Así se mueve el negocio de la cebolla en Pereira

En la cuenca media del rio Otún los habitantes sienten miedo al hablar sobre la Asociación de Cebolleros: “no escriba mi nombre”, dicen muchos. Directivas hablan del proyecto como la mejor manera de proteger intereses colectivos.

 Por: Unidad Investigativa 

traslacoladelarata@gmail.com

Risaralda es el tercer productor de cebolla larga más importante del país y el municipio que contribuye con el 88 por ciento de la producción es Pereira. El negocio mueve alrededor de 10 mil millones de pesos al año y es controlado por la Asociación de Cebolleros de Pereira: “tienen el negocio redondo (…) las plazas las tienen totalmente monopolizadas (…) y el campesino está sujeto a lo que ellos le impongan”, así lo cuenta Jorge*, agricultor independiente.

El surgimiento

La Asociación de Cebolleros de Pereira (Aceper) aparece registrada en la Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2006, pero la organización viene de más atrás. Se tienen antecedentes, en el 2001, de una Asociación de Cebolleros y una Red de Seguridad de los Cebolleros. Dicha red fue autorizada por la secretaria de Gobierno municipal, en la alcaldía de Marta Elena Bedoya. En ese mismo año se da el surgimiento de grupos paramilitares en La Bella y La Florida, según informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo,  “los grupos paramilitares, inicialmente se instalaron en la región como parte de la red de seguridad de una asociación de cebolleros que acababa de fundarse en la zona”.

En un principio el grupo que incursionó fue el Bloque Cacique Calarcá de las autodefensas, que extorsionó a los agricultores, paralelo a este, en la zona aparece el Bloque Central Bolívar y la ya mencionada Red de Seguridad de los Cebolleros con el fin de hacer frente a la inseguridad. Guillermo Castaño, presidente del Comité Permanente, se refiere a esto como “una operación paramilitar, (…) ellos (Bloque Cacique Calarcá) generan inseguridad en un núcleo y después de eso aparecen ellos (Bloque Central Bolívar) como los que van a garantizar la seguridad; la red de seguridad es la que da el amparo legal”.

“La gente que salía inicialmente al camino a interrogar al campesino que bajaba con el producto (cebolla) era gente armada y sí, prácticamente yo por lo que alcancé a percibir, me atrevería decir que sí fueron paramilitares”, afirma Jorge. En un comienzo se instalaron retenes en la zona, estos buscaban controlar el flujo de lo que entraba y salía en cuanto a producción agrícola. La revista Noche y Niebla, en su edición número 23 de 2002, relata que los grupos paramilitares en la zona eran apoyados por terratenientes y grandes productores de la región, “quienes los respaldaban como una red de seguridad para los cebolleros”, fuera de eso a los campesinos se les cobraba un impuesto de movilidad, eran intimidados y obligados “a pagar 500 pesos por arroba”.

Castaño describe que su finca quedaba en un punto estratégico, al lado de la vía en que confluyen las carreteras que vienen de La Bella y la de La Colonia. “Fueron a decirme que entregara la casa, (…) con el argumento de que para controlar la cebolla”. Los paramilitares no solo hicieron retenes, también buscaron puntos clave de vigilancia.

Frente a estos hechos, a la zona acudió el Comité Permanente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se hicieron las denuncias respectivas y la Fiscalía hizo presencia. Dejan de asesinar e intimidar personas y desaparece el Bloque Central Bolívar en el 2005, en últimas, la instalación de los grupos paramilitares, agrega Castaño, se da con el fin de obtener “el control militar y económico sobre la zona”.

En la actualidad, manifiesta Rosemberg Ramírez, gerente comercial de Aceper, los teléfonos de la asociación están interceptados, y “está bien que investiguen, si debemos alguna cosa por qué no nos judicializan”.

Lo que es anormal en un principio, se termina volviendo normal. Ahora “pasan revisando, no con tono amenazante como antes, sino que la gente ya se acostumbró y les guarda el miedo”, comenta Cesar*, habitante de la zona.

Cebolla con sabor a dinero

El gestor de la Asociación de Cebolleros de Pereira es Henry Álvarez. Jorge sostiene que “él fue quien armo la asociación, fue el que dijo venga organicemos los campesinos que la cebolla está muy barata”. En el 2006 la arroba de cebolla se cotizaba en las centrales mayoristas a 6 mil pesos, mil pesos por encima del costo de producción, pues producir una arroba de cebolla vale 5 mil pesos. Para efectos de esta investigación se buscó contactar a Henry Álvarez, pero no fue posible localizarlo.

