Marmato – Voces de Lucha

El municipio minero de Marmato, en el departamento de Caldas sigue en el ojo del huracán. La multinacional Medoro Resources insiste en imponer su modelo de minería a cielo abierto y los mineros artesanales se resisten; han habido marchas, paros y hasta enfrentamientos con la fuerza pública. Les presentamos un documental, que recoge las voces de inconformidad.

Por: Alexandre Beaudry

Óscar Palacio

Once años de impunidad por masacre de familia Turbay Cote

Por: Luisa Fernanda Duarte Arcos

La misión que me dieron a mí, era solamente hacerle el seguimiento para después secuestrarlo (sic), más nunca que lo fueran a asesinar”, dice Fredy*, un desmovilizado de las filas de la columna Teófilo Forero de las Farc que participó del asesinato de la familia Turbay Cote, dice en su testimonio.

Ex-guerrillero habla del asesinato de la familia Turbay Cote del Caquetá:

A  las 10 de la mañana de aquel 29 de diciembre del 2000, el parlamentario Diego Turbay Cote iba con su madre, Inés Cote de Turbay, líder política del Departamento, y cinco acompañantes a la posesión del Alcalde del municipio de Puerto Rico, José Lisardo Rojas. Mientras la caravana del parlamentario se dirigía a Puerto Rico, sin saberlo, en la misma vía la guerrilla había instalado un retén.

La familia Turbay Cote fue prácticamente exterminada. Tan solo sobrevive Constanza, quien vive exilada en el exterior.

El Ejército informó, en un comunicado, que los subversivos obligaron a detener la marcha de los carros, hicieron bajar a sus ocupantes, los mataron en el piso y luego huyeron.

Proceso contra Almario

Luis Fernando Almario, ex representante a la Cámara por el Partido Conservador, estuvo detenido en la cárcel La Picota desde febrero de 2008 por el delito de homicidio agravado. Está acusado como determinador de las muertes de Inés Cote de Turbay, su hijo –el senador Diego Turbay Cote  y los acompañantes.

Según la investigación de la Fiscalía, Almario habría recomendado a las Farc asesinar a los Turbay Cote, quienes eran sus rivales políticos en el Departamento. Un guerrillero desmovilizado declaró ante el entonces Fiscal de Justicia y Paz, Leonardo Augusto Cabana, que Almario le dijo a Fabián Ramírez de las Farc que los Turbay Cote habían llevado el paramilitarismo al Caquetá. Otros guerrilleros corroboraron ese testimonio.

Otra integrante de la familia, Constanza Turbay  y quien reside en el exterior, en una de sus cartas enviadas al ex presidente Álvaro Uribe habla de la posible influencia que tiene Luis Fernando Almario y  que Elsa Piedad Ramírez, esposa del ex representante a la Cámara, llegó a ser fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá y  contó con varios amigos en la unidad antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación.

Congresista Luis Fernando Almario, llamado a juicio como predeterminador del múltiple asesinato.

Constanza también dice que tampoco ha pasado desapercibida la amistad de Almario con Angelino Lizcano, presidente de la Sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien interviene en el nombramiento de los jueces de descongestión, como el que falló este caso. Lizcano es caqueteño como Almario y le debe al ex representante su elección como Secretario General de la Cámara, de donde saltó a la Judicatura.

El también caqueteño Reinaldo Duque, Secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, quien investiga y juzga a los jueces, compartió con Almario en el Partido Conservador en Florencia.

El Alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, reafirmó que la masacre de la familia Turbay Cote fue ejecutada por las Farc en el 2000, en el Caquetá, al parecer como parte de una confabulación política.

En diálogo con el Noticiero Radio Santa Fe, el ex senador y alcalde electo de Bogotá GustavoPetro denunció también una lentitud premeditada de la justicia para esclarecer los hechos.

Imagen de los Turbay en el Caquetá

La desaparición de la familia Turbay Cote, quienes habían encabezado el Partido Liberal en el Caquetá, desató entre los habitantes de esta región, el repudio y la indignación por estos actos violentos a personalidades que le habrían aportado tanto al departamento. Los seguidores adoptaron su forma de política pero no siguieron abanderando el apellido Turbay Cote por temor a que las Farc o algún tipo de grupo armado tomara represalias contra ellos.

