El Quimbo inundará seis municipios del Huila

Por: Ángela Bonilla

Para construir la hidroeléctrica de El Quimbo, en el Huila, será necesario inundar un área mayor que el tamaño de Pereira. La obra, según sus opositores, se construirá a costa de diversas alteraciones y cambios sociales, ambientales, económicos y culturales, a seis municipios: Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol; cubriendo un total de 8.586 hectáreas que serían inundadas. Como si fuera poco, el río Magdalena -principal corriente hídrica del país-, tendrá que ser desviado.

La hidroeléctrica El Quimbo está siendo construida por multinacional española-chilena Endesa, a través de su filial Emgesa en el Huila.

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Camino a la resistencia en la Comuna 13

La comuna 13 de Medellín, a partir de la Operación Orión, se ha enfrentado a la estigmatización creada por los medio de comunicación, los cuales se han encargado de hacer énfasis en los contados sucesos que opacan las actividades positivas del lugar y aunque no se quiera negar la presencia de los enfrentamientos.


Daniela Sthephania Castaño Lasso.

lalocadelaoscuridad@hotmail.com

 Jennifer Andrea Vasco.

yeni008@hotmail.com

 “¿Que han oído de la 13? ¿Qué es el barrio más caliente?

Mucha publicidad, nos visitó hasta el presidente
Las casitas de bla bla  son llamadas invasión
El barrio cambió su nombre por operación Orión
                                                                                     
¿Que recuerdan de la 13? Plomo de arriba pa´ bajo
No recuerdan a su gente ni el dolor que eso les trajo
Pero claro! no hablan si no las cosas malas
En vez de mostrar artistas muestran cocas de las  balas
No reflejan las virtudes de la gente emprendedora
Publican mejor humor, entrevistan madres que lloran
No es lo que uno quiere ver es solamente lo que le muestran!”

Estas estrofas, hace parte de la canción “Esta es la 13” del  grupo Esk-lones  pertenecientes a la Comuna 13, la cual no siempre ha sido un territorio peligroso. Hace  aproximadamente un siglo se vivían de la agricultura, la alfarería y las mujeres del barrio eran lavanderas. La historia acá es muy linda, pese a las dificultades de la gente. Por ejemplo era espectacular el entrar en la ribera y escuchar los cantos de las lavanderas  que se ocupaban de lavar  la ropa de los sectores pudientes, pues lo hacían cantando,”,cuenta  Marco*, de la corporación Corapás.

Más adelante, en la década del 50 comenzaron a producirse asentamientos por la venta de lotes de manera ilegal. Entre 1978 y 1980 se dio el más grande poblamiento en el sector, e fue nombrado como la más grande invasión de latinoamérica por ser espontánea y heterogénea. Aunque este poblamiento fue ilegal y no fue aceptado por el gobierno, encierra una gran historia de fuerza y persistencia por parte de  los pobladores, los cuales eran ciudadanos pobres que buscaban un hogar que el gobierno no les brindaba. En esa lucha las mujeres se hacen protagonistas: “Son las primeras en conformar comités de vecinas para hacer todo ese trabajo de mejoramiento y  adecuación, casi todas hicieron caminos porque era un lodazal, había que subir  y ¿cómo subir? Entonces ellas construyeron caminos a punta de empanadas. Un trabajo muy invisible que cuando usted habla de la comuna 13, no se nombra”, dice Amparo Sánchez de Corporación Región.

Corredor estratégico

Debido a su ubicación geográfica, la comuna, que limita con Alta vista, San Cristóbal y San Antonio de Prado, corregimientos de Medellín, es corredor directo hacia la zona de occidente, lo que la convierte en un punto  estratégico  para  el transporte de armas y de estupefacientes, además de su cercanía con Santa Fe de Antioquia, donde se encuentra la ruta de occidente, tan importante que se ha convertido en una pelea entre distintos grupos armados.

Actualmente la comuna 13  es considerada  una de las zonas más violentas del país. Según estadísticas obtenidas mediante un análisis ralizado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflicto en Antioquia del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Entre enero del 2009 y febrero de 2011, en Medellín han perdido la vida de manera violenta 1.982 jóvenes, de los cuales cerca del 30% se efectuaron en la comuna.

Homicidios y actos delincuenciales ocurren en todos lados, pero los medios de comunicación se han encargado de marcar la comuna 13 como un lugar de guerra, dejando a un lado los hechos valiosos y las personas que realmente la conforman. Recurrentemente se muestran acciones, como la  operación Orión y Operación Mariscal, junto con los estragos  que estas causaron. La comuna 13 tiene 134.000 habitantes y realmente los grupos armados de los sectores en conflicto, no representa el 1 por ciento de la comuna 13, son pequeños focos, pequeños sectores armados que generan ruido. Los medios de comunicación también han contribuido a que esa imagen sea la que se esté vendiendo hacia el país y el mundo”,  cuenta  Marco.

