Así se mueve el negocio de la cebolla en Pereira

En la cuenca media del rio Otún los habitantes sienten miedo al hablar sobre la Asociación de Cebolleros: “no escriba mi nombre”, dicen muchos. Directivas hablan del proyecto como la mejor manera de proteger intereses colectivos.

 Por: Unidad Investigativa 

traslacoladelarata@gmail.com

Risaralda es el tercer productor de cebolla larga más importante del país y el municipio que contribuye con el 88 por ciento de la producción es Pereira. El negocio mueve alrededor de 10 mil millones de pesos al año y es controlado por la Asociación de Cebolleros de Pereira: “tienen el negocio redondo (…) las plazas las tienen totalmente monopolizadas (…) y el campesino está sujeto a lo que ellos le impongan”, así lo cuenta Jorge*, agricultor independiente.

El surgimiento

La Asociación de Cebolleros de Pereira (Aceper) aparece registrada en la Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2006, pero la organización viene de más atrás. Se tienen antecedentes, en el 2001, de una Asociación de Cebolleros y una Red de Seguridad de los Cebolleros. Dicha red fue autorizada por la secretaria de Gobierno municipal, en la alcaldía de Marta Elena Bedoya. En ese mismo año se da el surgimiento de grupos paramilitares en La Bella y La Florida, según informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo,  “los grupos paramilitares, inicialmente se instalaron en la región como parte de la red de seguridad de una asociación de cebolleros que acababa de fundarse en la zona”.

En un principio el grupo que incursionó fue el Bloque Cacique Calarcá de las autodefensas, que extorsionó a los agricultores, paralelo a este, en la zona aparece el Bloque Central Bolívar y la ya mencionada Red de Seguridad de los Cebolleros con el fin de hacer frente a la inseguridad. Guillermo Castaño, presidente del Comité Permanente, se refiere a esto como “una operación paramilitar, (…) ellos (Bloque Cacique Calarcá) generan inseguridad en un núcleo y después de eso aparecen ellos (Bloque Central Bolívar) como los que van a garantizar la seguridad; la red de seguridad es la que da el amparo legal”.

“La gente que salía inicialmente al camino a interrogar al campesino que bajaba con el producto (cebolla) era gente armada y sí, prácticamente yo por lo que alcancé a percibir, me atrevería decir que sí fueron paramilitares”, afirma Jorge. En un comienzo se instalaron retenes en la zona, estos buscaban controlar el flujo de lo que entraba y salía en cuanto a producción agrícola. La revista Noche y Niebla, en su edición número 23 de 2002, relata que los grupos paramilitares en la zona eran apoyados por terratenientes y grandes productores de la región, “quienes los respaldaban como una red de seguridad para los cebolleros”, fuera de eso a los campesinos se les cobraba un impuesto de movilidad, eran intimidados y obligados “a pagar 500 pesos por arroba”.

Castaño describe que su finca quedaba en un punto estratégico, al lado de la vía en que confluyen las carreteras que vienen de La Bella y la de La Colonia. “Fueron a decirme que entregara la casa, (…) con el argumento de que para controlar la cebolla”. Los paramilitares no solo hicieron retenes, también buscaron puntos clave de vigilancia.

Frente a estos hechos, a la zona acudió el Comité Permanente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se hicieron las denuncias respectivas y la Fiscalía hizo presencia. Dejan de asesinar e intimidar personas y desaparece el Bloque Central Bolívar en el 2005, en últimas, la instalación de los grupos paramilitares, agrega Castaño, se da con el fin de obtener “el control militar y económico sobre la zona”.

En la actualidad, manifiesta Rosemberg Ramírez, gerente comercial de Aceper, los teléfonos de la asociación están interceptados, y “está bien que investiguen, si debemos alguna cosa por qué no nos judicializan”.

Lo que es anormal en un principio, se termina volviendo normal. Ahora “pasan revisando, no con tono amenazante como antes, sino que la gente ya se acostumbró y les guarda el miedo”, comenta Cesar*, habitante de la zona.

Cebolla con sabor a dinero

El gestor de la Asociación de Cebolleros de Pereira es Henry Álvarez. Jorge sostiene que “él fue quien armo la asociación, fue el que dijo venga organicemos los campesinos que la cebolla está muy barata”. En el 2006 la arroba de cebolla se cotizaba en las centrales mayoristas a 6 mil pesos, mil pesos por encima del costo de producción, pues producir una arroba de cebolla vale 5 mil pesos. Para efectos de esta investigación se buscó contactar a Henry Álvarez, pero no fue posible localizarlo.

Ramírez enuncia que el objetivo de la asociación “es sacar el producto al mejor precio”, para que así el cultivador tenga una buena calidad de vida. Antes de surgir la asociación, los precios de la cebolla fluctuaban bastante -muchas veces la cebolla se subía a 24.000 pesos pero otras veces bajaba a 2.000 pesos- menciona Camilo*, otro habitante de la zona, pero con la asociación se mantienen los “precios regulados”. El valor de la cebolla permanece estable de dos formas: la primera, controlando el área sembrada para así evitar que se produzca más cebolla de la que se puede vender, y la segunda, cuando hay sobreproducción se pica la cebolla. Para Gabriel Rúa, presidente de Aceper,  “es tratar de que a las plazas no se lleve tantísimo producto y se inunden, pues se baja el precio”.

En contraposición a esto, Jorge considera que los objetivos de la Asociación son “monopolizar el negocio, cuando digo monopolizar me refiero a absorber las plazas, el mercado y quedarse ellos con la producción de cebolla. Una vez eso se dé, téngalo por seguro que los pequeños y medianos productores vamos a desaparecer”.

Las reglas de la asociación, expone Rúa, no impiden que el agricultor trabaje a su manera, “nosotros lo que vigilamos mucho es que no se crezca la producción”. Para evitar la sobre producción, los pequeños y medianos productores redujeron en un 20 o 25 por ciento el área que sembraban, “qué pasó, a los pequeños nos obligaron, midieron para que bajara y cumplimos, los grandes antes sembraron más”, alega Alberto*, productor asociado.

La reducción del área sembrada ha llevado a que el pequeño y el mediano productor se estanquen, apenas sí se sostienen, pues la Asociación, asevera César, es la que decide “cuánta cebolla puede sembrar usted, qué área de su finca la puede cultivar usted en cebolla y son los que determinan el precio. La cebolla esta semana valió a tanto”. Respecto al precio de la arroba de cebolla, Ramírez asegura que es determinado por “la demanda del mercado, si hay mucha, toca favorable”.