En la actualidad los caqueteños recuerdan a los Turbay Cote como personas que ayudaron a la población y le regalaron mucho a su pueblo, ayudando a los más necesitados, dejándole al departamento cuatro décadas de liberalismo, dice William Wilches político caqueteño y fundador del Museo en homenaje a la familia Turbay Cote.

Una casa museo se erigió para conservar la memoria de los Turbay en el Caquetá. Una familia poderosa signada por la desgracia.

Constanza Turbay Cote envió una carta al ex presidente Álvaro Uribe Vélez desde Europa donde pide que se haga justicia frente a la masacre de su familia y donde  acusa directamente al ex congresista Luis Fernando Almario de ser el autor intelectual de dicho suceso.

Constanza también envió desde Bruselas otra carta en la que califica esta declaración donde las Farc hablan de un vínculo con Luis Fernando Almario como un gesto positivo y destaca su contribución al esclarecimiento de los hechos. Les dice a las Farc que el país merece que cuenten todo lo que saben al respecto.

Cómo va el proceso

Almario fue capturado en febrero de 2008 por orden de un fiscal de Derechos Humanos que lo vinculaba con las Farc como presunto autor intelectual del asesinato de Diego Turbay Cote, entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de representantes, el 29 de Diciembre del 2000, su madre Inés Cote de Turbay, el arquitecto Jaime Peña Cabrera, Edwin Angarita Alarcón, Mail Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní y el conductor del vehículo, Rafael Ocasiones Llanos. Juan José Peña, primo del fallecido arquitecto Jaime Peña Cabrera, habló un poco de lo sucedido y además añadió que son directamente las Farc las culpables del asesinato de estas personas.

Durante la investigación, Almario renunció a su fuero parlamentario por lo que el caso pasó de manos de la Corte Suprema a instancias de un juzgado especializado de Bogotá.

En octubre de 2008, un fiscal delegado ante la Corte Suprema dictó resolución de acusación contra el político como responsable del delito de homicidio. Pero, en mayo de 2009, Juan Carlos Enríquez, juez especializado de Bogotá, ordenó la libertad del ex congresista por considerar que se vulneró su derecho al debido proceso. El juez decidió que el expediente de Almario se devolviera a la fase de instrucción y por tanto se le concediera la libertad.

Desde entonces, y luego de tres años desde que arrancó el proceso, el caso contra Almario parece estancado. Fuentes cercanas mencionaron que durante esos tres años, el caso por el asesinato de los Turbay ha cambiado de fiscal en seis oportunidades por lo que el proceso se ha dilatado.

Conocidos y testigos en el caso de la familia Turbay Cote dicen que Luis Fernando Almario se alió con las Farc con el fin de anular la fuerte participación Liberal en el departamento y sacarlos del camino como opositores políticos pues estos evidentemente nublaban su carrera política dentro del Caquetá.

Perfil de Luis Fernando Almario

Almario arrancó su carrera política como conservador pero ha sido estratégico cambiando varias veces de partido, por ejemplo, fue elegido representante a la Cámara por el Caquetá en 1991 por el partido azul. Tres años después, como vicepresidente de la Cámara, jugó un papel clave en la absolución del ex presidente Samper durante el proceso 8000. Luego apoyó la candidatura presidencial de Noemí Sanín hasta que Andrés Pastrana se perfiló como el más posible ganador y entonces formó parte de la coalición que lo respaldaba.

En 1998, las Farc tenían una advertencia de matar a los candidatos de los partidos tradicionales que se presentaran a esas elecciones (conservador y liberal). Almario lo hizo por el Movimiento de Integración Colombiano (MIC).

El 29 de Diciembre de 2000, las Farc hicieron efectiva su amenaza y asesinaron a sangre fría a Diego Turbay, que había sido candidato a la alcaldía de Florencia por el partido liberal, también a su madre Inés Cote Turbay y a sus escoltas. Con el asesinato de la familia Turbay Cote en el 2000, Almario asumió el control absoluto de la política en el Caquetá.

Los que acusan a Almario dicen que cuentan con varios testimonios que demostrarían sus vínculos con las Farc y el narcotráfico. Y ahora temen que la decisión del juez de iniciar nuevamente el proceso, ponga en peligro la vida de los testigos que ya son conocidos por el acusado, pues todas las cartas fueron destapadas durante el juicio.