Ramírez enuncia que el objetivo de la asociación “es sacar el producto al mejor precio”, para que así el cultivador tenga una buena calidad de vida. Antes de surgir la asociación, los precios de la cebolla fluctuaban bastante -muchas veces la cebolla se subía a 24.000 pesos pero otras veces bajaba a 2.000 pesos- menciona Camilo*, otro habitante de la zona, pero con la asociación se mantienen los “precios regulados”. El valor de la cebolla permanece estable de dos formas: la primera, controlando el área sembrada para así evitar que se produzca más cebolla de la que se puede vender, y la segunda, cuando hay sobreproducción se pica la cebolla. Para Gabriel Rúa, presidente de Aceper,  “es tratar de que a las plazas no se lleve tantísimo producto y se inunden, pues se baja el precio”.

En contraposición a esto, Jorge considera que los objetivos de la Asociación son “monopolizar el negocio, cuando digo monopolizar me refiero a absorber las plazas, el mercado y quedarse ellos con la producción de cebolla. Una vez eso se dé, téngalo por seguro que los pequeños y medianos productores vamos a desaparecer”.

Las reglas de la asociación, expone Rúa, no impiden que el agricultor trabaje a su manera, “nosotros lo que vigilamos mucho es que no se crezca la producción”. Para evitar la sobre producción, los pequeños y medianos productores redujeron en un 20 o 25 por ciento el área que sembraban, “qué pasó, a los pequeños nos obligaron, midieron para que bajara y cumplimos, los grandes antes sembraron más”, alega Alberto*, productor asociado.

La reducción del área sembrada ha llevado a que el pequeño y el mediano productor se estanquen, apenas sí se sostienen, pues la Asociación, asevera César, es la que decide “cuánta cebolla puede sembrar usted, qué área de su finca la puede cultivar usted en cebolla y son los que determinan el precio. La cebolla esta semana valió a tanto”. Respecto al precio de la arroba de cebolla, Ramírez asegura que es determinado por “la demanda del mercado, si hay mucha, toca favorable”.

En La Florida, La Bella y El Manzano hay un monocultivo: la cebolla larga. El volumen comercializado en la actualidad oscila entre 18.000 y 19.000 arrobas semanales que tienen un valor estimado en el mercado de 185 millones de pesos. Pero el valor de la arroba ($10.000 por arroba en junio del 2011) no es fijado de acuerdo con las condiciones del mercado. El precio es fijado por un comité de personas y Alberto dice que  “ahí están Henry Álvarez, Rosemberg Ramírez, son los dos que se encargan de eso, son los grandes productores y los encargados de la comercialización, o sea de manejar las plazas, lo que ellos llaman controlar las plazas, es un equipo grande, ahí está Julio Berto (Franco), son los que se encargan de manejar las plazas, controlar la entrada de piratas y fijar los precios”.

“La asociación brinda estabilidad (…) busca mejorar la calidad de vida del campesino, todo trabajador tiene su moto, deshipotecaron las fincas, tienen sus hijos estudiando”, reconoce Ramírez. Contrario a esto, Roberto*,  ex agricultor de cebolla, advierte que de la asociación  se “benefician unas personas, no todas. (…) Esas diez personas son de ahí mismo, de la gente que escogió él (Henry Álvarez), métase aquí y la junta directiva, venga usted, fulano es el Presidente de la junta, (…) eso es de ellos, eso no es de la comunidad”.

El monopolio

Rúa piensa que “la crítica que se le hace a la Asociación es una cosa tan ridícula, (…) si fuera tanto el monopolio entonces la gente que se está llevando el producto por otra parte quién le dice algo, (…) pueden llevar a donde quieran”. Por la misma línea, Ramírez declara que los productores “tienen libertad, si no quieren pertenecer a la asociación, listo firmen la carta de retiro y se van, (…) cada productor es libre de vender su producto donde quiera, la persona no está amarrada”.

En un principio se hizo un estudio de las plazas para determinar cuánta cebolla se vendía – dice el presidente de la Asociación-, luego en la zona la asociación se programó con “los productores, entonces nosotros sabemos que Mercasa se come mil arrobas de cebolla, por decir cualesquier cosa, entonces hacemos arrancar mil arrobas de cebolla para llevar para Mercasa”.