En La Florida, La Bella y El Manzano hay un monocultivo: la cebolla larga. El volumen comercializado en la actualidad oscila entre 18.000 y 19.000 arrobas semanales que tienen un valor estimado en el mercado de 185 millones de pesos. Pero el valor de la arroba ($10.000 por arroba en junio del 2011) no es fijado de acuerdo con las condiciones del mercado. El precio es fijado por un comité de personas y Alberto dice que  “ahí están Henry Álvarez, Rosemberg Ramírez, son los dos que se encargan de eso, son los grandes productores y los encargados de la comercialización, o sea de manejar las plazas, lo que ellos llaman controlar las plazas, es un equipo grande, ahí está Julio Berto (Franco), son los que se encargan de manejar las plazas, controlar la entrada de piratas y fijar los precios”.

“La asociación brinda estabilidad (…) busca mejorar la calidad de vida del campesino, todo trabajador tiene su moto, deshipotecaron las fincas, tienen sus hijos estudiando”, reconoce Ramírez. Contrario a esto, Roberto*,  ex agricultor de cebolla, advierte que de la asociación  se “benefician unas personas, no todas. (…) Esas diez personas son de ahí mismo, de la gente que escogió él (Henry Álvarez), métase aquí y la junta directiva, venga usted, fulano es el Presidente de la junta, (…) eso es de ellos, eso no es de la comunidad”.

El monopolio

Rúa piensa que “la crítica que se le hace a la Asociación es una cosa tan ridícula, (…) si fuera tanto el monopolio entonces la gente que se está llevando el producto por otra parte quién le dice algo, (…) pueden llevar a donde quieran”. Por la misma línea, Ramírez declara que los productores “tienen libertad, si no quieren pertenecer a la asociación, listo firmen la carta de retiro y se van, (…) cada productor es libre de vender su producto donde quiera, la persona no está amarrada”.

En un principio se hizo un estudio de las plazas para determinar cuánta cebolla se vendía – dice el presidente de la Asociación-, luego en la zona la asociación se programó con “los productores, entonces nosotros sabemos que Mercasa se come mil arrobas de cebolla, por decir cualesquier cosa, entonces hacemos arrancar mil arrobas de cebolla para llevar para Mercasa”.

Frente a lo dicho por Rúa, el economista Juan Pablo Saldarriaga afirma que “ahí se están comportando como monopolio, (…) al comportarse como monopolio ellos ya pueden fijar precios, hay una demanda establecida, pero ellos pueden controlar vía precios o vía cantidades el mercado, entonces si ellos determinan las cantidades a vender, controlan el precio en el mercado, de tal forma para obtener un precio mucho más alto que aquel que tendrían si operaran bajo competencia perfecta”.

Paralelo a lo dicho por Rúa y Ramírez, Sonia Guzmán Vargas en su trabajo de grado, “Valoración de un sistema productivo agropecuario priorizado y su relación con los servicios eco sistémicos en cuenca del río Otún”, presentado a la Universidad Javeriana en marzo de 2010, describe que todos los productores de cebolla tienen un vínculo obligado con la Aceper y “es importante indicar que ningún productor, transportador o comercializador que no esté autorizado puede sacar cebolla de la zona. Los miembros de la Asociación indican que ellos se encargan del acopio y que la comercialización es responsabilidad de otros actores”.

Para Manuel*, miembro de la escuela campesina de agroecología, “el monopolio se maneja en esa junta directiva de la asociación”. Además asegura que el campesino que no participe de la asociación es bloqueado, “sale del mercado suciamente, no limpiamente, entonces todos tienen que hacerlo a través de la asociación”.

El productor que desee comercializar la cebolla de forma independiente lo puede hacer, pero la asociación al darse cuenta toma medidas. Roberto sostiene que “ellos salen a ver dónde está vendiendo y allá le caen, ellos con el viaje se hacen a un lado a vender también, a cómo está dando, él está dando a $5.000, póngala a $4.000. Ya lo pone a perder $1.000 pesos por arroba; no paga ponerse en ese trote”. Esta práctica no es nueva para la Asociación, pues en un principio –dicen los campesinos- con el fin de controlar la plaza de Pereira, Armenia, Chinchiná, Santa Rosa y Manizales, Henry Alvarez le compró la cebolla a los campesinos y la fue regalando de plaza en plaza con el fin de tomar el mercado.

Esas medidas, manifiesta Saldarriaga, son “prácticas de competencia desleal, el monopolista puede fijar, con el fin de excluir a sus rivales del mercado, precios mucho más bajos por un periodo de tiempo, de tal forma de capturar el mercado. Esas competencias no son usualmente legales”.

Esta situación –obedece a una dinámica caracterizada por el abandono de las obligaciones de las entidades político administrativas- y esto lleva expone Guillermo Gärtner, ex director del Observatorio de Convivencia de la UTP, a que “algunos sectores que están vinculados a la producción, a asumir ellos la propia defensa con todas las posibilidades de arbitrariedad y demás que ello representan, en el caso de la justicia privada”.

Cebolla y política

Aceper “está patrocinando a un trabajador para que sea candidato al Concejo de Pereira, Julio Berto Franco, es de allá de La Bella y lo tienen bien adiestrado. En este momento es el discípulo aventajado de Octavio Carmona”, relata César.

Franco hace parte del comité de personas que se encargan de la comercialización de la cebolla. Sobre el ex representante a la Cámara Carmona se puede mencionar que fue inhabilitado en el 2005 por celebración indebida de contratos superiores a 7 mil millones de pesos. Tanto Carmona como Franco apoyan la candidatura de exgobernador Carlos Alberto Botero a la gobernación de Risaralda (ver foto).

Para Guillermo Gärtner esto es “explicable dentro de las leyes de relación de la economía y de la política”. De la política porque representa los intereses de determinados grupos (la Asociación),  en este caso “los intereses económicos de los productores de cebolla para llegar y acceder a determinadas instancias de poder político”.

El candidato al Concejo de Pereira Julio Berto Franco (en la foto), precisa que su liderazgo va a ser “serio” y que en la cuenca media del río Otún hay “una asociación de cebolleros y hay personas que lógicamente no están de acuerdo con estar asociados y están por fuera de la asociación”, pero en su propuesta política, “caben todos, asociados y quienes no estén asociados, todo el mundo, sin color político, es un liderazgo serio, contundente y lo que quiero es trabajar por todas esas comunidades en general”.