Hasta el momento, 38 testigos han sido asesinados, entre ellos varios taxistas que fueron torturados y muertos la semana siguiente a los Turbay, por haber presenciado el homicidio. Más adelante fue asesinado el ex alcalde de Puerto Rico, Jorge Hernán Calderón, y su computador personal fue robado. Era uno de los principales testigos contra Almario.

Luis Fernando Almario por casi dos décadas ha salir bien librado de los procesos penales que se han iniciado en su contra, primero por el 8.000 y luego por la parapolítica y la Farc-política. El Ministerio Público lo acusó disciplinariamente de aliarse, primero con las Farc y luego con los paras, para mantener el control político del departamento.

El actual procurador, Alejandro Ordóñez, lo llamó a responder por cargos que podrían valerle la destitución y, sobre todo, la inhabilidad y muerte política durante 20 años. Se argumenta que entre febrero del 2002 y diciembre del 2003, trabajó John E. Monje, hermano de un jefe paramilitar, en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Almario, y que sus votaciones en zonas controladas por esos grupos superaron el 50 por ciento del total de los votantes.

Historia de la familia Turbay

Habbas Turbay llegó como colonizador al Caquetá a finales de la década de los años veinte. La segunda generación, que fue la del senador Luis Hernando Turbay Turbay, logró su consolidación a comienzos de la década de los 70. Cuando el senador murió en 1990, Rodrigo Turbay, su hijo mayor, asumió la dirección política del partido liberal oficialista hasta que fue secuestrado por las Farc en 1995.

Al aparecer ahogado el 3 de mayo de 1997, luego de dos años de secuestro, su hermano menor Diego Turbay, quien vivía y trabajaba en Bruselas con la Federación Nacional de Cafeteros, renunció y se lanzó a la alcaldía de Florencia, aunque no ganó, se fue preparando y más adelante fue nombrado Comisionado para la Paz en Colombia. Tomó parte de reuniones en San Vicente del Caguán, en las cuales comandantes de las Farc le indicaron que era objetivo militar. Fue electo Alcalde y ocupó varios cargos en Caquetá.

Luego de la masacre en la que murió junto con su madre y cinco acompañantes más, su hermana Constanza se exilia en Europa, desde donde exige que se haga justicia y rechaza la impunidad ante actos tan bárbaros e inhumanos donde su familia fue víctima. Así lo reclama en una carta enviada desde Alemania al ex presidente Álvaro Uribe el 10 de marzo del año 2009: “(…) mi sangre fue dispersa en el suelo caqueteño como se dispersa el trigo para ser separado de la cizaña, terminé sola en mi amada tierra y el día que yo desaparezca, desaparecerá el último vestigio de mi estirpe Turbay Cote (…) Me preocupan, Señor Presidente, la injusticia, la impunidad, la indolencia y la miseria que se ciernen contra la Justicia de nuestro país”.

Asesinato del parlamentario Diego Turbay Cote y su madre Inés Cote de Turbay el 29 de diciembre de 2000 entre El Doncello y Puerto Rico, Caquetá, por guerrilleros del frente 14 de las Farc. A la derecha, Constanza Turbay Cote grita desconsolada. Fotografía: Jorge Enrique Sánchez.

Solo queda esperar que el proceso contra Luis Fernando Almario, señalado como instigador del crimen, tenga claridad y se cumpla con la celeridad que amerita un acto criminal tan notorio en la comunidad nacional. Lo mismo esperan las familias de las 38 personas asesinadas por tener alguna relación incidental con esta masacre.

*Se reservó el nombre real de la fuente por petición de la misma

Animales, presos por tráfico ilegal

Aunque hay una legislación vigente, todavía es pobre para la gran magnitud de este delito. La falta de capacitación, de sensibilización  y  de control son las principales causas de que este tráfico se pronostique como la actividad ilícita del futuro, responsable de la extinción de la biodiversidad colombiana.

Por: Karem Valencia Vélez

Colombia es el segundo país en biodiversidad de animales y primero en aves, lo que genera que sea un blanco para las organizaciones del tráfico de fauna silvestre, el cual, después del narcotráfico, es el segundo negocio que permite más ganancias ilícitas en el país.

