El rostro oculto del Ingenio Risaralda

El Ingenio Risaralda quema anualmente 25.200 toneladas de caña de azúcar, de las cuales es liberado un 40% de  CO2, el equivalente a 10.080 toneladas de gas carbónico, que va dirigido directamente a la capa atmosférica y además, se extiende por varios kilómetros que hacen parte del entorno rural y urbano de La Virginia. En el mismo contexto ambiental, parte del área hídrica comprendida por el río Risaralda, es a su vez contaminada por las vertientes industriales de esta compañía y los suelos afectados por la incidencia nociva a nivel mineral, que puede generar la caña.

Por. Esteban Mejía Díaz   

El niño mira fijamente hacia abajo, siente cómo poco a poco el nerviosismo se empieza a evidenciar en su delgado cuerpo, mientras las rodillas le tiemblan y la duda empieza a reflejarse en la expresión de su rostro… no cualquiera se atrevería a desafiar 17 metros de altura al arrojarse como un clavadista olímpico, desde una frágil línea de cables que penden del punto más elevado en un puente considerado patrimonio histórico del municipio y donde transitan a diario gran número de turistas y pobladores de la región. El arriesgado pequeño, de nueve años, tiene la atención del público y en un arrebato inesperado se arroja sin meditar un segundo más. “Piquiña”, así le llaman.

Puente Bernardo Arango, La Virginia (entrada al municipio)

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El Quimbo inundará seis municipios del Huila

Por: Ángela Bonilla

Para construir la hidroeléctrica de El Quimbo, en el Huila, será necesario inundar un área mayor que el tamaño de Pereira. La obra, según sus opositores, se construirá a costa de diversas alteraciones y cambios sociales, ambientales, económicos y culturales, a seis municipios: Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol; cubriendo un total de 8.586 hectáreas que serían inundadas. Como si fuera poco, el río Magdalena -principal corriente hídrica del país-, tendrá que ser desviado.

La hidroeléctrica El Quimbo está siendo construida por multinacional española-chilena Endesa, a través de su filial Emgesa en el Huila.

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Bahía Solano: pobladores defienden a la multinacional maderera

Por: Carolina Franco

En el corazón de la selva tropical, surge un caserío rodeado de las más invaluables riquezas colombianas. Para llegar hasta allí, es necesario recorrer el río Cascadas, que da origen a pozos cristalinos y al río Chadó, llegando finalmente al Océano Pacífico. Bahía Solano en el Chocó, es uno de los 34 pulmones del planeta y allí se está desarrollando el megaproyecto maderero de la multinacional canadiense Prima Colombia Hardwood – REM Forest Products. La empresa pretende explotar cinco millones de metros cúbicos de madera durante 15 años; la extensión de selva a talar son alrededor de unas 200.000 hectáreas.

Caserío de Bahía Solano, municipio con aproximadamente 9 mil habitantes.

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Rumores y supuestos es la situación ambiental de Santa Rosa

Santa Rosa de Cabal es un municipio turístico de Risaralda, caracterizado por su riqueza ambiental e hídrica. Hoy se encuentra en peligro de perder gran parte de estos recursos, pues temas como el de la minería no se están tomando en serio. Desinformación.

Por: Julián Andrés Grisales Vásquez (julyan022@hotmail.com)

Juan Camilo Aguirre Garzón (jcas001@hotmail.com)

En la actualidad Santa Rosa de Cabal cuenta con dos zonas de explotación o exploración minera. Una en la vereda El Español -límites entre Marsella, Chinchiná y Santa Rosa- y la otra en reserva Campo Alegre, las cuales llevan tres años en supuesta exploración.

Una de las habitantes de El Español dice “están buscando un mineral más caro que el oro”. Según el contrato de la concesión se pretende buscar, oro, plata, cobre, zinc, plomo, platino, molibdeno y sus concentrados, pero llegado el caso que se encontrara un elemento no incluido en el listado, solo es solicitar el permiso de explotación y se otorgará dicha concesión.

Las concesiones que se han otorgado son un tanto confusas, pues incluso las personas de estos lugares no tienen claridad de quienes son las empresas encargadas de dicha “explotación”. Están ubicadas en El Español, por donde pasa el río San Francisco, y en la reserva municipal Campo Alegre, por la cual corren los ríos Campo Alegrito y Campo Alegre, sistema hídrico que abastece a más de 600 mil personas de los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, Chinchiná y Palestina,.