“Ellos tienen un candidato al Concejo y aspiro que no gane”, afirma Roberto, como también aspira César a que esto tenga algún eco en los medios, pues “la situación de los pequeños y medianos productores es alarmante”.

 *Las fuentes pidieron reservar su nombre por seguridad

Alianzas y rupturas en la política de Risaralda

Por: Steven Morales Palacio

En las campañas por la Gobernación de Risaralda se están moviendo dos maquinarias políticas importantes. Por un lado está Carlos Alberto Botero, ex gobernador de Risaralda y por el otro lado el representante a la Cámara y dos veces gobernador de Risaralda Diego Patiño Amariles, quien tenía como candidato a Alberto Arias Dávila, pero Dávila al no acceder a la alianza con los Conservadores, pierde el apoyo, y Patiño se va a con Sigifredo Salazar.  

La división entre estos dos políticos se da durante la Gobernación de Botero, pues cuando estuvo en el poder le dio la espalda a todos los que lo apoyaron en la campaña, en especial a Patiño Amariles, quien había puesto votos.

Fuera de esa división, hay que tener en cuenta que muchos políticos de la región, entre ellos Octavio Carmona de Alternativa liberal, tienen una mala relación con Patiño Amariles, por lo que se presume que su apoyo a Botero es por conveniencia y no por convicción.

Para hacer frente a Botero, Patiño está promoviendo un pacto entre liberales y conservadores, lo cual dejaría a Alberto Arias por fuera, pues Sigifredo Salazar –el candidato conservador a la Gobernación- ya está inscrito en la Registraduría, pero se hace más llamativa la alianza con los conservadores, pues estos tienen gran cantidad de votantes, al igual que curules.

Para la Alcaldía de Pereira se mueve con fuerza Juan Manuel Arango –del partido Liberal-, dos veces alcalde de Pereira. Cuenta con el apoyo de casi todos los líderes políticos de la región, con excepción de Soto, Burgos y Londoño, quienes apoyan al candidato de la U.

Las encuestas muestran a Arango punteando, pero apenas comienza el periodo electoral, detrás viene el candidato de la U Enrique Vásquez, apoyado por el senador de la U Carlos Enrique Soto, quien es muy influyente en la región.

La oposición encabezada por el Polo Democrático y el Partido Verde empiezan a mover sus fichas. El candidato a la alcaldía de Pereira por el Polo es el ex concejal liberal Carlos Alfredo Crosthwaite y a la gobernación de Risaralda se perfila el columnista de La Tarde Carlos Andrés Echeverry, quien ha manifestado una postura crítica frente al manejo que se le da a Aguas y Aguas de Pereira y la EEP, entre otras entidades.

Por el Partido Verde Roberto Meneses aspira a la alcaldía de Pereira y se espera que en los próximos días lance su campaña. De los verdes en Dosquebradas se rumoran algunas cosas, una de ellas es que los candidatos al Concejo, están comprometidos políticamente con Roberto Jiménez –hermano de Macaco-, quien aspira a la alcaldía de este municipio.

Es un panorama incierto, pues las alianzas políticas se mueven con los días, por algo “se dice que es dinámica (la política)”. Solo queda esperar la inscripción de los candidatos y el comienzo de la campaña, ahí se definirá la contienda.

Nápoles, el morbo por lo narco

Magdalena medio, un dilema entre la tradición violenta de un pueblo y la riqueza natural que albergó las ambiciones de Pablo Escobar. Ubicada en esa región, la Hacienda Nápoles fue la construcción de un sueño a medias.

 

POR: Anyelly Carmona Ospina (yelly_1304@hotmail.com)

 Daniela Bolívar Rincón (dannyb713@hotmail.com)

“El cielo, la selva y las montañas de ese lugar son privilegiadas, las aguas cristalinas, los ríos tibios y de mármol, esos no los hizo Pablo, los hizo Dios, un paraíso natural desde donde se le mire”, estas son las palabras de José Guillermo Palacio,  un periodista conocedor del Magdalena medio, ese mismo paraíso que un día sirvió de escenario para que Farc, autodefensas, y narcotráfico iniciaran su protagonismo en la guerra colombiana.

Llena de riqueza natural, dicha región fue elegida por el capo del narcotráfico colombiano Pablo Escobar Gaviria, para hacer real un mundo aparte,  ese en el que combinaría la casa de recreo con su centro de operaciones ilegales y al que llamó Hacienda Nápoles. Dos caras que se han disputado el protagonismo a través de la historia.

Conquista del capo

Finalizando los 70, la construcción de la autopista Medellín – Bogotá representó no solo la llegada del progreso a municipios como Puerto Triunfo, también la de Pablo Escobar, conocido como empresario, quien montado en su motocicleta, en compañía de su primo Gustavo Gaviria, vio en los predios del corregimiento de Doradal la posibilidad de materializar lo que el mundo conoce hoy como Parque temático Hacienda Nápoles.

Su afán por llevar a cabo la construcción de un emporio agroindustrial lo llevó a elevar sin complicaciones los precios de tierras que, sin estar en venta, le dieron enormes ganancias patrimoniales. Fue Jorge Tulio Garcés quien le vendió la mayor parte de las tierras a Pablo el empresario. Según Francisco Sánchez, ex funcionario de la alcaldía de Puerto Triunfo, La Paz, Portugal, Lusitania, Las Julias, El Porvenir, Valledupar, La Perla y Honduras, son algunos de los predios que Escobar logró hacer suyos.

Para dicha época, en la que la procedencia de su gran fortuna era desconocida, el proyecto creció en manos de unos mil trabajadores. Trasplantó árboles, construyó doce lagos intercomunicados, sistema hidráulico, pista para aviones medianos, helipuerto, canchas, parques, plaza de toros y casa de campo.

El desaparecido INDERENA (Instituto Nacional de Recursos Ambientales) le concedió la licencia de ingreso de animales exóticos al país. Todo, según Sánchez, fue legal,  “pues él solo era un empresario con dinero”, aun así cuando el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) se los decomisaba, cualquier trabajador de Escobar compraba de nuevo a sus pupilos y los regresaba a la finca.  Sin reparos legales la cercana base aérea de Palanqueros vio aterrizar cuatro hipopótamos en un avión Hércules de la segunda guerra mundial, traídos desde el zoológico San Diego, en California. Debido a su  reproducción,  hoy son 27 los herbívoros que habitan en los lagos intercomunicados y tres se hicieron famosos por su fuga y posterior cacería a través del Magdalena medio en años recientes.