Otra cara, otras voces

Las fundaciones, aunque no nacieron a raíz del conflicto, tienen gran importancia ya que han hecho, como ellos lo dicen, “firmeza a la violencia”  que los fue envolviendo. Y aunque no se niega la existencia de los enfrentamientos que afectan al lugar, tampoco es algo tan alarmante como se muestra en los medios.

Un lugar seguro para llegar es Corapás, fundación que nació en el año 2000, con el interés  de los líderes por unir las organizaciones barriales, juntando los grupos juveniles, la tercera edad, madres comunitarias y la realización de un canal de televisión, para que los jóvenes realicen programas sociales. ”Hemos hecho una resistencia al conflicto porque a pesar de las dificultades nosotros mantenemos este espacio abierto,  en la comuna. Pienso que hemos hecho un trabajo muy bonito al lograr que la gente venga acá y se beneficie”, cuenta Dairo Giraldo, director de la Corporación.

Milton*, habitante de la comuna, resalta que lo bueno de la zona son las construcciones: la cancha sintética, un colegio, el Palacio de Justicia y varias bases militares que son el refugio de los paramilitares, pues afirma que quienes dicen que “eso está bueno” son los que están con los paramilitares. Califica como “podrida” la situación y cree que hasta que no haya una intervención por parte de las autoridades para cortar la corrupción esto no cambiará. Cree que las fundaciones que trabajan allí no funcionan, pues lo que los jóvenes necesitan es trabajo y talleres. “No basta con una capacitación de cada ocho días ¿Qué hacen el resto de semana? Andar la calle para arriba y abajo, mirando a quién pueden robar”.

Las personas que viven en Medellín, por fuera de la comuna como Adriana Buriticá, están de acuerdo en que muchas de las cosas que de allí se dicen son una exageración: “de que hay peligro hay peligro, es en ciertos lugares donde hay que tener cuidado… pero a la comuna 13 se puede entrar y salir tranquilamente”

Este pensamiento  es refutado por Juan Pablo Monsalve, un joven presidente de la junta de acción comunal Villa Laura. “Nosotros como medellinenses nos hemos encargado de que la 13 ya sea una marca violenta, los propios habitantes se han encargado de vender la imagen que ahora posee la comuna”.Juan Pablo tiene la certeza de que si cada habitante se apropia del lugar donde vive, esa imagen cambia, pues considera que están sufriendo lo mismo que sufrió Medellín en los 80 y 90, a diferencia de que la atención está concentrada solo en la comuna, la cual quedó marcada luego de los cinco días de conflicto de la operación Orión. Hecho que los medios se  han encargado de  vender  a Colombia y al mundo, opina Juan.

En la comuna 13 no viven solo ladrones y sicarios, como se cree, de allí son grandes personalidades como la madre de Pacho Maturana, el ex futbolista y  director técnico del futbol colombiano, que llegó desde Chocó al   barrio El Coco. La señora Hilda es un ejemplo de las familias de la comuna que supo conducir a su familia adelante, sacando arena del río para criar a sus hijos y recoger el dinero con el que  compró una casa en este barrio. También hace parte de la comuna Fernandito  Pavón, artista reconocido por su música tropical,  ex cantante del grupo musical “El combo de las estrellas”.

La comuna  13 tiene mucho movimiento artístico, cultural y de organización social para mostrar. Ejercicios de resistencia, como el movimiento hip-hop, grupos como la élite y Esk-lones, grupos de expresión no violentos que promueven un cambio en la comuna. Existen hechos para resaltar que aun se encuentran escondidas detrás noticias sensacionalistas. Existe Son Batá, el cual integra a más de 150 jóvenes divididos en grupo de chirimías, bandas musicales y folclor, gente que quiere demostrar el cambio

Desde la comuna 13 se están promoviendo cambios para desvirtuar las noticias que se difunden. Desde los proyectos de comunicación se vienen construyendo semilleros que agrupan a más de 100 jóvenes, con ocho redes y cinco organizaciones de segundo nivel que hacen un gran entramado social y que buscan a través del plan de desarrollo social formar las buenas condiciones del territorio. Marcoafirma: ”les estamos cambiando esa idea de las armas por las cámaras, por proyectos audiovisuales, por la crónica escrita o radial para que tengan otras posibilidades de expresión y de plantear el territorio en el que viven, con proyección hacia Colombia y el mundo.”