Las actividades mineras implican un importante cambio en el balance entre la filtración del agua en las cuencas, y la cantidad en milímetros cúbicos de aguas lluvias que se recoge, debido a esto se produce una modificación del suelo y también de su vegetación, lo cual trae como consecuencia la erosión de la tierra a gran escala. Pero esto no es todo, el agua de sus cuencas, recorrido superficial y subterráneo, también se contamina, debido a que la explotación minera implica el uso de químicos como lo son el cianuro y el mercurio, en el caso del oro -comenta Angela Fernández, ingeniera ambiental.

En el municipio se ha dicho que en El Español se está explotando, pero la comunidad sigue sin saber quién lo maneja, cómo lo están haciendo y cuánto llevan en este lugar, ya que algunos de los habitantes de este sector rural no saben que esto ocurre. Sin embargo, ha sido un tema que ha generado muchos rumores entre los líderes de la zona urbana del municipio.

Tanta ha sido la incertidumbre respecto al tema, que hasta el candidato a la gobernación Sigifredo Salazar, está en contra de que este sector se “explote” y lo manifestó en un acto de su campaña, cuando pasó por Santa Rosa de Cabal. Así mismo, en un cabildo abierto desarrollado en el Concejo municipal, el concejal Jorge Calderón y el líder sindical Dober Hoyos realizaron una denuncia sobre supuesta “explotación minera en El Español”.

Según informaron los medios regionales, el congresista César Franco, quien pertenece a la Comisión quinta del Senado, encargada entre otras cosas de la minería, señaló en un acto oficial que “hoy se vienen desarrollando explotaciones mineras a cielo abierto en todo el país, se vienen denunciando fuertes irregularidades que provienen desde las mismas Corporaciones Autónomas en el otorgamiento de licencias de explotación, y  hoy tenemos una denuncia que vienen haciendo los santarrosanos, de una explotación minera en el corregimiento del El Español”. Sin embargo, al ser abordado para ampliar esta información, el congresista afirmó que apenas anda en proceso de recolección de datos sobre este tema.

La defensa

La minería en el sector de El Español es legal, puesto que todos los permisos dados por Ingeominas y la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) están en regla, dejando que la empresa IGTER S.A (Ingeniería y Gestión del Territorio), anterior dueña de la concesión, la cual tiene una duración de 30 años, cediera el 100% de ella por el valor de treinta y un millones setecientos sesenta mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($31.760.889) a la compañía Sociedad Soratama. Tanto IGTER S.A como Soratama pertenecen a una misma multinacional: Antioquia Gold.

Los permisos otorgados por la Carder son para el uso de las aguas del río San Francisco, del cual se les permite derivar un caudal de 1,45 litros por segundo, para la fase de exploración en la concesión minera, en los predios El Salado y La Unión.

“Esto es algo que no está oculto a nadie” afirmó el capataz de una de las exploraciones mineras en el sector, también se le preguntó por el nombre de las empresa propietarias, pero este evadió su repuesta al decir que eran empresas de Medellín, mientras que uno de los trabajadores en la exploración número cinco, comentó “Soratama y Mello, son las empresas que están aquí”.

“En las riberas del río tienen ubicadas tres plataformas para hacer uso de la concesión del agua, estas suben el agua por una manguera que conduce hasta otra moto bomba, y así mismo es conducida a una tercera motobomba, que nutre el taladro de la exploración número cinco. Lo que no se sabe es que se hace con esta agua ya que no regresa a su río”,  afirma Juliana Álvarez*.

En el caso de la reserva municipal Campo Alegre, se está debatiendo en el Concejo municipal si se accede a una re categorización o no, ya que con la ley actual, los únicos lugares que no se pueden recurrir a la minería son los Parques Nacionales y Parques Regionales.

Otros problemas ambientales

No solo la minería causa dolores de cabeza a los protectores del medio ambiente, pues a ello se le suman la deforestación acelerada para la siembra de pasto y manutención de bovinos, a una altura de 3.200 metros, a pesar de ser nivel recomendado para bosque andino. Otro asunto es la construcción de una carretera por parte de la Gobernación, que además de facilitar un acceso más rápido, también impulsa la cacería indiscriminada de animales.