Muchos aún se preguntan como a manera de arca de Noé aparecieron los protagonistas de su sueño: especies exóticas herbívoras, como canguros de Australia, dromedarios del Sahara, elefantes de la India, jirafas e hipopótamos de África, búfalos de la pradera de EEUU, vacas de las tierras altas de Escocia, llamas y vicuñas del Perú. Para Palacio, además del don que acompañaba su nombre, Pablo tenía otro don especial que convertía en realidad todo lo que soñaba: “La coca mete una jirafa en una avioneta y un elefante en un Renault 4”. Quiso complementar su zoológico con la construcción de animales prehistóricos (como dinosaurios) que, a escala real, vio crear en siete años a manos de Fernando Montoya, el diseñador que de hacer las vallas de publicidad en la hacienda, se convierte en el artífice de las construcciones más admiradas en  la historia de Nápoles.

Ocaso de un narcoparaíso                                                                    

En 1982, escobar inicia su protagonismo delincuencial, siendo su consentida Nápoles, el lugar donde se trazó gran parte del conflicto armado en la región del Magdalena medio y se definió la expansión de grupos paramilitares, afirma el académico y periodista Juan Gonzalo Betancourt,  ya que no solo trajo al mercenario israelí Yair Klein, para entrenar  a los paramilitares, también se reunió con el grupo guerrillero M19 para planear la toma del Palacio de Justicia y quemar los expedientes que comprometían al narcotráfico, además de ser el espacio en el que se propició la tregua entre el M19 y el cartel de Medellín.

Ramón Isaza, como jefe paramilitar anticomunista, rechazó la presencia del narcotráfico en la región, por ello siempre tuvieron enfrentamientos el narcotraficante establecido en la hacienda e Isaza,  en la zona de Doradal. Una guerra que, según Palacio, quedó empatada.

Entre 1988 y1990 el Estado colombiano, aliado con EE.UU, lo buscaría en  la hacienda, pero su mente calculadora destinó en Nápoles sus propias rutas de escape.

Falta tierra, sobran testaferros

El área de la hacienda comprendía 3.538 hectáreas. Escobar no hizo englobe de los predios, catastralmente la mayoría de estos figuraron a nombre suyo y otros en testaferrato, pues en su afán de adquirirlos no hacía trámites legales, por dicha razón se facilitó la expropiación de los terrenos que aparecían a su nombre, equivalentes a 1.244 hectáreas. Pero 64 por ciento de los terrenos se encuentran hoy en manos de testaferros que lograron legalizarlos al momento de la extinción, hecho que para muchos es considerado un botín de guerra.

En 1991 la hacienda fue incautada por el cuerpo élite de la policía. Los abogados del Estado hicieron el proceso de extinción de dominio un año después de la muerte de Escobar, esa que fue considerada la única guerra que perdió contra los Pepes, organización criminal que ha sido relacionada con el gobierno.

En 1994 se dio el fallo definitivo, pasando la hacienda Nápoles a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE). Magdalena Torres, funcionaria de la UGAN Umata de Puerto Triunfo, dice que Victoria Eugenia Henao, esposa de Pablo Escobar, apeló en dos ocasiones al Estado para quedarse con la hacienda, pero no lo logró.

Por falta de cuidado los animales empezaron a morir, los  grandes fueron  trasladados entonces a zoológicos del resto del país como Pereira, Cali y Barranquilla, los hipopótamos fueron los únicos que no pudieron ser capturados.

Mediante la resolución 0037 del 16 de diciembre del 2005, el municipio de Puerto Triunfo quedó a cargo de 765 hectáreas, después de presentar proyectos productivos justificables que se podrían llevar  a cabo en dichos terrenos. A través de las Naciones Unidas estudiaron el apoyo a los desmovilizados, beneficiándose con el cultivo de ají  a las familias de los mismos y desplazados de la comunidad. 299 hectáreas fueron destinadas al entonces llamado ministerio del Interior y de Justicia para la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

Hoy es parque temático

La hacienda se convirtió en el blanco de los saqueos, en busca de caletas y dinero que nunca encontraron, dejando en ruinas lo que un día la ambición levantó. El municipio encargado de la custodia se vio imposibilitado para controlar los daños ocasionados, por tal motivo realizó un contrato de arrendamiento con la firma ATECSA por 20 años,  una empresa familiar de la ciudad de Medellín, reconocidos en la región por más de tres décadas. No se hizo proceso de licitación, puesto que si se abría una, serían los narcos los que tratarían de quedarse con las tierras, según dijeron las autoridades.

ATECSA se comprometió a pasarle al municipio el 10 por ciento de las ganancias. La entidad privada bajo el nombre de Parque Temático Hacienda Nápoles, ha pretendido crear un gran atractivo turístico que no tendría la misma efectividad si se le hubiese cambiado el nombre a la hacienda. Oberdam Martínez, su administrador, reconoce que es el peso histórico de la vida del narcotraficante en dicho lugar lo que atrae al turista.

El periodista Germán Castro Caycedo, quien alguna entrevistó a Escobar, opina al respecto: “utilizan un ángulo depravado de la historia para hacer negocio, con la misma berraquera pueden promover el parque sin hablar de Nápoles”.

Una de las temáticas principales del parque, aparte de los safaris, es mostrar la casa de Escobar como un museo a la memoria de las víctimas de la narco guerra, esa que hoy está en ruinas y en la que se exhiben los delitos cometidos por el capo. No pretende reconstruirse, hecho polémico algunos no comparten, como Palacio: “el gobierno debió ser absolutamente pulcro y respetuoso, lo que están haciendo hace parte de un discurso político. Construir el gran parque que pudo haber soñado ese señor y, con dineros legales, ayudar a las víctimas, era lo correcto. Uno no le va a devolver  la vida a nadie pero si se repara un poco el daño”.

Las vías que llevan hacia la hacienda hoy son turísticas, con el nivel de protección que no tenían antes del polémico programa de Seguridad Democrática. Muchos se preguntarán por qué una zona con presencia de paramilitares en la última década, tiene ahora su mayor auge económico y turístico. Es pertinente recordar que el ex presidente Álvaro Uribe, la cabeza visible de dicho programa y 64 congresistas de su coalición son investigados por paramilitarismo, y fue durante ese mandato que se mantuvo vigente un cambio en la tradicional inseguridad de las vías.