Según datos de la DIJIN (Policía judicial) en el año 2010 se incautaron 261.205 animales silvestres y en lo que va de este año se han incautado 360.999 especies. No obstante, este delito no es prioridad para el gobierno colombiano. Aunque hay leyes que condenan esta actividad, todavía nadie ha sido enjuiciado, siendo los animales decomisados los únicos perjudicados, pues luego de los operativos pasan en cautiverio meses, años y, en algunos casos, toda su vida.

Panorámica del Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CRRFS)

Panorámica del Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CRRFS)

Según el informe “International Crime Threat Assessment”, del gobierno norteamericano, el tráfico ilegal de especies tiene un valor anual estimado entre 6 y 10 mil millones de dólares.

En  el libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) se encuentran 447 especies colombianas, de las cuales 119 están en vía de extinción. Colombia, mediante la ley 17 de 1981, se unió a la convención de Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), suscrito en Washington en el año 1973, donde se compromete al cuidado de la biodiversidad, por medio de la implementación de medidas de control para con este tráfico, pero aun así no se evidencia rigurosidad en su aplicación. Adicional a esto existe la ley 99 de 1993, la ley 1333 de 2009 y, sobre todo, el Código Penal con su art. 328, el cual estipula penas de prisión por tráfico de fauna silvestre de entre 48 y  108 meses y multas hasta por 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, ninguna persona ha estado tras las rejas por este delito y la mayoría  de veces sólo se hacen procedimientos administrativos.

Fallas en el control ambiental

La única fiscal ambiental, Gloria Elsa Arias Rangel, asegura que “esto se debe a que no es fácil pretender probar todos los requerimientos que la norma pide y mucho menos conseguir las pruebas. Es que todos se tapan con todos”. Además, para que por lo menos se logre medida de aseguramiento para un traficante, se tiene que demostrar no sólo que sea un peligro para la sociedad, sino que también haya un concierto para delinquir y pertenezca a un tráfico estructurado.

El hacinamiento en los centros de recepción animal se evidencia en la falta de espacio en los hábitats de los animales. Aunque sobre buena voluntad, los presupuestos se quedan cortos.

El hacinamiento en los centros de recepción animal se evidencia en la falta de espacio en los hábitats de los animales. Aunque sobre buena voluntad, los presupuestos se quedan cortos.

Un alto funcionario de la DIJIN en Bogotá, que prefirió no ser identificado, al igual que la Fiscal cree que hay falta de  capacitación a la hora de tomar pruebas en las incautaciones, ya que piensan que como hay protocolos establecidos para la toma de evidencias en diferentes crímenes, así debería ser en el tema ambiental para que éstas lleguen a la Fiscalía y lograr el debido proceso.

El funcionario asegura que “todavía no estamos capacitados para los procesos del fortalecimiento de investigación y criminalística de fauna silvestre”.

No solo es falta de capacitación, también se evidencia falta de control y compromiso por parte de algunas Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), “las CAR tienen un compromiso de velar por sus especies, su región. ¿Qué hacen en Bogotá especies del Huila, de Córdoba […] ¿en dónde está la actividad de control y vigilancia que deben ejercer?”, comenta inconforme la fiscal Arias. El problema es que  si las CAR dejan que estas especies salgan de los departamentos, es más difícil devolverlos a su hábitat natural ya que  la clasificación por parte de los biólogos en los centros de recepción y rehabilitación animal no es fácil, pues varias de éstas tienen sub-especies. Muchos animales en sus características morfológicas se ven iguales, pero genéticamente pueden ser diferentes dependiendo de la región del país de donde provengan.

Arturo*, integrante del Grupo de Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente de la DIJIN, dice que “si bien es cierto existen estos delitos, muchas veces la Policía Nacional hace lo que debería hacer el lado administrativo: las CAR. Cuando asumimos cargos, asumimos responsabilidades”. Los cargos directivos de las CAR son designados por gobernadores, alcaldes y otros actores políticos. Lo que lleva a pensar a la fiscal Arias que estos últimos, por compromisos políticos, permiten delitos ambientales. “Por ejemplo, a veces un director de una CAR sabe que están haciendo minería ilegal, pero no dice nada. Claro, la mina es del Alcalde, su amigo” y agrega “las corporaciones autónomas saben por dónde salen los animales, entonces que monten un puesto de control”.