*Los nombres se cambiaron por petición de las fuentes.

Indígenas de Pueblo Rico siguen sin respuestas

Situación de desplazamiento, violación de derechos humanos, poca atención del gobierno municipal y condiciones de vida deplorables, son los reclamos de los representantes indígenas. Autoridades no tienen respuestas o reclaman por la falta de veracidad de las acusaciones.

 

Por: Karla Agudelo Urquijo

César  Augusto Osorno Franco

Kr_la_1@hotmail.com

c3sar_a@hotmail.com

“El problema es que somos fuente y somos medio”, así lo manifiesta Hernando González, Gobernador indígena de Pueblo Rico, municipio del departamento de Risaralda, quien asume el rol de ser el responsable de velar por las comunidades indígenas y sobre los problemas actuales de los resguardos con las  entidades del gobierno.

Marcan las tres de la tarde, los medios de comunicación, los representantes del gobierno y presuntos participantes entran y salen del pequeño salón donde se realiza otra reunión. Los líderes de resguardos indígenas reclamarán, después de varios intentos, una vez más por sus derechos. Esta vez no se conformarán con un no, o con un tal vez, por lo tanto denunciarán todos los actos de violencia que se ha han presentado durante los últimos años, mientras se sigue a la espera de una respuesta de la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.

En Risaralda es alto el número de casos en los cuales comunidades indígenas se encuentran en riesgo de ser despojadas de sus tierras y territorios, lo que evidencia serios conflictos que se relacionan con intereses de orden económico. El drama de desplazamiento, violencia, salud y educación en Risaralda no se detiene, decenas de familias siguen siendo expulsadas de sus territorios, especialmente en los municipios occidentales, por estructuras armadas que continúan actuando impunemente.

“Silenciar” es uno de los términos que más pronuncian los habitantes, ya que son víctimas del conflicto que se vive día a día y que ha trascendido hasta llegar a la muerte y desaparición de personas. “Acá en mi pueblo sí se han visto actos de violencia, porque hay varias bandas comunes que atracan a las personas, y además se han desaparecido varios individuos en la carretera del pueblo, cosa que nos afecta mucho, ya que el Ejército nos promete seguridad y lo que vemos es inseguridad”, afirma Fernando Chalarca, habitante de Pueblo Rico.

Los habitantes, en su mayoría, se sienten desprotegidos ya que las entidades que brindan  seguridad no cumplen el papel como debería ser. Estas esperan a pase un suceso mayor para poder tomar represalias sobre el asunto. Es así como el Coronel Álvaro Fernando Bocanegra, comandante del batallón San Mateo de la ciudad de Pereira, confronta que la situación de orden público en Pueblo Rico es segura desde hace tres años, además expresa que no ha habido ningún enfrentamiento del Ejército con grupos al margen de la ley en territorios del municipio desde el año 2008.

Rosalba Nakabera, indígena afectada por la violencia, ha decidido romper el silencio y contar sobre la desaparición de su esposo, ocurrida hace nueve años. “Él salió en el año 2002 de la vereda de Minitas a vender panela molida, yuca y plátano a Santa Cecilia para poder comprar el mercado. Él se subió en el bus de las 11 de la mañana y lo bajaron unos encapuchados. Cuando yo salí a buscarlo y a preguntar por él, me dijeron que si era el que vendía la panela, que a él se lo habían llevado… yo no hice el denuncio, me daba miedo”.

Como este caso son muchos, ya que por miedo se callan muchas voces que soportan la humillación y sufrimiento al perder a sus esposos, hijos y padres, como testifica Orlando Querangama,  líder indígena de la comunidad La Loma.

 

Actualmente el conflicto que viven los habitantes con los entes gubernamentales crece de manera drástica, poniendo un contexto en el cual se incrementa la demanda de violencia, conflicto de territorio y desplazamiento de grupos indígenas. De acuerdo con versiones de habitantes de Pueblo Rico y grupos indígenas, el gobierno sólo utiliza estrategias para evadir los temas que generan discordia, aplazando cada vez más las demandas que cada líder antepone para  que el conflicto tenga un fin.

“Debemos ser partícipes del desarrollo, mas no ver pasar el desarrollo”, dijo un poco alterado Jaime Mena Buenaños, alcalde de Pueblo Rico. “No nos sirve de nada, no colabora ni con un vaso de agua, solo piensa como todo político en su bienestar, mejor dicho, para él nosotros no somos nada”, dice Fernando Chalarca, habitante de Pueblo Rico.