¿Será capaz el gobierno Santos de mantener la seguridad lograda en la autopista Medellín – Bogotá sin acudir a la ayuda de grupos al margen de la ley?  ¿O estará condenada dicha región a conservar un progreso solo por medio de la ilegalidad? Mientras tanto, la Hacienda Nápoles sigue recibiendo cada fin de semana a centenares de turistas que, no sin cierto morbo, recorren los espacios que hace unos años eran el sueño de uno de los más temibles y astutos asesinos de la historia del narcotráfico en el mundo.

Por:

Anyelly Carmona Ospina (yelly_1304@hotmail.com) 

Daniela Bolívar Rincón (dannyb713@hotmail.com)

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Paramilitares, Farc, autodefensas y narcotráfico iniciaron su negro protagonismo en la guerra colombiana, un asunto de igual magnitud a la riqueza natural con la que cuenta la región del Magdalena Medio- La belleza del paiseje y la crudeza de la guerra dos caras que se han disputado el protagonismo a través de la historia.Pablo Escobar Gaviria hizo el sueño de construir un mundo aparte, que combinaría la casa de recreo con su centro de operaciones ilegales y al que llamó Hacienda Nápoles.

“El cielo, la selva y las montañas de ese lugar son privilegiadas, las aguas son cristalinas, los ríos son tibios. El piso de los ríos es de mármol y esos no lo hizo Pablo, lo hizo Dios, un paraíso natural desde donde se le mire”, son estas las palabras de José Guillermo Palacio, uno de los habitantes que respira el Magdalena medio.

La conquista de Pablo

Finalizando los años setenta, la construcción de la autopista Medellín – Bogotá representó la llegada del progreso, a municipios como Puerto Triunfo, ´pero también la del, conocido como empresario, Pablo Escobar, quien montado en su motocicleta, en compañía de su primo Gustavo Gaviria, vio en los predios del corregimiento de Doradal la posibilidad de materializar lo que el mundo conoce hoy como Nápoles, el corazón de Colombia.

Su afán por llevar a cabo la construcción de un emporio de bienes lo llevó a elevar sin complicaciones los precios de tierras que obtuvo sin estar en venta, inclusive con los bienes que les pertenecieran. Fue Jorge Tulio Garcés quien le vendió la mayor parte de las tierras a Pablo, el empresario.

Según Francisco Sánchez, ex funcionario de la alcaldía de Puerto Triunfo, La Paz, Portugal, Lusitania, Las Julias, El Porvenir, Valledupar, La Perla y Honduras, son algunos de los predios que Escobar logró hacer suyos y bautizar como Hacienda Nápoles, nombre que posiblemente surge de su gusto por el Nápoli del futbol Italiano.

Para dicha época, en la que la procedencia de su gran fortuna era desconocida, un proyecto bien pensado creció en manos de unos mil trabajadores y, trasplantó arboles , construyó agos intercomunicados, sistema hidráulico, una pista para aviones medianos, un helipuerto, canchas, parques , y plazas

Pero si de razones legales se trata, el INDERENA (Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables) le concedió la licencia de ingreso de animales exóticos al país. Todo, según Sánchez, fue legal, “pues él solo era un empresario con dinero”. Aun así, cuando el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) se los decomisaba, no era nada casual que un trabajador de Escobar llegara a los remates a comprar de nuevo a sus pupilos y los regresara a la finca. Sin reparos legales, los oficiales de la base aérea de Palanqueros, ubicada a unos pocos kilómetros de allí, vieron aterrizar cuatro hipopótamos en un avión Hércules de la segunda guerra mundial, traídos desde el zoológico San Diego, en California.

Una avioneta Piper PA3 que logró robarse la atención de quien pasara por el lugar, y donde se transportó el primer cargamento de coca que entró a EEUU. A su vez, tuvo en exhibición un carro que muchos aún piensan que era el de Bonnie and Clyde,otros dicen que de Al Capone. Frente a dicho supuesto, Escobar le respondió al periodista a Juan José Hoyos: “eso es pura mierda que habla la gente, ese es un carro viejo que me conseguí en una chatarrería en Medellín y yo mismo cogí una ametralladora y le hice los huecos”.

Visto en la región como un gran ecologista, muchos aun se preguntan cómo a manera de Arca de Noé aparecieron los protagonistas de su sueño. Según Hoyos, especies exóticas herbívoras, como canguros de Australia, dromedarios del Sahara, elefantes de la India, jirafas e hipopótamos de África, búfalos de la pradera de EEUU, vacas de las tierras altas de Escocia, llamas y vicuñas del Perú. Pues tal como lo expresa el periodista José Guillermo Palacio, además del don que acompañaba a su nombre, Pablo tenía otro don especial: convertía en realidad todo lo que soñaba. “La coca mete una jirafa en una avioneta y un elefante en un Renault 4”.

El ocaso de un narcoparaíso

El ingreso de Escobar al mundo de la política en 1982, fue un hecho contraproducente. Si su objetivo era buscar el poder absoluto, el del ministro de justicia Lara Bonilla era descubrir la procedencia de la gran fortuna que amasaba Pablo Escobar.

Inicia de esta manera su protagonismo delincuencial, siendo posiblemente su consentida Nápoles el lugar donde se trazó gran parte del conflicto armado en la región del Magdalena medio y se definió la expansión de grupos paramilitares, afirma el académico y periodista Juan Gonzalo Betancourt, ya que no solo se arriesgó a traer al mercenario Israelí Yair Klein, para entrenar a los paramilitares, si no también fue el lugar en donde supuestamente se reunió con el grupo guerrillero M-19 para planear la toma del palacio de justicia y quemar los expedientes que comprometían al narcotráfico. Además fue el espacio en el que se propicia la tregua entre el M-19 y el cartel de Medellín.

Ramón Isaza, como jefe paramilitar anticomunista, rechazó la presencia del narcotráfico en la región, por ello siempre tuvieron enfrentamientos Escobar establecido en la hacienda e Isaza, en la zona de Doradal; una guerra que, según Palacio, quedó empatada. Se dice que los finqueros de la zona no le perdonaron a Jorge Tulio haber traído la mafia al territorio.

El periodo entre 1988 y 1090 fue una época de la mayor guerra y muerte en Colombia. El Estado, aliado con EE.UU., indudablemente lo buscaría en la hacienda, pero su mente calculadora destinó en Nápoles sus propias rutas de escape. En palabras de José Guillermo, “hay víctimas de víctimas y Pablo se metió con todo, arrodilló al Estado colombiano”.