Frente a lo dicho por Rúa, el economista Juan Pablo Saldarriaga afirma que “ahí se están comportando como monopolio, (…) al comportarse como monopolio ellos ya pueden fijar precios, hay una demanda establecida, pero ellos pueden controlar vía precios o vía cantidades el mercado, entonces si ellos determinan las cantidades a vender, controlan el precio en el mercado, de tal forma para obtener un precio mucho más alto que aquel que tendrían si operaran bajo competencia perfecta”.

Paralelo a lo dicho por Rúa y Ramírez, Sonia Guzmán Vargas en su trabajo de grado, “Valoración de un sistema productivo agropecuario priorizado y su relación con los servicios eco sistémicos en cuenca del río Otún”, presentado a la Universidad Javeriana en marzo de 2010, describe que todos los productores de cebolla tienen un vínculo obligado con la Aceper y “es importante indicar que ningún productor, transportador o comercializador que no esté autorizado puede sacar cebolla de la zona. Los miembros de la Asociación indican que ellos se encargan del acopio y que la comercialización es responsabilidad de otros actores”.

Para Manuel*, miembro de la escuela campesina de agroecología, “el monopolio se maneja en esa junta directiva de la asociación”. Además asegura que el campesino que no participe de la asociación es bloqueado, “sale del mercado suciamente, no limpiamente, entonces todos tienen que hacerlo a través de la asociación”.

El productor que desee comercializar la cebolla de forma independiente lo puede hacer, pero la asociación al darse cuenta toma medidas. Roberto sostiene que “ellos salen a ver dónde está vendiendo y allá le caen, ellos con el viaje se hacen a un lado a vender también, a cómo está dando, él está dando a $5.000, póngala a $4.000. Ya lo pone a perder $1.000 pesos por arroba; no paga ponerse en ese trote”. Esta práctica no es nueva para la Asociación, pues en un principio –dicen los campesinos- con el fin de controlar la plaza de Pereira, Armenia, Chinchiná, Santa Rosa y Manizales, Henry Alvarez le compró la cebolla a los campesinos y la fue regalando de plaza en plaza con el fin de tomar el mercado.

Esas medidas, manifiesta Saldarriaga, son “prácticas de competencia desleal, el monopolista puede fijar, con el fin de excluir a sus rivales del mercado, precios mucho más bajos por un periodo de tiempo, de tal forma de capturar el mercado. Esas competencias no son usualmente legales”.

Esta situación –obedece a una dinámica caracterizada por el abandono de las obligaciones de las entidades político administrativas- y esto lleva expone Guillermo Gärtner, ex director del Observatorio de Convivencia de la UTP, a que “algunos sectores que están vinculados a la producción, a asumir ellos la propia defensa con todas las posibilidades de arbitrariedad y demás que ello representan, en el caso de la justicia privada”.

Cebolla y política

Aceper “está patrocinando a un trabajador para que sea candidato al Concejo de Pereira, Julio Berto Franco, es de allá de La Bella y lo tienen bien adiestrado. En este momento es el discípulo aventajado de Octavio Carmona”, relata César.

Franco hace parte del comité de personas que se encargan de la comercialización de la cebolla. Sobre el ex representante a la Cámara Carmona se puede mencionar que fue inhabilitado en el 2005 por celebración indebida de contratos superiores a 7 mil millones de pesos. Tanto Carmona como Franco apoyan la candidatura de exgobernador Carlos Alberto Botero a la gobernación de Risaralda (ver foto).

Para Guillermo Gärtner esto es “explicable dentro de las leyes de relación de la economía y de la política”. De la política porque representa los intereses de determinados grupos (la Asociación),  en este caso “los intereses económicos de los productores de cebolla para llegar y acceder a determinadas instancias de poder político”.

El candidato al Concejo de Pereira Julio Berto Franco (en la foto), precisa que su liderazgo va a ser “serio” y que en la cuenca media del río Otún hay “una asociación de cebolleros y hay personas que lógicamente no están de acuerdo con estar asociados y están por fuera de la asociación”, pero en su propuesta política, “caben todos, asociados y quienes no estén asociados, todo el mundo, sin color político, es un liderazgo serio, contundente y lo que quiero es trabajar por todas esas comunidades en general”.