Comunidades indígenas contra Alcaldía de Pueblo Rico

“No ha hecho nada, esta administración no ha hecho nada para el pueblo”, afirma José Alba García, habitante de Pueblo Rico y principal opositora del Alcalde Buenaños. Es así como muchas voces especifican que el Alcalde de Pueblo Rico, Jaime Mena, no se esmeró por proteger a sus habitantes, que lo único que realizó fue sacar mil disculpas para poder tapar los verdaderos actos de su administración. “Yo tengo un problema con unos indígenas desplazados de La Soledad, se le ha pedido el favor al señor Alcalde por medio de videos, como también a la Personera y no hacen nada, no colaboran para nada”, manifiesta García.

“Nosotros vinimos porque un volcán se derrumbó en mi casa y por eso nos vinimos a esta casita, y el Alcalde no nos ayudó ni un poco, el gobierno menos, y le decimos a Jaime que nos ayude y que más tarde, y por eso yo no subo por allá porque siempre me dejan sin nada”, asegura Raúl Charichy, afectado por la catástrofe natural.

 

Buenaños reitera que la situación en el municipio, con respecto a los indígenas, es un poquito más complicada en relación a las demás personas de la comunidad, no obstante, ellos al menos pueden recibir recursos que envía el Estado por el sistema general de participación. “La población campesina es pobre, las condiciones de vida son deprimentes, nosotros como Alcaldía los ayudamos en todo”.

En la reunión de Mesa de Organizaciones Sociales y Derechos Humanos, el Comité Regional Indígena (CRIR) presentó a las autoridades civiles, militares y otras entidades estatales, las siguientes consideraciones con el ánimo de aportar elementos a la discusión para implantar una estrategia que brinde condiciones de seguridad y garantía a defensores y defensoras, y a líderes sociales en el desarrollo del trabajo a favor de los derechos humanos en Risaralda.

“Llevamos más de 10 reuniones presentando los mismos casos de violencia, pero parece como si sólo vinieran a sentarse a escuchar y no poner cuidado a lo que necesitamos saber”, exclama Hernando Aguirre, representante ante el gobierno por los grupos indígenas.

 

Es un caos al escuchar todas las demandas que se presentan en Risaralda y más en la parte occidental, otra vez el gobierno no tiene explicación de los sucesos ocurridos en estos territorios. Aguirre lee con mayor cuidado todos los actos de violencia que se han presentado en los dos últimos años. En el lado izquierdo, donde están ubicadas todas las entidades del gobierno, se ve la incomodidad, ya que no tienen cómo responder a  dichas demandas. “Fuimos acusados hasta de corruptos”, es así como se expresa el Coronel Bocanegra al llegar al batallón San Mateo de Pereira.

“El gobierno lo único que hace es posponer las respuestas que pedimos con mayor respeto”, comenta Alberto Guazorna a su amigo Guillermo, integrante de la etnia indígena Embera Chamí.

Pasan cinco horas, con las mismas discordias, malentendidos, sugerencias y no se llega a ningún acuerdo. Es allí donde se escucha por primera vez la voz del Defensor del Pueblo Luis Carlos Leal, admitiendo que esta reunión una vez más ha sido desperdiciada, proponiendo así a los entes del gobierno y líderes de resguardos indígenas que se reunieran el 1 de junio, para así entablar por fin una solución a todas las problemáticas que se enunciaron.

El desplazamiento forzado y la violación a derechos humanos en el municipio de Pueblo Rico, se producen en un contexto de conflicto armado. La población, los indígenas y demás habitantes callan ante la problemática del entorno, como pasó en los años 80 con la llegada del M-19 al municipio. Esta guerrilla despojó y arruinó a miles de familias, trayendo disputas en territorios indígenas, obligándolos a huir a lugares desconocidos, es lo que dice el sociólogo Luis Adolfo Martínez en su libro “Conflicto, Desarrollo y Derecho a la Vida”.

Demandas, súplicas y  rezos es lo que hacen con mayor fervor los líderes de los resguardos afectados, dirigiéndose a los entes del gobierno, pero todo pareciera quedar en promesas, sin lograr alguna solución.

Agua clorada no es agua potable

El mayor porcentaje de agua consumida en la zona rural de Pereira no es potable pues cuenta con sólo una de las cinco fases para la potabilización.

Por: Luis A. Candela Gómez

lucho.gomezz@hotmail.com

“El 70 por ciento del agua en Pereira no es potable en la zona rural. Sólo pasa por el proceso de clorificación, y el cloro no es un indicador total de que el agua sea potable”, asegura Fabio Salazar Villada, técnico administrativo de la Secretaría de Desarrollo Rural. El departamento de Risaralda cuenta con 55 acueductos encargados de brindar agua para consumo humano, de los cuales sólo el de Aguas & Aguas de Pereira la empresa encargada de brindar dicho servicio al área metropolitana, mientras que 54 de ellos rigen el área rural.