De otra parte, en los últimos años se ha logrado evidenciar cómo en Santa Rosa de Cabal sus cuencas hidrográficas se pretenden usar y contaminar de alguna manera. Un ejemplo fue la suspensión de la planta de quema de residuos hospitalarios, que se planeaba instalar al lado del río San Eugenio, la que llevó a que el hospital quemara los residuos en sus instalaciones.

Según uno de los habitantes del sector de El Español, el monocultivo de tomate también está generando problemas, ya que al fumigarse con fuertes químicos, lo que se hace es que la tierra pueda erosionarse más rápido causando así que la polilla esté volando a los cafetales, y produzca grandes pérdidas en las cosechas.

A su vez Smurfit Kappa Cartón Colombia S.A se ha ido apoderando de las cuencas de varios ríos y de muchos terrenos, en donde siembran para explotación maderera, cosa que debilita mucho los suelos y seca las cuencas hídricas.

“Cerca de las cuencas no se pueden tener construcciones, ni tampoco tener monocultivos de pinos, ciprés o eucaliptos. Algunas empresas de cartón y papel no conocen, no saben y en ocasiones ni respetan esto, puesto que lo que hacen es avanzar con sus monocultivos de árboles y demás. Este es otro problema que no genera la explotación de la tierra a nivel de metales, sino de la tierra y sus minerales para producir maderas en una forma descabellada y descarada”, afirma Carlos Mario López, ambientalista de Santa Rosa de Cabal.

Las cuencas de los ríos San Eugenio, San Ramón y otras que tiene el municipio, se están reforestando con el apoyo de “grupos ambientalistas”, pero los árboles que se siembran son pinos y eucaliptos, caracterizados por ser madereros. Esto conlleva a que la recuperación de las cuencas hídricas no se haga como es debido, con árboles nativos (bosque andino) o siembra para alimentación.

Este tipo de árboles deja más propensa la tierra a la erosión y con ello lleva a que se puedan secar estos afluentes. No solo dejaría sin agua a más de seiscientos mil (600.000) habitantes de cinco municipios, sino también sin electricidad a gran parte del departamento de Caldas y una parte de Risaralda,  ya que los ríos San Francisco, San Eugenio, Campo Alegre, Campo Alegrito y Chinchiná, además de la quebrada La Estrella, son abastecedores de la reserva eléctrica La Esmeralda perteneciente a la CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas).

Ya queda en manos del pueblo santarrosano el decidir qué hacer con los posibles daños que se pueden presentar en un futuro no muy lejano, ya que como dice el presidente Santos, “la locomotora de la minería avanza muy rápido”.

*Nombre cambiado para reservar su identidad

Agua clorada no es agua potable

El mayor porcentaje de agua consumida en la zona rural de Pereira no es potable pues cuenta con sólo una de las cinco fases para la potabilización.

Por: Luis A. Candela Gómez

lucho.gomezz@hotmail.com

“El 70 por ciento del agua en Pereira no es potable en la zona rural. Sólo pasa por el proceso de clorificación, y el cloro no es un indicador total de que el agua sea potable”, asegura Fabio Salazar Villada, técnico administrativo de la Secretaría de Desarrollo Rural. El departamento de Risaralda cuenta con 55 acueductos encargados de brindar agua para consumo humano, de los cuales sólo el de Aguas & Aguas de Pereira la empresa encargada de brindar dicho servicio al área metropolitana, mientras que 54 de ellos rigen el área rural.

El agua, para ser potable, requiere un proceso que consta de cinco fases: floculación, coagulación, sedimentación, filtración y desinfección, también conocida ésta última como clorificación. Este proceso debe ser garantizado por la empresa prestadora del servicio.

Únicamente los acueductos rurales de Tribunas – Córcega, Acuacombia en Combia baja, Cestillal – El Diamante en el corregimiento de Altagracia, y Mundo Nuevo, son acueductos que cuentan un proceso adecuando y una estructura interna organizada, con propia planta, bocatoma, sistema de facturación, empleados y requerimientos legales, según Oscar Fernando Gómez, Gerente de la Empresa de Servicios de Acueducto (E.S.A) del corregimiento de Tribunas – Córcega y quien a su vez se desempeña como presidente de la Federación de Acueductos Agua Potable y Saneamiento Básico de Risaralda (Facoris).