“Ellos tienen un candidato al Concejo y aspiro que no gane”, afirma Roberto, como también aspira César a que esto tenga algún eco en los medios, pues “la situación de los pequeños y medianos productores es alarmante”.

 *Las fuentes pidieron reservar su nombre por seguridad

Ingenios vallecaucanos monopolizan cultivos

Por: Daniela Bolívar Rincón

“Se está produciendo en el campo alimento para los carros y no para el hombre”. La caña de azúcar, un seductor monocultivo protegido por el Estado, que a medida que crece les arrebata a los campesinos, la esperanza de progresar”.

“Somos desplazados de la caña. Hace 15 años había trabajo en abundancia gracias a la  siembra  de sorgo, soya y otros cereales, pero esos cultivos desaparecieron, hoy en día todo está curtido  de caña. Trabajábamos en la hacienda Guabito, que ocupaba de cien a mil trabajadores, ahora  un área de mil hectáreas la administran con 20 personas y el resto es maquinaria pesada”, dice  Pedro José Cruz, un campesino de 50 años perteneciente al proletariado de la región de  Roldanillo, Valle, que vive del rebusque y de luchar contra las aguas del río Cauca, esas que se  llevan sus cultivos, cuando la furia de las lluvias al igual que el abandono Estado, se confabulan  para empobrecerlo más.

El valle geográfico del río Cauca posee uno los mejores suelos del país, por estar ubicado entre  dos cordilleras de diferentes características que lo hacen rico en nutrientes y lo protegen de  largas temporadas de lluvia. Las condiciones climáticas permiten que todo el año se coseche,    tanto así que una hectárea de tierra tiene un costo de 42  a 48 millones de pesos, mientras en los llanos se avalúa en 3 millones;. en el Valle del Cauca 270 mil hectáreas están dedicadas al cultivo de la caña, con el fin de abastecer a 13 ingenios azucareros, dueños de la cuarta parte de los cultivos de dicha graminea y el resto de la tierra corresponde a más de 1.700 cultivadores. Cerca del 30% de la población del departamento depende de la actividad azucarera.

La llamada revolución verde y la actual modalidad de los biocombustibles, han aumentado la cobertura de caña en zonas donde antes se sembraban otras semillas características de la región, pues la ley estableció que a partir de septiembre del 2005 toda la gasolina dispensada en las zonas urbanas con más de 500.000 habitantes debería tener 10% de componentes oxigenados como el alcohol carburante. Cubrir esta  demanda requiere 1.2 millones de litros de alcohol diarios, equivalente a decir que en el Valle del Cauca la expansión de la siembra de la caña ha de convertirse en un monocultivo necesario para abastecer dicha exigencia, y a su vez en el dolor de cabeza de quienes cuestionan los beneficios biológicos, sociales y económicos de la misma.

Se pierde la tierra

 

“Nosotros tenemos poco petróleo y es oportuno hablar en este gran Valle del Cauca de las alternativas de Colombia: ‘los biocombustibles’, eso hay que acelerarlo”. Esa es la desalentadora respuesta que el ex presidente Uribe dio  a los “los Nasa”, grupo indígena que bloqueó la vía Panamericana en el 2008, exigiendo después de 15 años, el cumplimiento del acuerdo del Nilo, aquel en el que el gobierno de César Gaviria se comprometió a entregarles 15.600 hectáreas de tierra plana que nunca llegaron, las mismas en las que se veían tentados a cultivar a manera de invasores. Pero dichas razones no fueron suficientes para el mandatario y reiteró: “más demoran en llegar a tomarse las carreteras, que la fuerza pública (Esmad) en sacarlos”.

Frente al hecho, el líder indígena Lucho Acosta dice que el gobierno “no quiere entregar las tierras porque las tiene proyectadas para el alcohol carburante y necesitan la caña para extender su producción”.

Vale destacar que el gobierno sí ha destinado terrenos para grupos desmovilizados, y ellos le alquilan a los ingenios, se cruzan de brazos porque no ponen nada y las ganancias son seguras.