El agua, para ser potable, requiere un proceso que consta de cinco fases: floculación, coagulación, sedimentación, filtración y desinfección, también conocida ésta última como clorificación. Este proceso debe ser garantizado por la empresa prestadora del servicio.

Únicamente los acueductos rurales de Tribunas – Córcega, Acuacombia en Combia baja, Cestillal – El Diamante en el corregimiento de Altagracia, y Mundo Nuevo, son acueductos que cuentan un proceso adecuando y una estructura interna organizada, con propia planta, bocatoma, sistema de facturación, empleados y requerimientos legales, según Oscar Fernando Gómez, Gerente de la Empresa de Servicios de Acueducto (E.S.A) del corregimiento de Tribunas – Córcega y quien a su vez se desempeña como presidente de la Federación de Acueductos Agua Potable y Saneamiento Básico de Risaralda (Facoris).

Por su parte el acueducto de Tribunas – Córcega ha evolucionado satisfactoriamente, al punto de convertirse en una empresa triple A (Acueducto, Aseo y Alcantarillado), brindando un buen servicio a sus usuarios, según su presidente Oscar Fernando Gómez.

Los habitantes de éste corregimiento, como el caso de Jhon Deiber Martínez, quien se desempeña como administrador del bar Rincón de los Recuerdos, aseguran que la calidad del agua es muy buena, cristalina y brinda confianza para consumirla, y además que nunca ha escuchado comentarios sobre que algún habitante se haya enfermado por consumir agua del acueducto, “hasta yo mismo la tomo así cruda y nunca me ha pasado nada”.

Oscar Fernando Gómez, como presidente de Facoris, afirma que no existe una sola figura que maneje a todos los acueductos rurales del municipio, puesto que cada una de estas “empresas” se maneja independientemente. Sin embargo, la Alcaldía, por medio de sus diferentes secretarías, se encarga de que cada una de estas empresas brinde a sus usuarios un buen servicio de acueducto y alcantarillado.

El apoyo de las secretarías

La Alcaldía de Pereira es el eje encargado de garantizar el buen servicio de los acueductos rurales a través de tres secretarías, las cuales brindan el apoyo necesario para cada uno de las diferentes “empresas” prestadoras de servicio.

A través de recursos del municipio se brinda apoyo a 37 de los 54 acueductos rurales por medio de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), los cuales deben poseen como mínimo una caseta de cloración donde se realiza el primer proceso para la purificación del agua. Es por esto que a 17 del total de los acueductos no se les brinda ayuda en cuanto al cloro, puesto que no poseen la suficiente infraestructura mínima requerida.

Por otro lado la Secretaría de Salud, por medio de Agua y Saneamiento, son los encargados de vigilar la calidad de la prestación del servicio de agua de acuerdo al decreto 1575 del 2007 del Ministerio de la Protección Social, quienes se encuentran además encabezados por el Ministerio de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Salud, el departamento de Risaralda y la red de laboratorios de Salud Pública, como la secretaría encargada de brindar asistencia técnica realizando muestras de agua dentro de la red de distribución.

Pero de acuerdo al mismo decreto, los usuarios son los responsables de la red interna que se tiene en sus hogares: tanque de almacenamiento, los grifos, el lavado, etc., según Jhon Jairo Quiceno, miembro de la Secretaría de Salud de Risaralda. “Los interesados en conocer los resultados de la calidad del agua son las empresas prestadoras de servicio. A ellos se les entrega una copia, y la Secretaría de Salud se queda con otra. En caso de que los riesgos sean altos, de acuerdo a los niveles de calidad se envía una copia al departamento, al alcalde, y a SDR quienes son los encargados de suministrar el cloro”, termina Quiceno.

Fallas en acueductos

A pocos kilómetros de Tribunas– Córcega, el acueducto de Caracol-El Rocío, presenta fallas en su sistema administrativo y una cartera morosa de 14 millones de pesos. Según su presidenta Janeth Murielya no se han capacitado al usuario sobre el pago del consumo de agua, estancando la realización de proyectos. “La política de la gente es que como el acueducto es comunitario, pagan cuando les da la gana”, asegura Muriel.

Pero a pesar de las dificultades de cartera morosa en el acueducto Caracol-El Rocío, la Secretaría de Salud se hace presente realizando las respectivas muestras de calidad que garantizan el buen servicio del agua, y si es apta para el consumo humano. Sin embargo, Muriel cree que se debe consultar a otra entidad, o laboratorio externo a la Secretaría de Salud para que también realice muestras y garantice que el agua es apta para su consumo, dado el caso que el balance que se obtenga por medio de la Secretaría resulte negativo.