Por su parte el acueducto de Tribunas – Córcega ha evolucionado satisfactoriamente, al punto de convertirse en una empresa triple A (Acueducto, Aseo y Alcantarillado), brindando un buen servicio a sus usuarios, según su presidente Oscar Fernando Gómez.

Los habitantes de éste corregimiento, como el caso de Jhon Deiber Martínez, quien se desempeña como administrador del bar Rincón de los Recuerdos, aseguran que la calidad del agua es muy buena, cristalina y brinda confianza para consumirla, y además que nunca ha escuchado comentarios sobre que algún habitante se haya enfermado por consumir agua del acueducto, “hasta yo mismo la tomo así cruda y nunca me ha pasado nada”.

Oscar Fernando Gómez, como presidente de Facoris, afirma que no existe una sola figura que maneje a todos los acueductos rurales del municipio, puesto que cada una de estas “empresas” se maneja independientemente. Sin embargo, la Alcaldía, por medio de sus diferentes secretarías, se encarga de que cada una de estas empresas brinde a sus usuarios un buen servicio de acueducto y alcantarillado.

El apoyo de las secretarías

La Alcaldía de Pereira es el eje encargado de garantizar el buen servicio de los acueductos rurales a través de tres secretarías, las cuales brindan el apoyo necesario para cada uno de las diferentes “empresas” prestadoras de servicio.

A través de recursos del municipio se brinda apoyo a 37 de los 54 acueductos rurales por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), los cuales deben poseen como mínimo una caseta de cloración donde se realiza el primer proceso para la purificación del agua. Es por esto que a 17 del total de los acueductos no se les brinda ayuda en cuanto al cloro, puesto que no poseen la suficiente infraestructura mínima requerida.

Por otro lado la Secretaría de Salud, por medio de Agua y Saneamiento, son los encargados de vigilar la calidad de la prestación del servicio de agua de acuerdo al decreto 1575 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, quienes se encuentran además encabezados por el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Salud, el departamento de Risaralda y la red de laboratorios de Salud Pública, como la secretaría encargada de brindar asistencia técnica realizando muestras de agua dentro de la red de distribución.

Pero de acuerdo al mismo decreto, los usuarios son los responsables de la red interna que se tiene en sus hogares: tanque de almacenamiento, los grifos, el lavado, etc., según Jhon Jairo Quiceno, miembro de la Secretaría de Salud de Risaralda. “Los interesados en conocer los resultados de la calidad del agua son las empresas prestadoras de servicio. A ellos se les entrega una copia, y la Secretaría de Salud se queda con otra. En caso de que los riesgos sean altos, de acuerdo a los niveles de calidad se envía una copia al departamento, al alcalde, y a SDR quienes son los encargados de suministrar el cloro”, termina Quiceno.

Fallas en acueductos

A pocos kilómetros de Tribunas– Córcega, el acueducto de Caracol-El Rocío, presenta fallas en su sistema administrativo y una cartera morosa de 14 millones de pesos. Según su presidenta Janeth Murielya no se han capacitado al usuario sobre el pago del consumo de agua, estancando la realización de proyectos. “La política de la gente es que como el acueducto es comunitario, pagan cuando les da la gana”, asegura Muriel.

Pero a pesar de las dificultades de cartera morosa en el acueducto Caracol-El Rocío, la Secretaría de Salud se hace presente realizando las respectivas muestras de calidad que garantizan el buen servicio del agua, y si es apta para el consumo humano. Sin embargo, Muriel cree que se debe consultar a otra entidad, o laboratorio externo a la Secretaría de Salud para que también realice muestras y garantice que el agua es apta para su consumo, dado el caso que el balance que se obtenga por medio de la Secretaría resulte negativo.

Caracol – El Rocío hace parte de los 37 acueductos rurales a los cuales la Secretaría de Desarrollo Rural brinda apoyo en cuanto al cloro, pero este se llega a demorar hasta tres meses y no se cuenta con la debida planta de tratamiento que escasamente tiene una caseta de cloración.

