmediato al cobrador, otra modalidad es la del denominado secuestro exprés, para robarles el contenido de la caja fuerte, muchas veces dinamitando el vehículo o amenazando a los conductores para que suministren la clave y así poder tener acceso a la caja fuerte del vehículo

La vacuna o extorsión  es una problemática que ha traído muchas dificultades para todas las personas tanto los transportadores como los propietarios de los buses para los cuales el pago de  la vacuna es de mayor valor; incluso se llega obligar a venderles el cupo y el  vehículo, en caso de empresas de transportes; es necesario tener presente en los gastos administrativos el pago de vacunas, o asemejarlo con un impuesto de calle, adicionalmente la   extorsión genera mayor desempleo,  dado que se dejan de cancelar salarios por cancelar vacunas, e incluso se llega al recorte de personal.

Los trabajadores insisten en buscar una pronta y efectiva  solución. Acompañado de un plan de garantías que permitan prestar el servicio con normalidad y  se respete el derecho a la vida y al trabajo.

¿Amar a muerte es libre albedrío?

Opinión de Edison Marulanda Peña

…Y es que no entiendes tú

lo que es amar, amor, amar a muerte.

Amar a muerte, canción de Luis Ángel

Desde los días de Marco Antonio y Cleopatra, de Adriano y Antínoo, de Abelardo y Eloísa hemos sabido que el amor puede traspasar todo límite: condición social, etnia, reglas, discapacidad e incluso la muerte. Son historias de amantes que hoy pocos quisieran emular porque alcanzan el nivel de lo trágico, cae sobre esas vidas una cascada de dolor incesante. Por esto han merecido las migajas de inmortalidad que ofrecen la literatura y el cine.

Cuando parecía que nuestros días estaban saturados de lo banal y el encogimiento del pensar cundía entre seres que prefieren plagiar a crear, un hecho logra revivir el asombro. Es el “suicidio asistido” de los sacerdotes colombianos Rafael Reátiga y Richard Piffano, ocurrido el 26 de enero de 2011, y las circunstancias que empiezan a conocerse.

¿Este episodio escandaliza por la condición de creyentes de sus protagonistas o porque involucra a un tercero ejecutante que se lucra de esa última voluntad de dos hombres que se aman? ¿La mayor confirmación del libre albedrío sería escoger la propia muerte desprestigiando así el determinismo? ¿Sucederá algún día que la muerte buscada de manera consciente y libre por una persona adulta sea tolerada por las instituciones, sin que tenga que ser sólo la muerte por heroísmo que beneficie a terceros? ¿Quién puede asegurar que en la mente de quien muere en un acto llamado heroico no hay una búsqueda de reconocimiento perdurable y socialmente aprobado? ¿La religión, la psiquiatría y el derecho, que cumplen la tarea de “normalizar” al individuo, respetarán un día los casos donde fracasan sus métodos y convenciones?

Rafael y Richard eran pareja desde los días del seminario, es lo que pudo inferirse del reportaje que publicó El Tiempo. Hasta ahí nada excepcional. Lo que si puede serlo es la decisión del segundo –saludable y joven– de acompañar a Rafael, enfermo terminal, en el acto de libre albedrío que desafía los preceptos de la iglesia a la que sirvieron, del código penal de los hombres, los consensos de los cuerdos que no comprenden el reino de la locura sin reglas. Y los desconcierta más el que no apelaran a una silenciosa inyección letal, sino a los tiros de un sicario que cumplió el objeto del contrato verbal.

Un caso de esta naturaleza merece tener de banda sonora, si fuese recreado en un guión de una cinta de Almodóvar –él sabría hacer de esta historia una obra de arte– los versos de la canción de Sabina: “Y morirme contigo si te matas / y matarme contigo si te mueres /, porque el amor cuando no muere mata / porque amores que matan nunca mueren”.

Para una aproximación a un tema tan complejo como inusual, que muchos censuran en voz baja, recomiendo acudir a la literatura. El cuento Libre albedrío de Rubem Fonseca en el libro La Cofradía de los Espadas, para ejercer la imaginación narrativa. El personaje-narrador admite en una carta que tres mujeres (Heloisa, Laura y Salete) fueron “técnicamente asesinadas por mí, pero no pueden ser llamadas mis víctimas, pues el término define a alguien sacrificado en honor a las pasiones o a los intereses de otros, y este no fue el caso de ninguna de las tres, ya que ellas decidieron soberanamente sobre la conveniencia y oportunidad de su propia muerte…” (pp. 11-12).

Con el fin de cultivar la humanidad en el mundo actual, la filósofa Martha Nussbaum propone que se requieren tres habilidades, pero solo me remitiré a la tercera, la imaginación narrativa; significa la capacidad de pensar cómo sería estar en el lugar de otra persona; ser un lector inteligente de la historia de esa persona y comprender las emociones, los deseos y anhelos que alguien así pudiera experimentar. Quizá desarrollando esta habilidad alguien podría mirar con ojos de compasión la vida doble de Rafael Reátiga y admitir que el amor es irracional.

Tal vez nuestra sociedad empieza a requerir otras formas de tratamiento para situaciones límite que ponen en cuestión nuestra concepción de la libertad personal, las formas del derecho y el significado de la vida humana.

Deposito un ramo de respeto y asombro, flores exóticas en Colombia, sobre las tumbas de estos amantes.