Erika Nadachowski, encargada del Proyecto de Fauna de la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) asegura que “es imposible tener un control total sobre el departamento y menos en un país donde hay problemas de guerrilla, donde hay zonas donde no podemos entrar”. Para Erika las medidas no solo deben ser puestos de control policivo, ya que  aunque es una medida necesaria, no es suficiente. Según Nadachowski el problema radica en la cultura y las CAR deben enfocarse en la educación y la sensibilización, pues mientras haya demanda, hay oferta.

Según la DIJIN, el animal más traficado en Colombia es la babilla debido a su piel. Sin importar eso, otras especies, como las tortugas, son decomisadas también en cantidades alarmantes.

Otros factores

La falta de sensibilización ciudadana es un factor muy importante. La mayoría de personas no saben qué tipo de animales pertenecen a este delito, no saben las contravenciones que se pueden     cometer por su tenencia, tanto para ellos como sus familias, pero sobre todo los perjuicios para el medio ambiente. Al sacar animales de su hábitat se alteran los ecosistemas y todos los procesos evolutivos, no solo de su especie, sino también de la vegetación. Por esto mismo en Bogotá se incorporó en los planes educativos institucionales el PRAES (Proyecto Ambiental Escolar).  Andrea  Padilla, responsable nacional de prensa y comunicaciones de la protectora de animales Anima Naturalis Internacional, comenta “los profesores que imparten los PRAES generalmente no están capacitados… no pasan de enseñar cómo sembrar un arbolito y así…

Según Claudia Brieva, directora de URRAS (Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres)  hay pleno desconocimiento del tema y la mismas autoridades incurren en este delito “Los soldados, que son parte de la fuerza pública, vuelven de servicio y llegan con la iguana para la novia, la lora para la mamá… la gente que conoce el tema es realmente muy poquita”.
Otra problemática son las limitantes que tienen los organismos de control para combatir este tráfico. Andrea asegura que “en Colombia la legislación es supremamente precaria, puede que esté esa legislación, pero a nivel judicial – policivo no tenemos nada […] el tema de los animales sigue siendo menos en este país”.  Según fuentes, en Bogotá se conoce que en las tres principales plazas de mercado (la del Restrepo, la del 20 de julio y la de Kennedy) se establece este comercio, pero las autoridades encargadas se ven frenadas por el concepto de debido procedimiento. Además, estos tienen que entrar con uniforme, lo que les avisa a los traficantes para esconder los animales.

Debido al desempleo, regiones como el departamento de Córdoba tienen poblaciones que devengan su actividad económica de este tráfico, lo que genera mayor dificultad a la hora de combatirlo: “es un tanto difícil ya que tú tienes que llevar unas propuestas económicas. No le podemos decir, muérase de hambre pero usted no puede traficar animales”, comenta Nadachowski. Según ella, en estas regiones la salida no es simplemente judicializarlos, ya que muchos lo hacen porque es el único trabajo que pueden conseguir. La falta de personal por parte de todos los organismos de control es evidente. Solo hay una fiscal a cargo de todos los delitos contra el medio ambiente. Las CAR pueden tener un promedio de 100 empleados, pero la mayoría no van a trabajo de campo. El Centro de Recepción y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CRRFS) más importante a nivel nacional solo tiene 17 empleados, entre biólogos, veterinarios y aseadores.

Empresarios, principales traficantes 

La mayoría de traficantes son por lo general empresarios. La DIJIN tiene identificadas empresas alemanas y holandesas las cuales en tanques de peces ornamentales camuflan peces arahuanas, que en Europa pueden costar 400 euros. También están siendo investigados empresarios colombianos que  bajo el nombre de sus empresas y sus permisos, están llevando a cabo este tráfico.Hay empresas que se prestan… también hay personas las cuales lo hacen por medio de  empresas sin que éstas sepan […] mucha gente con permiso para exportar ciertos productos aprovechan para exportar animales”, cuenta Arturo. La identidad de las empresas no puede ser revelada ya que se encuentran en proceso de investigación.

En lo que va de este año la DIJIN ha capturado 138 personas dejadas a disposición de la Fiscalía. Según datos de ellos mismos, el 80 por ciento de la actividad operativa en cuanto a incautaciones, se realizan en Antioquia, Córdoba, Sucre y Cesar; siendo estos los departamentos con mayor índice de tráfico de fauna silvestre a nivel nacional.