Caracol – El Rocío hace parte de los 37 acueductos rurales a los cuales la Secretaría de Desarrollo Rural brinda apoyo en cuanto al cloro, pero este se llega a demorar hasta tres meses y no se cuenta con la debida planta de tratamiento que escasamente tiene una caseta de cloración.

Además de todo el agua es racionada y funciona sectorizada por 12 horas al día en distintos horarios, puesto que desde hace más de 20 años cuando se construyó el acueducto, se empleó tubería de cuatro pulgadas, cuando debió ser seis pulgadas para garantizar un servicio constante. “Pero a pesar de eso la gente ya está acostumbrada a recoger agua”, según Rubén Darío Bedoya, líder comunitario del barrio El Rocío alto.

Consumir agua clorada sin llevar un debido proceso de desinfección, según Álvaro Mondragón Cardona, Presidente de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia (Ascemcol), se tiene el riesgo de contraer enfermedades como hepatitis A, toxoplasmosis, cólera, giardiasis, además de infecciones por S

cherichia coli, rotavirus y Helycobacter pilory. Todas asociadas al consumo de agua clorada, o con agentes tóxicos que disminuyen su calidad.

La tabla anterior permite evidenciar los prestadores que presentan problemáticas asociadas a la calidad del agua destinada para consumo humano, y que pueden afectar la salud de sus suscriptores y usuarios. La calidad del agua depende de muchas variables, y por ello la articulación entre los prestadores del servicio de acueducto en zona rural y las entidades con competencia en el tema, debe estrecharse y consolidarse en el tiempo.

Proyectos

Diferentes acueductos rurales, como Asuacoflor, en el corregimiento de La Florida, de igual manera brinda a sus habitantes agua clorada, porque no tienen planta de tratamiento, sin embargo como entidad sin ánimo de lucro presentaron ante la Gobernación de Risaralda su proyecto para la construcción de la planta por un valor cercano a los 85 millones de pesos, la cual fue aprobada por el gobernador. Sin embargo no se ha empezado su elaboración, porque actualmente los predios donde se espera concretar dicho proyecto están en proceso de sucesión, aplazando así el comienzo de dicha obra que beneficiará a 184 familias suscriptoras a la empresa de servicios públicos. Habitantes del sector, como Nelcy Ramírez Guevara, comentan que la calidad del agua en La Florida es buena, excepto cuando llueve, puesto que el pantano corre hacia las tuberías haciendo que el agua para consumo de sus habitantes salga oscura.

Según Oscar Mauricio Marulanda, ingeniero ambiental de la Secretaría de Planeación, agua potable es un término bastante complejo, pues ésta requiere de un proceso de cinco fases que sólo se cumple en las grandes empresas prestadoras de servicios, mientras que en los pequeños acueductos no.“Cuando hablo de agua desinfectada es que solo tienen un tratamiento primario donde se agrega el cloro. Esas empresas únicamente desinfectan el agua, mas no la potabilizan”, afirma Marulanda.

La Secretaria de Planeación, articulada a la Unidad de Gestión Ambiental y de Servicios Públicos, en el área de los acueductos rurales, son las encargadas de brindar a las empresas prestadoras de servicios la plataforma técnica y administrativa requerida, con el fin de que operen su funcionamiento de la mejor manera, con cobertura, calidad y continuidad; además de velar el impacto ambiental generado en las bocatomas con el fin de brindar agua de calidad a los habitantes. Unidos con el Plan Departamental de Aguas (PDA) y la Secretaría de Salud, se encargan de vigilar a los usuarios en cuanto a cómo es el servicio que brindan las empresas y qué infraestructura tienen.

Actualmente la Alcaldía promueve la unificación de acueductos rurales, para que así estas pequeñas empresas se consoliden y puedan brindar a sus usuarios un mejor servicio.

Según Oscar Fernando Gómez, lo más viable para que los demás acueductos rurales puedan mejorar de alguna manera sus condiciones económicas y de prestación de servicios, sería que se agruparan a otros acueductos para que así fuesen autosuficientes y de esta manera prestar un buen servicio en el área rural.

Creo que en su debido momento las empresas que no estén realizando sus operaciones de la mejor manera, serán intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos”, dice Gómez.

Pero a pesar de ello, es un proceso que no es fácil y se torna dispendioso, debido a que muchos habitantes se niegan a tener un medidor de agua en sus hogares para evitar más gastos, pero aún así, sí se puede lograr.