Además de todo el agua es racionada y funciona sectorizada por 12 horas al día en distintos horarios, puesto que desde hace más de 20 años cuando se construyó el acueducto, se empleó tubería de cuatro pulgadas, cuando debió ser seis pulgadas para garantizar un servicio constante. “Pero a pesar de eso la gente ya está acostumbrada a recoger agua”, según Rubén Darío Bedoya, líder comunitario del barrio El Rocío alto.

Consumir agua clorada sin llevar un debido proceso de desinfección, según Álvaro Mondragón Cardona, Presidente de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia (Ascemcol), se tiene el riesgo de contraer enfermedades como hepatitis A, toxoplasmosis, cólera, giardiasis, además de infecciones por S

cherichia coli, rotavirus y Helycobacter pilory. Todas asociadas al consumo de agua clorada, o con agentes tóxicos que disminuyen su calidad.

La tabla anterior permite evidenciar los prestadores que presentan problemáticas asociadas a la calidad del agua destinada para consumo humano, y que pueden afectar la salud de sus suscriptores y usuarios. La calidad del agua depende de muchas variables, y por ello la articulación entre los prestadores del servicio de acueducto en zona rural y las entidades con competencia en el tema, debe estrecharse y consolidarse en el tiempo.

Proyectos

Diferentes acueductos rurales, como Asuacoflor, en el corregimiento de La Florida, de igual manera brinda a sus habitantes agua clorada, porque no tienen planta de tratamiento, sin embargo como entidad sin ánimo de lucro presentaron ante la Gobernación de Risaralda su proyecto para la construcción de la planta por un valor cercano a los 85 millones de pesos, la cual fue aprobada por el gobernador. Sin embargo no se ha empezado su elaboración, porque actualmente los predios donde se espera concretar dicho proyecto están en proceso de sucesión, aplazando así el comienzo de dicha obra que beneficiará a 184 familias suscriptoras a la empresa de servicios públicos. Habitantes del sector, como Nelcy Ramírez Guevara, comentan que la calidad del agua en La Florida es buena, excepto cuando llueve, puesto que el pantano corre hacia las tuberías haciendo que el agua para consumo de sus habitantes salga oscura.

Según Oscar Mauricio Marulanda, ingeniero ambiental de la Secretaría de Planeación, agua potable es un término bastante complejo, pues ésta requiere de un proceso de cinco fases que sólo se cumple en las grandes empresas prestadoras de servicios, mientras que en los pequeños acueductos no.“Cuando hablo de agua desinfectada es que solo tienen un tratamiento primario donde se agrega el cloro. Esas empresas únicamente desinfectan el agua, mas no la potabilizan”, afirma Marulanda.

La Secretaria de Planeación, articulada a la Unidad de Gestión Ambiental y de Servicios Públicos, en el área de los acueductos rurales, son las encargadas de brindar a las empresas prestadoras de servicios la plataforma técnica y administrativa requerida, con el fin de que operen su funcionamiento de la mejor manera, con cobertura, calidad y continuidad; además de velar el impacto ambiental generado en las bocatomas con el fin de brindar agua de calidad a los habitantes. Unidos con el Plan Departamental de Aguas (PDA) y la Secretaría de Salud, se encargan de vigilar a los usuarios en cuanto a cómo es el servicio que brindan las empresas y qué infraestructura tienen.

Actualmente la Alcaldía promueve la unificación de acueductos rurales, para que así estas pequeñas empresas se consoliden y puedan brindar a sus usuarios un mejor servicio.

Según Oscar Fernando Gómez, lo más viable para que los demás acueductos rurales puedan mejorar de alguna manera sus condiciones económicas y de prestación de servicios, sería que se agruparan a otros acueductos para que así fuesen autosuficientes y de esta manera prestar un buen servicio en el área rural.

Creo que en su debido momento las empresas que no estén realizando sus operaciones de la mejor manera, serán intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos”, dice Gómez.

Pero a pesar de ello, es un proceso que no es fácil y se torna dispendioso, debido a que muchos habitantes se niegan a tener un medidor de agua en sus hogares para evitar más gastos, pero aún así, sí se puede lograr.