La caña es el único cultivo que tiene contrato. El ingreso bruto de una hectárea es de 18  millones de pesos, nueve parael ingenio y nueve para el proveedor, no hay otro negocio que en  14 meses produzca tanto a menos que sea ilícito.Para Hernando Betancourt, experto en  industria azucarera, cultivar otra semilla implica salir a venderla a la plaza de mercado, “si  tuviéramos frutales, podría ser rentable, pero no hay compromisos a nivel internacional que  aseguren la exportación”.

La apertura económica de los 90 afectó la producción de los agricultores, entrando productos  de otros países exportadores. A raíz de ello se tuvo que cambiar la modalidad económica y se  incrementó el desempleo, finalmente se cambiaron los cereales por caña, pues los medianos y  pequeños agricultores no estuvieron en capacidad de competir con el mercado internacional.

Nicolás Montoya, profesor de geopolítica, le atribuye el éxito de la caña a la política de sustitución de importaciones que con el fin de incrementar la riqueza nacional, maximiza el costo arancelario para la caña de azúcar, reduciendo al mínimo posible su importación, así, la caña se ve protegida frente al mercado internacional y tiene ganancias seguras, mientras otra clase de cultivos en Colombia sí tienen entrada y se ven en desventaja los agricultores locales. Para la  CVC (Corporación Autónoma Valle del Cauca) es injusto que los agricultores nunca hayan tenido subsidios, cuando  los costos de producción son tan elevados.

Negociar con los ingenios, es obtener rentabilidad, Hay varias formas de hacer convenio. El Ingenio entrega la caña a los proveedores para que la cosechen, o el proceso de aparticipacion, en el que el colono le brinda la tierra al ingenio y éste pone la infraestructura y la siembra, llamada “la forma del perezoso”, tranquilamente se puede vivir en el exterior y venir por las ganancias,. Por eso, para estas industrias es más fácil comprarle la tierra al que está cultivando otra cosa, porque relativamente se encuentra quebrado, pero olvidan el porcentaje de campesinos que nunca aprendieron algo diferente a labrar la tierra, y que ni siquiera el ingenio se encargará de ayudar,- Lo mínimo que podrían alcanzar sería pertenecer al gremio de los 12.500 corteros de caña, de los cuales 9.500 están contratados mediante cooperativas de Trabajo Asociado, pues estar vinculado a los ingenios directamente como empleado es un privilegio que sólo 485 corteros saborean, y ni si quiera esto es hoy una esperanza de entrada económica, ya que la mayoría de los ingenios están mecanizando las labores, se reemplaza el trabajo de los corteros por máquinas cosechadoras, que reducen poco a poco la mano de obra.

En Aguaclara, Valle,  Patricia Mondragón es una de las desempleadas por la llegada de la caña a los terrenos de Ismael Díaz , esos que tradicionalmente abastecieron la alimentación de la región y los ingresos del personal campesino, con el cultivo de maíz, tomate y sorgo. “La caña tiene menos posibilidades de trabajo, no hay empleo local y el ingenio lo que arrienda lo compra”.

Hoy, después del asesinato de Díaz, las tierras están siendo adecuadas por La Carmelita, 90 hectáreas de su hacienda para el cultivo de caña de azúcar; sus hijas, tal vez en vista de la incapacidad de administrar los terrenos, prefirieron ser proveedoras de dicho ingenio. Gonzalo Arango, ingeniero encargado de la adecuación del terreno para la nueva siembra, justifica que “necesitan más caña para producir alcohol carburante” y aunque La Carmelita no sea hoy uno de los productores del biocombustible, a futuro será ese el propósito de  todos los ingenios.

La guerra del Etanol

 

El ingenio Incauca, propiedad del grupo Ardila Lülle, quien también posee 52 por ciento del Providencia y 35 por ciento del Risaralda, ya posee destiladoras anexas para la obtención del etanol. El Manuelita produce el 65 por ciento del  etanol colombiano y el Mayagüez, el 15por ciento.

Hernando Betancourt, experto en industria azucarera, afirma que el desarrollo del país se ha enfocado en la agroindustria,  “llegará el día en el que el petróleo se acaba, entonces  producir combustible tendrá un buen futuro,  y qué mejor que un cultivo lo brinde, y si el día de mañana no se produce azúcar mucho mejor, pues esta no es un alimento esencial, debido a su cantidad de carbohidratos, ahora ya todo es light.