Un puerto en el lugar equivocado

Como un error histórico algunos califican la ubicación del puerto de Barranquilla, segundo más importante de Colombia,  ya que se encuentra a 22 kilómetros de la desembocadura del río Magdalena en el mar, lo que complica la entrada y salida de embarcaciones comerciales. 
 
Por: Daniela Ramírez Bermúdez                                           
Laura Tatiana Corrales Osorio       
 
                                                             

Este error le cuesta al departamento del Atlántico entre diez mil y quince mil millones de pesos anuales en dragado (operación de limpieza de sedimentos en cursos de agua). Pero esto no soluciona las diferentes problemáticas que se presentan en la zona, entre ellas la acumulación de sedimentos que trae el río Magdalena  y que genera el encallamiento de buques. Hasta el 1 de junio del 2011 han encallado 10 naves.

El canal navegable, por donde transitan los buques que alcanzan los 35 pies de calado (hondura del buque), tan solo cuenta con profundidades que van desde los 32.8 hasta 65.3 pies. La DIMAR (Dirección General Marítima), dependencia de la Aramada Nacional, es la encargada de señalizar las diferentes rutas de acceso al canal. “El río está señalizado desde el puente Pumarejo hasta Bocas de ceniza -comenta Edwin Medina, director de la Dimar en Barranquilla-, uno de los buques que se encalló fue por una mala maniobra del piloto, inclusive se le había recomendado por parte de los controladores de tráfico que se dirigía a una zona que no era segura, parece ser que tuvieron problemas con máquina y ese fue el resultado”. Así como este, se presentan muchos casos en los que las embarcaciones, que son del mismo largo que una cuadra de una ciudad cualquiera, quedan encallas por las barras (bancos de arena) que allí se presentan.

Dragado insuficiente

Para intentar controlar los problemas de encallamientos constantes se firmó en el presente año el contrato 058 de Cormagdalena (ente encargado del mantenimiento de dicho río, recuperando la navegabilidad y su actividad portuaria) con el ingeniero Owen Jones, dueño de la draga Colombia, draga de succión en marcha, por siete mil millones de pesos. “El contrato incluye mantener dragado el canal del dique, que va desde Calamar hasta Cartagena y el canal de acceso a Barranquilla que son como 22 km”, afirmó Jones. Con este proceso se recogen 8.000 metros cúbicos de sedimentos que son depositados en el cañón submarino ubicado cerca del canal, con profundidades mayores a los 328 pies.

El proceso de dragado varía dependiendo de la maquinaria que se utilice. Para el tramo que va desde Bocas de Ceniza hasta el puerto de Barranquilla se emplea una draga de succión en marcha. “Por medio de un brazo se succionan sobre el manto marino todos los sedimentos que van a dar a una tolva ubicada en la parte inferior del buque -explica Hugo Báez, capitán de la Draga Colombia-. Cuando ya nos encontramos con suficientes productos dentro de la tolva nos desplazamos hasta un lugar de gran profundidad en donde soltamos todo el material”.

Continuamente  se hacen monitoreos del río para conocer en qué condiciones se encuentra. “La Universidad del Norte hace batimetrías mensuales para encontrar los puntos críticos, cuando hallamos uno, hacemos un estudio más detallado para ver a que profundidad está y a qué profundidad se debe dragar”, expresó Paola Rodríguez, ingeniera hidráulica.

Para intentar controlar el cauce del río y regular la cantidad de sedimentos que se acumulan diariamente se han ido cimentando diferentes estructuras. “Construimos los tajamares pero sale el río por otro lado y forma una isla adentro, entonces creamos un dique direccional y esto se solucionó por un tiempo, pero nuevamente sale una barra en otra parte, entonces construimos los espolones. Ahora hay un problema en la propia desembocadura de una barra de tres millones de me tros cúbicos que ha salido donde nunca había estado, y así es un proceso como de nunca acabar”. Con estas palabras Héctor Posada, ex director de la antigua oficina de Bocas de Ceniza que ahora la maneja Cormagdalena, se refirió a las diferentes complicaciones que ha traído consigo la construcción de un puerto tan alejado del sector marítimo.

El montaje de estos espolones ha generado consecuencias en la pesca: “desde el momento en que se hicieron esas obras la pesca ha estado mala, pues la corriente barre el lugar y no cogemos nada”, señaló Javier Mazo, pescador y habitante de Bocas de Ceniza. Este inconveniente no solo ha afectado a la gente que vive en cambuches en esta región, de la misma manera a los habitantes del barrio Las Flores, pues también son una población completamente pesquera que se beneficia de este ejercicio estando sumergidas en la pobreza. 