Hoy es un parque temático

El área de la hacienda comprendía 3.538 hectáreas, teniendo en cuenta que Escobar no hizo englobe de los predios. Catastralmente la mayoría de estos figuraron a nombre suyo y otros en testaferrato, pues en su afán de adquirirlos no hacía trámites legales, por dicha razón se facilitó la expropiación de los terrenos que aparecían a su nombre, equivalentes a 1.244 hectáreas, por lo tanto el 64 por cineto de los terrenos adquiridos por Pablo se encuentran hoy en manos de testaferros que lograron legalizar los predios al momento de la extinción, hecho que para muchos es considerado un botín de guerra. En 1991 la hacienda fue incautada por la policía élite y se estableció allí, posteriormente los abogados del Estado hicieron el proceso de extinción de dominio, un año después de la muerte de Pablo Escobar, esa que fue considerada la única guerra que perdió en contra de los Pepes, organización criminal que ha sido relacionada con el gobierno. En 1994 la hacienda Nápoles pasa a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

Magdalena Torres, técnico forestal de la Umata, asegura que Victoria Eugenia Henao, esposa de Pablo Escobar, apeló en dos ocasiones al Estado para quedarse con la hacienda, pero no lo logró.

Por falta de cuidado los animales empezaron a morir. Los más grandes fueron trasladados a zoológicos del resto del país como Pereira, Cali y Barranquilla; los hipopótamos fueron los únicos que no pudieron ser capturados. Una de las primeras resoluciones era entregarle los predios al municipio de Puerto Triunfo de manera provisional. Sin embargo mediante la resolución 0037 del 16 de diciembre del 2005, ese municipio quedó a cargo definitivo de 765 hectáreas, después de presentar proyectos productivos justificables que se podrían llevar a cabo en dichos terrenos. A través de las Naciones Unidas estudiaron el apoyo a los desmovilizados con el cultivo de ají, beneficiándose las familias de los mismos y también desplazados de esa comunidad. Además, 299 hectáreas fueron destinadas al ministerio del Interior y de Justicia para la construcción de una cárcel de máxima seguridad.

Aún después de muerto el capo, sus tesoros daban de que hablar y la hacienda se convirtió en el blanco de los saqueos que buscaban inútilmente caletas y dinero que nunca encontraron, dejando en ruinas lo que un día la ambición de Escobar levantó. Por esas y otras razones el municipio de Puerto Triunfo se vio imposibilitado para controlar los daños ocasionados en la hacienda, motivo por el cual realizó un contrato de arrendamiento con la firma ATECSA por 20 años, una empresa familiar de la ciudad de Medellín, reconocidos en la región hace más de 30 años, por tal motivo no se hizo proceso de licitación, puesto que si se abría una, serían los narcos los que tratarían de quedarse con las tierras. ATECSA se compromete a entregarle al municipio el 10% de las ganancias. La entidad privada bajo el nombre de Parque Temático Hacienda Nápoles ha pretendido crear un gran atractivo turístico que no tendría la misma efectividad si se le hubiese cambiado el nombre a la hacienda. Oberdam Martínez, su administrador, reconoce que es el peso histórico de la vida de Escobar lo que atrae al turista. El periodista Germán Castro Caycedo opina al respecto: “utilizan un ángulo depravado de la historia para hacer negocio, con la misma verraquera pueden promover el parque sin hablar de Nápoles”.

Una de las temáticas principales del parque, aparte de los safaris, es mostrar la casa principal como un museo a la memoria de las víctimas de la narco guerra, esa que hoy se encuentra en ruinas y en la que se exhiben los delitos cometidos por el antioqueño. No pretende reconstruirse, hecho polémico que arroja pensamientos como el de José Guillermo: “debieron haber reconstruido la casa con dineros legales y darle la plata a las víctimas, lo que hicieron hace parte de un discurso político. El gobierno debió ser absolutamente pulcro, respetuoso… construir el gran parque que pudo haber soñado ese señor y con dineros legales ayudar a las víctimas, uno no le va a devolver vida a nadie pero sí la posibilidades de reencontrase con la vida”.

Camino a la resistencia en la Comuna 13

La comuna 13 de Medellín, a partir de la Operación Orión, se ha enfrentado a la estigmatización creada por los medio de comunicación, los cuales se han encargado de hacer énfasis en los contados sucesos que opacan las actividades positivas del lugar y aunque no se quiera negar la presencia de los enfrentamientos.

Daniela Sthephania Castaño Lasso.

lalocadelaoscuridad@hotmail.com

 Jennifer Andrea Vasco.

yeni008@hotmail.com

 “¿Que han oído de la 13? ¿Qué es el barrio más caliente?

Mucha publicidad, nos visitó hasta el presidente
Las casitas de bla bla  son llamadas invasión
El barrio cambió su nombre por operación Orión
                                                                                     
¿Que recuerdan de la 13? Plomo de arriba pa´ bajo
No recuerdan a su gente ni el dolor que eso les trajo
Pero claro! no hablan si no las cosas malas
En vez de mostrar artistas muestran cocas de las  balas
No reflejan las virtudes de la gente emprendedora
Publican mejor humor, entrevistan madres que lloran
No es lo que uno quiere ver es solamente lo que le muestran!”

Estas estrofas, hace parte de la canción “Esta es la 13” del  grupo Esk-lones  pertenecientes a la Comuna 13, la cual no siempre ha sido un territorio peligroso. Hace  aproximadamente un siglo se vivían de la agricultura, la alfarería y las mujeres del barrio eran lavanderas. “La historia acá es muy linda, pese a las dificultades de la gente. Por ejemplo era espectacular el entrar en la ribera y escuchar los cantos de las lavanderas  que se ocupaban de lavar  la ropa de los sectores pudientes, pues lo hacían cantando,”,cuenta  Marco*, de la corporación Corapás.

Más adelante, en la década del 50 comenzaron a producirse asentamientos por la venta de lotes de manera ilegal. Entre 1978 y 1980 se dio el más grande poblamiento en el sector, e fue nombrado como la más grande invasión de latinoamérica por ser espontánea y heterogénea. Aunque este poblamiento fue ilegal y no fue aceptado por el gobierno, encierra una gran historia de fuerza y persistencia por parte de  los pobladores, los cuales eran ciudadanos pobres que buscaban un hogar que el gobierno no les brindaba. En esa lucha las mujeres se hacen protagonistas: “Son las primeras en conformar comités de vecinas para hacer todo ese trabajo de mejoramiento y  adecuación, casi todas hicieron caminos porque era un lodazal, había que subir  y ¿cómo subir? Entonces ellas construyeron caminos a punta de empanadas. Un trabajo muy invisible que cuando usted habla de la comuna 13, no se nombra”, dice Amparo Sánchez de Corporación Región.