Porce II, un río de controversias

Por: Jennifer Castaño González

jennytennis_14@hotmail.com


En el año 1990 se propuso un plan de expansión eléctrica en Colombia, donde se evaluaron posibles proyectos de desarrollo hidroeléctrico para el país. El único que fue propuesto para Antioquia fue Porce II, una planta hidroeléctrica que supliría la demanda  eléctrica del sistema de las Empresas Públicas de Medellín y del sistema nacional interconectado

La central Porce II está compuesta de un embalse con una capacidad total de 149,37 millones de metros cúbicos, su mayor fuente de alimentación es el río Porce, el cual nace en el Alto de Minas, al sur de Medellín. La central se ubicación es de 120 kilómetros al nordeste de Antioquia, en la vía que conduce a las poblaciones de Amalfi y Anorí.

Para la realización de  este proyecto “consideramos por primera vez la posibilidad de incluir un estudio arqueológico en el área de influencia del mismo con el fin de determinar la existencia de vestigios arqueológicos y establecer así el posible impacto que las obras podrían causar en bienes materiales, considerados patrimonio histórico y cultural de la nación”, afirmó Dahiana Giraldo, ingeniera ambiental, encargada de las gestiones ambientales en EPM.

Alcances del estudio arqueológico

La empresa que conducía al desarrollo del sector eléctrico colombiano (ISA), intentó anexar dentro del proyecto la valoración del impacto arqueológico dentro de los aspectos a considerar en la gestión ambiental del sector eléctrico. ISA pretendía incluir una política a favor de la protección ambiental y arqueológica del sector en el que se iba a construir la central, sin embargo no existía un régimen estatal sobre las estrategias de amparo del patrimonio, en proyectos de desarrollo de infraestructura. Queda a salvo los derechos de la nación sobre los monumentos históricos, objetos y cosas de interés arqueológico, según la ley 164 del año 1959.

Para Juan Guillermo Restrepo, ingeniero ambiental de Ingeominas, EPM debía evaluar la pérdida del patrimonio arqueológico, realizando un estudio en el área de Porce II en el que debían determinar el impacto, cuáles iban a ser sus alcances, quién debería responder por la pérdida del patrimonio nacional, entre otros aspectos que eran indispensables calcular a la hora de desarrollar el proyecto hidroeléctrico.

Como resultado del análisis a la zona del proyecto en el que participaron funcionarios de EPM, abogados, especialistas en gestión ambiental y antropólogos de la universidad de Antioquia, la empresa se comprometió en diseñar una estrategia para prevenir, evitar, mitigar el impacto y lograr proteger el patrimonio Arqueológico en Porce II

“Desarrollar el estudio entonces pretendía superar una visión localista o de lugar y aprender a administrar y utilizar los recursos a los que se tenían acceso”, expone Juan Guillermo. Lo que se pretendía  lograr con los estudios arqueológicos aparte de tener la certeza de no estar perjudicando el patrimonio nacional, era también usar esos recursos y generar una producción de ellos para beneficios de la central.

Mediante el análisis arqueológico de los lugares y del material hallado en ellos, se deduce que en el siglo XVI la región fue habitada por diversas comunidades, desde las que vivían de la caza y la recolección de recursos de los bosques hasta sociedades más avanzadas que se suplían de la agricultura y el oro que extraían del río Porce.

Desarrollo de la central

A causa de la cobertura vegetal que se generaba por el crecimiento de las aguas represadas, se pretendía buscar un método confiable para identificar los sitios que tenían la remota posibilidad de hacer hallazgos, así que sometieron el terreno a prueba, lo que permitió conocer los lugares donde hubo actividad humana en el pasado precolombino. Luego de realizar este análisis profundo, se dio paso a la construcción de la central, y se inició la obra, que había sido sometida a estudios arqueológicos y antropológicos.

Se estipularon tres meses para el trabajo de campo y los hallazgos, pero estos meses fueron insuficientes, porque no había casi vías de acceso, no se tuvieron en cuenta los 120 kilómetros cuadrados de área, la exuberancia de la vegetación y la falta de puentes sobre el río. EPM para este tiempo ya tenía comprado más del 90% de los terrenos de la zona y se había dejado su uso agropecuario tradicional.