Pero desde siempre esto se ha convertido en una problemática social. “El Barrio Las Flores sufrió el azote de todos los grupos al margen de la ley, ya que todos estos negocios bajo cuerda se mueven por el mar”, expuso Gregorio Rico, director regional de Cormagdalena.

Bocas de Ceniza en años anteriores era un lugar turístico apetecido. “Allí se encuentran el río y el mar, en ninguna ciudad de Colombia ocurre eso, ahora se maneja un turismo muy rústico, no hay una infraestructura adecuada”, afirmó Alex Morales, periodista de El Heraldo de Barranquilla. Así mismo, el lecho marino de este sector está descuidado, y se hace necesaria la succión de las diferentes acumulaciones de sedimentos que se presentan además de la intervención de  especialistas en el tema al momento de ingresar al canal.

Guías en medio del agua

Para disminuir el riesgo de que los buques queden inmovilizados se tienen unos “pilotos prácticos”, reciben este nombre porque son expertos en las rutas navegables del canal, así que ellos toman el control de las naves antes de entrar por Bocas de Ceniza, logrando desarrollar una variedad de maniobras para llegar  a las líneas de enfilación trazadas por la Dimar y así disminuir las posibilidades de encallamiento.

Últimamente se encalló el buque Magnum Power, con un calado de 38 pies aproximadamente, que transportaba treinta mil toneladas de cereales al lugar de desembarque en Barranquilla. Debido a la gran corriente que traía el río, fue arrastrado hasta un banco de arena y quedó inmovilizado por más de 10 días. Así como este, otro buque, el Chios Wind, que contenía cerca de treinta mil toneladas de carga a granel (sin empaquetar) contó con la misma suerte.

Este hecho fue el que dio pie al cierre del puerto que suspendió actividades durante 5 días en el mes de mayo. “Después de 8 años está cerrado el puerto de Barranquilla, pues por cada embarcación que queda atascada la sociedad portuaria pierde ciento cincuenta mil dólares”, dijo Jorge Montaño, periodista de El Heraldo de Barranquilla.

“A las instalaciones de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) dejaron de ingresar 9 embarcaciones que movilizaban treinta y seis mil toneladas de mercancía”, explicó Fernando Arteta, presidente de la SPRB en un comunicado de prensa. Se estipula que las pérdidas generadas por el cierre del puerto superan los ciento treinta millones de dólares, suma alarmante para la economía no solo de Barranquilla sino también del país entero.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Ignacio Verano de la Rosa, asegura que para estabilizar las situaciones en la zona portuaria es necesaria la intervención del gobierno nacional, pues hace falta la asignación de más recursos para cubrir las necesidades que allí se presentan.

Algunas soluciones

Se tiene pensado solicitarle al mandatario Juan Manuel Santos tres millones de dólares para el constante mantenimiento del puerto y el dragado a largo plazo, creando nuevamente una oficina que se encargue de todo lo que tiene que ver con este tema. La labor que realizaría sería muy similar a la que desempeñaba la oficina de Bocas de Ceniza anteriormente, con lo que se planea facilitar el acceso al canal y así disminuir la tasa de  embarcaciones atascadas.

Pero también se estudian otras posibilidades, entre ellas la realización del proyecto del “Superpuerto”. Este plan existe desde 1994, año en el cual se supone debió haber comenzado con su funcionamiento, pero por falta de recursos económicos no se logró el objetivo buscado. Este nuevo puerto de aguas profundas estaría ubicado en tajamar occidental de Bocas de Ceniza, facilitando la enfilación y el fácil acceso de las naves. Allí se lograría transportar de ocho a doce millones de toneladas en mercancía, incrementando la estabilidad financiera del país.

Varios expertos en el tema consideran que la idea del “Superpuerto” sí es viable y beneficiaria tanto a los que manejen el puerto como a los dueños de los navíos que ingresen a él; así mismo brindaría mayor capacidad de exportación e importación de bienes y servicios, abriéndole el panorama de comercialización al país.

Las jornadas diarias de dragado actual consumen mil galones de combustible generando gastos entre los cinco y seis millones de pesos aproximadamente. Si se logra ejecutar este plan se ahorraría bastante capital, ya que los buques de gran calado no tendrían que ingresar por el río sino que depositarían su carga en este lugar ubicado en el sector marítimo de la zona, entonces los dragados no sería tan intensivos y los sedimentos no causarían tantas pérdidas y problemas. Pero hasta que no se llegue a un acuerdo definitivo con nuestro presidente y su gobierno no podremos cantar victoria y dejar de tener un puerto en el lugar equivocado.

Misak: Cultura Milenaria