Corredor estratégico

Debido a su ubicación geográfica, la comuna, que limita con Alta vista, San Cristóbal y San Antonio de Prado, corregimientos de Medellín, es corredor directo hacia la zona de occidente, lo que la convierte en un punto  estratégico  para  el transporte de armas y de estupefacientes, además de su cercanía con Santa Fe de Antioquia, donde se encuentra la ruta de occidente, tan importante que se ha convertido en una pelea entre distintos grupos armados.

Actualmente la comuna 13  es considerada  una de las zonas más violentas del país. Según estadísticas obtenidas mediante un análisis ralizado por el Observatorio de Derechos Humanos y Conflicto en Antioquia del Instituto Popular de Capacitación (IPC). Entre enero del 2009 y febrero de 2011, en Medellín han perdido la vida de manera violenta 1.982 jóvenes, de los cuales cerca del 30% se efectuaron en la comuna.

Homicidios y actos delincuenciales ocurren en todos lados, pero los medios de comunicación se han encargado de marcar la comuna 13 como un lugar de guerra, dejando a un lado los hechos valiosos y las personas que realmente la conforman. Recurrentemente se muestran acciones, como la  operación Orión y Operación Mariscal, junto con los estragos  que estas causaron. “La comuna 13 tiene 134.000 habitantes y realmente los grupos armados de los sectores en conflicto, no representa el 1 por ciento de la comuna 13, son pequeños focos, pequeños sectores armados que generan ruido. Los medios de comunicación también han contribuido a que esa imagen sea la que se esté vendiendo hacia el país y el mundo”,  cuenta  Marco.

Otra cara, otras voces

Las fundaciones, aunque no nacieron a raíz del conflicto, tienen gran importancia ya que han hecho, como ellos lo dicen, “firmeza a la violencia”  que los fue envolviendo. Y aunque no se niega la existencia de los enfrentamientos que afectan al lugar, tampoco es algo tan alarmante como se muestra en los medios.

Un lugar seguro para llegar es Corapás, fundación que nació en el año 2000, con el interés  de los líderes por unir las organizaciones barriales, juntando los grupos juveniles, la tercera edad, madres comunitarias y la realización de un canal de televisión, para que los jóvenes realicen programas sociales. ”Hemos hecho una resistencia al conflicto porque a pesar de las dificultades nosotros mantenemos este espacio abierto,  en la comuna. Pienso que hemos hecho un trabajo muy bonito al lograr que la gente venga acá y se beneficie”, cuenta Dairo Giraldo, director de la Corporación.

Milton*, habitante de la comuna, resalta que lo bueno de la zona son las construcciones: la cancha sintética, un colegio, el Palacio de Justicia y varias bases militares que son el refugio de los paramilitares, pues afirma que quienes dicen que “eso está bueno” son los que están con los paramilitares. Califica como “podrida” la situación y cree que hasta que no haya una intervención por parte de las autoridades para cortar la corrupción esto no cambiará. Cree que las fundaciones que trabajan allí no funcionan, pues lo que los jóvenes necesitan es trabajo y talleres. “No basta con una capacitación de cada ocho días ¿Qué hacen el resto de semana? Andar la calle para arriba y abajo, mirando a quién pueden robar”.

Las personas que viven en Medellín, por fuera de la comuna como Adriana Buriticá, están de acuerdo en que muchas de las cosas que de allí se dicen son una exageración: “de que hay peligro hay peligro, es en ciertos lugares donde hay que tener cuidado… pero a la comuna 13 se puede entrar y salir tranquilamente”

Este pensamiento  es refutado por Juan Pablo Monsalve, un joven presidente de la junta de acción comunal Villa Laura. “Nosotros como medellinenses nos hemos encargado de que la 13 ya sea una marca violenta, los propios habitantes se han encargado de vender la imagen que ahora posee la comuna”.Juan Pablo tiene la certeza de que si cada habitante se apropia del lugar donde vive, esa imagen cambia, pues considera que están sufriendo lo mismo que sufrió Medellín en los 80 y 90, a diferencia de que la atención está concentrada solo en la comuna, la cual quedó marcada luego de los cinco días de conflicto de la operación Orión. Hecho que los medios se  han encargado de  vender  a Colombia y al mundo, opina Juan.

En la comuna 13 no viven solo ladrones y sicarios, como se cree, de allí son grandes personalidades como la madre de Pacho Maturana, el ex futbolista y  director técnico del futbol colombiano, que llegó desde Chocó al   barrio El Coco. La señora Hilda es un ejemplo de las familias de la comuna que supo conducir a su familia adelante, sacando arena del río para criar a sus hijos y recoger el dinero con el que  compró una casa en este barrio. También hace parte de la comuna Fernandito  Pavón, artista reconocido por su música tropical,  ex cantante del grupo musical “El combo de las estrellas”.

La comuna  13 tiene mucho movimiento artístico, cultural y de organización social para mostrar. Ejercicios de resistencia, como el movimiento hip-hop, grupos como la élite y Esk-lones, grupos de expresión no violentos que promueven un cambio en la comuna. Existen hechos para resaltar que aun se encuentran escondidas detrás noticias sensacionalistas. Existe Son Batá, el cual integra a más de 150 jóvenes divididos en grupo de chirimías, bandas musicales y folclor, gente que quiere demostrar el cambio

Desde la comuna 13 se están promoviendo cambios para desvirtuar las noticias que se difunden. Desde los proyectos de comunicación se vienen construyendo semilleros que agrupan a más de 100 jóvenes, con ocho redes y cinco organizaciones de segundo nivel que hacen un gran entramado social y que buscan a través del plan de desarrollo social formar las buenas condiciones del territorio. Marcoafirma: ”les estamos cambiando esa idea de las armas por las cámaras, por proyectos audiovisuales, por la crónica escrita o radial para que tengan otras posibilidades de expresión y de plantear el territorio en el que viven, con proyección hacia Colombia y el mundo.”

*Los nombres se cambiaron por petición de las fuentes.

Indígenas de Pueblo Rico siguen sin respuestas

Situación de desplazamiento, violación de derechos humanos, poca atención del gobierno municipal y condiciones de vida deplorables, son los reclamos de los representantes indígenas. Autoridades no tienen respuestas o reclaman por la falta de veracidad de las acusaciones.