“Los trabajadores que vivían de las minas de oro, la pesca y demás actividades  cercanas la central pedían una indemnización o un empleo, para tener la certeza de que no se quedarían desempleados y sin dinero con que subsistir”, afirma Mássimo Milone, habitante de Amalfi y quien comenta que la central además de suplir la demanda eléctrica es una fuente de contaminación y dolores de cabeza para muchos, ya que el río Porce por sus aguas represadas suele contaminarse mucho y producir enfermedades en los sujetos que viven en los municipios cercanos.

Según la ingeniera Giraldo, “cuando los trabajadores de las minas de oro, los pescadores, y agricultores se enteraron que EPM estaba indemnizando a los obreros o los estaba vinculando al proyecto de Porce II, para suplir esa pérdida, muchos que no vivían cerca a la represa o que no vivían de esto, se fueron a instalar allá con sus familia sólo para recibir un beneficio que no les correspondía”.

Los obreros buscaban beneficios en la construcción de la nueva central, así que las EPM luego de realizar un estudio, habló con la gente y llegaron a diversos acuerdos, sin embargo esos acuerdos se ensamblaron sobre los datos que recogió EPM, que no eran totalmente reales. La falta de conocimiento por parte de los mineros sobre lo que se iba a construir en esa zona generó un fuerte problema de orden público

“Asesinaban  gente y nadie tenía datos precisos de quién o porque había sido. Para esta época comenzaron a llegar personas que decían trabajar para EPM a tomarles entrevistas a los mineros, a lo que los mineros tenían total desconfianza por los hechos que se venían presentando. Cómo consecuencia de la falta de información muchas personas fueron desalojadas de sus tierras sin recibir nada a cambio, porque debido a que no se dio un consentimiento informado a toda la comunidad no aparecían en la base de datos EPM”, expresa Giraldo.

Debido al conflicto que se generó en el proyecto Porce II, la minería con dragueros, barequeros y hasta las retroexcavadoras se estancó, ya que culturalmente se tenían periodos de trabajo según el clima, pero con la hidroeléctrica se complicaba el trabajo de los obreros, porque se presentaban subidas inoportunas de agua que es generada por la represa en su proceso de producción de energía. Anteriormente, el invierno  servía para utilizar las herramientas fabricadas en verano, todo ese cronograma se acabó con la hidroeléctrica, apunta George Antía, ingeniero ambiental.

Pero según la ingeniera Giraldo otra causa fueron las enfermedades endémicas: “es natural que a una comunidad que es relativamente pequeña, lleguen obreros de afuera, muchos con enfermedades ajenas a la región y luego se quedan allí, Esta es una región tropical que presenta enfermedades graves como la malaria”.

Desde ya, están previstos los beneficios ya con la experiencia de Porce II, se tendrán muy en cuenta cada uno de los errores anteriores para no recaer en ellos, se mejoraran las condiciones de vida, los ingresos, la salud, se informará bien sobre el proyecto. En la operación a proyectos futuros, esperamos cumplir con las expectativas de los ciudadanos, tenemos que mejorar en relación con el proyecto Porce II, para lograr así unos mejores escenarios y unos mayores beneficios para las familias impactadas. Al comienzo del proyecto (Porce ll), EPM tuvo que lidiar con los grupos armado, ubicados por los alrededores la central, “No se tuvo un contacto directo, aunque hubo momentos en que hubo presencia en muchas de las reuniones de consentimiento informado y en varios procesos de información, consulta y concertación, la relación de EPM se hacía directamente con las comunidades impactadas, la parte elemental fue la transparencia y el cumplimiento, dado que si EPM cumplía los grupos armados no tenían por qué alarmarse por nada y mucho menos si sabían lo que se pretendía realizar en este terreno”, manifiesta Giraldo.

El ingeniero Antía  dice: “es una de las formas más antiecológicas que existen en el mundo, ya que el represamiento de un río forja cambios bruscos en el ecosistema, cambia la vida, el clima,  y la rutina de muchos animales”. Los impactos ambientales, arqueológicos y sociales que ha generado la central han sido muy notables mostrando que la central ha sido  parte de una fuente de energía, de enfermedades, y de deterioro al medio ambiente.

Lo anterior concreta los conflictos que se generaron alrededor de una central hidroeléctrica que buscaba el beneficio de una sociedad impactada, pero que sin embargo pesó más el daño ambiental y social que se generó durante su proceso de construcción y después de él, que los beneficios que pudiera brindar a un país.