Según un documento de la Policía Ambiental, en Colombia, se han identificado tres principales rutas. La primera se origina desde los departamentos del Cesar y Córdoba hacia Bogotá. La segunda en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guaviare, Putumayo y Meta hacia Bogotá y las fronteras del país. Y la tercera inicia desde Chocó y Antioquia hacia Bogotá y las principales fronteras del país.

Según la DIJIN, una de las principales rutas al exterior es desde Bogotá hacia Panamá.

Hay otras tres rutas para el tráfico exterior, la primera donde se trafican aves, pieles de reptiles, mamíferos y anfibios desde Colombia hacia República Dominicana, Ecuador, México, y  Estados Unidos (Florida, Nueva York, Texas y California). En la segunda ruta se comercializan pieles de reptiles y mamíferos para usos de la moda hacia Europa (Reino Unido, Italia, Alemania, Bélgica, República Checa, Suecia, Croacia), Turquía, Nueva Zelanda, y Estados Unidos (Florida). Y en la tercera ruta se trafican reptiles, anfibios, insectos y especies hacia el continente asiático (Malasia, Indonesia, Japón, Taiwán, Singapur, Corea y Tailandia) y  Europa (Finlandia).

Este tráfico es muy parecido al modo en que opera el narcotráfico. Según informe de la Europol, muchos de los carteles de drogas por sus mismas rutas también trafican fauna silvestre. Generalmente estas organizaciones están conformadas por personas de una misma familia, que cuentan con la infraestructura y los equipos necesarios para sus operaciones.

Estos grupos están conformados por recolectores, que generalmente son de la región de la especie extraída, mayoritariamente indígenas, al cual se le hace una remuneración económica bastante baja a comparación con el valor final del animal. Después está el tema del transporte, donde se contratan diferentes vehículos, ya sea lanchas, buses, etc. Las empresas o personas que prestan este servicio saben de la ilegalidad de la actividad. “Las empresas de transporte urbano deben establecer control a los conductores, ellos saben. Cuando se involucra la responsabilidad de la empresa, ahí sí establecen medidas”, manifiesta la Fiscal Gloria Arias. Y finalmente están los grupos de comercio, los cuales se encargan de hacer los contactos y por último vender los ejemplares.

La Policía Nacional ha identificado otros tipos de modus operandis de estas organizaciones: el tráfico a nivel turista, el tráfico por pedido y el tráfico por internet. Esta última modalidad crece notoriamente en los últimos años. Una Investigación sobre el comercio de especies en internet realizada por IFAW (Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat) reveló  que miles de animales y productos  derivados de estos son puestos en chats y subastas.

Entre las rejas del cautiverio

El Crrfs es el centro de recepción animal más grande a nivel nacional. A este llegan todos los animales provenientes de decomisos e incautaciones, donde se busca rehabilitar los animales y reincorporarlos a la vida silvestre. Este centro cuenta con 17 empleados, quienes se encargan de cuidarlos y supervisar el proceso de rehabilitación y liberación.

Los zoológicos del país no dan abasto, pues ya están saturados con todos los animales incautados que luego van a dar allí.

Al llegar, los animales son puestos en cuarentena; en esta primera fase se les proporcionan los medicamentos necesarios y la dieta adecuada, según su especie. Cada uno de los animales se encuentra en jaulas independientes con adaptaciones de su hábitat natural. En el caso de las especies que viven en manadas se acercan las jaulas individuales para familiarizarlos. Después de cerciorarse sobre la salud del animal y de acuerdo a comportamientos identificados, afinidad con otros animales, se trasladan a jaulas comunitarias en donde se empiezan a conformar grupos. Estos se evalúan para determinar si son aptos para vivir en sociedad, es decir, que establezcan sus propios roles jerárquicos, posteriormente pasan a jaulas aisladas donde se desacostumbran de la figura humana y por último cuando el animal está preparado, se procede a la liberación.