Miguel José Garrido, propietario del ingenio La Carmelita, manifiesta que los políticos se tuvieron que retractar de la pretensión de multar a los ingenios que no produjeran etanol, “tanto así que Uribe se hizo socio del ingenio Incauca y el papa Ardilla. Dicha compañía ha pretendido apoderarse de las empresas del país que estén dentro del cluster de su producción, por eso en los 80 y 90 su influencia recurrió a una competencia desleal, en la que hizo poner el azúcar barata para que los pequeños ingenios quebraran, porque según Asocaña no pueden producir más de determinada cantidad de azúcar, mientras los grandes se comen a los chiquitos moliendo más de 10 mil toneladas diarias de caña. Sin embargo Garrido afirma que “es mejor ser cola de ratón y no cabeza de león”, porque en calidad de producción y exportación están por encima de los grandes ingenios, así lo demuestra el que Colombina sea de los mismos propietarios del Riopaila y aun así, prefieren comprar el azúcar a La carmelita, y agrega que un Ingenio pequeño, como el suyo, brinda empleo a 6 mil personas y por cada una de ellas hay familias enteras que gozan de dichos ingresos, ¿cuáles?: 9 mil pesos que se le paga a un cortero por tonelada de caña cortada.

El ingenio Riopaila ya cuenta con 60 mil hectáreas de tierra en los llanos, a su vez se está sembrando caña en el Quindío, con el propósito de producir alcohol carburante en forma.

Lucro Vs. medio ambiente

 

Según Dan Jauver Carrillo, estudiante de X semestre de administración ambiental, al establecer un monocultivo, los nutrientes del suelo se van acabando, en el Valle se están presentando problemas de salinización por el exceso de riegos, como se necesita agua para que tengan un buen crecimiento, esta agua se está acumulando en charcos, al evaporarse quedan minerales que por lo general es cloruro, lo que genera la salinización del suelo, y la remediación es muy costosa,  allí nada va a crecer. Según su conocimiento, dice que “A los que han vendido les ha tocado irse a las laderas de las montañas, esto es mortal, ya que la ganadería en zonas de ladera genera cárcavas lo que da erosión”.

Betancourt argumenta que se lleva más de 150 años cultivando caña, y se siguen desarrollando tecnologías para mejorar la siembra, tanto así que se puede cultivar donde no haya tierra (cultivos hidropónicos), entonces no se puede decir que el cultivo de la caña acaba con el suelo. “si yo le aplico el producto que es, no lo estoy envenenando”. Garrido añade que cuando se hace renovación de tierra se voltea la capa orgánica, la cual sigue porque se saca el subsuelo que no es utilizado, y si la soya nitrogena la tierra, pues está siendo reemplazada por el abono vegetal como la cachaza.

En su defecto el Valle del Cauca tiene tanto de tierra plana como de loma, y hay mucha riqueza, entonces por sembrar caña no se van a acabar los predios para sembrar, sin embargo es desventajoso que se esté utilizando un suelo que debería estar en frutales, debe haber diversificación pues hay un porcentaje muy alto de variedad CC8592 (caña) a la que le está dando roya, por ser un monocultivo, y los proveedores corren el riesgo de fracasar. No se está pensando en una tierra  para subsistir si no para enriquecerse.

La vinaza (desecho del proceso industrial de la producción de alcohol) que ha sido cuestionada por su  impacto desfavorable al medio, los ingenios la han convertido en abono para la caña, con la construcción de grandes piscinas para diluirla. Esta es ahora un abono con alto contenido de potasio

Para quemar la caña se debe acudir al instituto Agustín Codazzi, para estar al tanto de la  dirección de los vientos, y que estos no se lleven consigo la pavesa producto de la quema, que  puede afectar a la población, pero mientras haya corteros es inevitable hacerlo, ya que es un  método que les facilita el corte, despojando la caña del follaje y los bichos.

Los campesinos del norte del Valle que se consideran desplazados por la caña, expresan: “Ellos  no piensan en que están contaminando pero en el afán de su riqueza”

“De la caña no sacan si no la azúcar, la panela y el combustible y como eso es lo que les da plata  se han olvidado de los alimentos” “El presidente dijo que nos pagaría los cultivos perdidos por  las inundaciones y seriamos reubicados, todos dicen que eso está en trámites, pero hasta ahora  no se ha hecho nada, para los medios de comunicación ya no existimos, porque “mientras los c  capitalistas estan viviendo como reyes, aquí se vive en la pobreza absoluta”.