Muchos no corren con esta suerte, ya que algunos han sido mutilados por sus anteriores dueños, lo que provoca un rechazo a la hora de adaptarse con otros animales, generando así  problemas en su estado anímico, llegando a deprimirse, sintiéndose excluido y vulnerado, Judith Cárdenas, bióloga del Crrfs comenta: “aquí la idea es darle la oportunidad a todos los animales hasta el último momento para que lo vuelvan a lograr… hay casos muy tristes, han llegado loras sin paticas, con el pico partido. También está el caso de un miquito mochito, porque supuestamente era muy inquieto en la casa que lo tenían y le mocharon la mano. Hay tortugas mochitas, sin paticas…”. Gran variedad de animales mueren de tristeza en el proceso de rehabilitación.

Urras es otro centro de recepción animal, ubicado en la Universidad Nacional, pero no solo recibe decomisos, también hace consultas veterinarias externas sobre mascotas poco convencionales, lo que permite sensibilizar sobre la problemática y finalmente lograr que las entregas sean voluntarias. “Los animales que más nos llegan son tortugas, segundo loros y tercero primates”, dice Claudia Brieva.

Este centro posee una metodología educativa la cual consiste en no contarles a las personas que llevan los animales que es un delito, ni que están infringiendo la ley, sino que los concientizan. Según Claudia Brieva hacen un vínculo con la gente explicándoles el porqué no deben tenerlos y lo mucho que sufren los animales en esta situación.  Lo que genera que el 70 por ciento de la personas que van a consulta los devuelvan. “La idea es hacerlo más por las buenas”, agrega Brieva.

El 70 por ciento de las entregas son voluntarias y la mayoría del 30% restante los entregan porque el animal está muy enfermo, ya está que se muere… porque no pueden con él”, cuenta Liliana Rojas, veterinaria de Urras.

El momento de liberación para muchas especies se ve afectado  por la difícil clasificación por parte de los biólogos para determinar el hábitat natural de donde provienen y así reincorporarlo correctamente. Para esto, el ministerio de Medio Ambiente, en un convenio con la DIJIN y el Instituto de Genética de la Universidad Nacional, creó el primer laboratorio de genética para especies de fauna silvestre en Latinoamérica, en donde se capacitan tres funcionarios de la DIJIN, los cuales van a diferentes partes del país a recoger muestras sanguíneas de las diferentes especies y por medio del desarrollo de la genética molecular, poder identificar estas diferencias genéticas entre las especies y subespecies y así mismo el lugar al cual pertenecen a la hora de ser liberarlos.

Enjaulando esperanzas

La creación de la ley 1333 del 2009 y la modificación del artículo 328 del código penal, es un paso más hacia esta lucha, pero  en este tema el atraso es evidente. Si Colombia no le da a los delitos ambientales el estatus y la importancia que merecen, según Arturo, “en 15 ó 20 años, estos delitos serán los delitos del futuro”.

Para Nadachowski “la mayoría de animales llegan en mal estado, algunos toca eutanasiarlos, a tortugas les han hecho un hueco con un taladro para poder amarrarlos, animales que les han amputado una mano o los colmillos y no pueden comer, animales que  les han dado con un palo y les han sacado un ojo, entonces se les infecta horrible…

Según Brieva, en las filas de la Comisión Nacional de Televisión estuvo tres años un comercial sobre la sensibilización del tráfico del tití, propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente. Nunca salió al aire, pues no lo aprobaron.

Muchos de estos animales no logran adaptarse a su hábitat natural, condenados a pasar el resto de sus vidas en los centros o en zoológicos. No les dé cadena perpetua traficando con ellos.

La fiscal Arias cree que hay falta de compromiso institucional, quiere que al tema ambiental se le dé el estatus que  merece “No se encuentra jurisprudencia. No se encuentra un fallo que se refiera a un delito penal ambiental. Hay fallos administrativos…

Mientras la judicialización de los traficantes no sea severa y la cultura ciudadana de Colombia  no empiece a cambiar,  no solo este tráfico y el maltrato animal, si no todos los delitos ambientales irán creciendo paulatinamente; extinguiendo los recursos no renovables, recursos que ya extintos nunca volverán. De cada 10 animales traficados, solo llegan a su destino uno o dos. El resto muere.

Mientras tanto, seguirán viéndose por allí animales descaderados por patadas, mutilados a sangre fría, separados de sus familias y de su hábitat, para estar de por vida encerrados en pequeñas jaulas cuadradas en medio de selvas de cemento y en las que nunca tendrán el calor de hogar.