 

Por: Karla Agudelo Urquijo

César  Augusto Osorno Franco

Kr_la_1@hotmail.com

c3sar_a@hotmail.com

Indígenas de Pueblo Rico siguen sin respuestas

“El problema es que somos fuente y somos medio”, así lo manifiesta Hernando González, Gobernador indígena de Pueblo Rico, municipio del departamento de Risaralda, quien asume el rol de ser el responsable de velar por las comunidades indígenas y sobre los problemas actuales de los resguardos con las  entidades del gobierno.

Marcan las tres de la tarde, los medios de comunicación, los representantes del gobierno y presuntos participantes entran y salen del pequeño salón donde se realiza otra reunión. Los líderes de resguardos indígenas reclamarán, después de varios intentos, una vez más por sus derechos. Esta vez no se conformarán con un no, o con un tal vez, por lo tanto denunciarán todos los actos de violencia que se ha han presentado durante los últimos años, mientras se sigue a la espera de una respuesta de la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional.

En Risaralda es alto el número de casos en los cuales comunidades indígenas se encuentran en riesgo de ser despojadas de sus tierras y territorios, lo que evidencia serios conflictos que se relacionan con intereses de orden económico. El drama de desplazamiento, violencia, salud y educación en Risaralda no se detiene, decenas de familias siguen siendo expulsadas de sus territorios, especialmente en los municipios occidentales, por estructuras armadas que continúan actuando impunemente.

“Silenciar” es uno de los términos que más pronuncian los habitantes, ya que son víctimas del conflicto que se vive día a día y que ha trascendido hasta llegar a la muerte y desaparición de personas. “Acá en mi pueblo sí se han visto actos de violencia, porque hay varias bandas comunes que atracan a las personas, y además se han desaparecido varios individuos en la carretera del pueblo, cosa que nos afecta mucho, ya que el Ejército nos promete seguridad y lo que vemos es inseguridad”, afirma Fernando Chalarca, habitante de Pueblo Rico.

Los habitantes, en su mayoría, se sienten desprotegidos ya que las entidades que brindan  seguridad no cumplen el papel como debería ser. Estas esperan a pase un suceso mayor para poder tomar represalias sobre el asunto. Es así como el Coronel Álvaro Fernando Bocanegra, comandante del batallón San Mateo de la ciudad de Pereira, confronta que la situación de orden público en Pueblo Rico es segura desde hace tres años, además expresa que no ha habido ningún enfrentamiento del Ejército con grupos al margen de la ley en territorios del municipio desde el año 2008.

Rosalba Nakabera, indígena afectada por la violencia, ha decidido romper el silencio y contar sobre la desaparición de su esposo, ocurrida hace nueve años. “Él salió en el año 2002 de la vereda de Minitas a vender panela molida, yuca y plátano a Santa Cecilia para poder comprar el mercado. Él se subió en el bus de las 11 de la mañana y lo bajaron unos encapuchados. Cuando yo salí a buscarlo y a preguntar por él, me dijeron que si era el que vendía la panela, que a él se lo habían llevado… yo no hice el denuncio, me daba miedo”.

Como este caso son muchos, ya que por miedo se callan muchas voces que soportan la humillación y sufrimiento al perder a sus esposos, hijos y padres, como testifica Orlando Querangama,  líder indígena de la comunidad La Loma.

 

Actualmente el conflicto que viven los habitantes con los entes gubernamentales crece de manera drástica, poniendo un contexto en el cual se incrementa la demanda de violencia, conflicto de territorio y desplazamiento de grupos indígenas. De acuerdo con versiones de habitantes de Pueblo Rico y grupos indígenas, el gobierno sólo utiliza estrategias para evadir los temas que generan discordia, aplazando cada vez más las demandas que cada líder antepone para  que el conflicto tenga un fin.

“Debemos ser partícipes del desarrollo, mas no ver pasar el desarrollo”, dijo un poco alterado Jaime Mena Buenaños, alcalde de Pueblo Rico. “No nos sirve de nada, no colabora ni con un vaso de agua, solo piensa como todo político en su bienestar, mejor dicho, para él nosotros no somos nada”, dice Fernando Chalarca, habitante de Pueblo Rico.

Comunidades indígenas contra Alcaldía de Pueblo Rico

“No ha hecho nada, esta administración no ha hecho nada para el pueblo”, afirma José Alba García, habitante de Pueblo Rico y principal opositora del Alcalde Buenaños. Es así como muchas voces especifican que el Alcalde de Pueblo Rico, Jaime Mena, no se esmeró por proteger a sus habitantes, que lo único que realizó fue sacar mil disculpas para poder tapar los verdaderos actos de su administración. “Yo tengo un problema con unos indígenas desplazados de La Soledad, se le ha pedido el favor al señor Alcalde por medio de videos, como también a la Personera y no hacen nada, no colaboran para nada”, manifiesta García.

“Nosotros vinimos porque un volcán se derrumbó en mi casa y por eso nos vinimos a esta casita, y el Alcalde no nos ayudó ni un poco, el gobierno menos, y le decimos a Jaime que nos ayude y que más tarde, y por eso yo no subo por allá porque siempre me dejan sin nada”, asegura Raúl Charichy, afectado por la catástrofe natural.

 

Buenaños reitera que la situación en el municipio, con respecto a los indígenas, es un poquito más complicada en relación a las demás personas de la comunidad, no obstante, ellos al menos pueden recibir recursos que envía el Estado por el sistema general de participación. “La población campesina es pobre, las condiciones de vida son deprimentes, nosotros como Alcaldía los ayudamos en todo”.

En la reunión de Mesa de Organizaciones Sociales y Derechos Humanos, el Comité Regional Indígena (CRIR) presentó a las autoridades civiles, militares y otras entidades estatales, las siguientes consideraciones con el ánimo de aportar elementos a la discusión para implantar una estrategia que brinde condiciones de seguridad y garantía a defensores y defensoras, y a líderes sociales en el desarrollo del trabajo a favor de los derechos humanos en Risaralda.

“Llevamos más de 10 reuniones presentando los mismos casos de violencia, pero parece como si sólo vinieran a sentarse a escuchar y no poner cuidado a lo que necesitamos saber”, exclama Hernando Aguirre, representante ante el gobierno por los grupos indígenas.

 

Es un caos al escuchar todas las demandas que se presentan en Risaralda y más en la parte occidental, otra vez el gobierno no tiene explicación de los sucesos ocurridos en estos territorios. Aguirre lee con mayor cuidado todos los actos de violencia que se han presentado en los dos últimos años. En el lado izquierdo, donde están ubicadas todas las entidades del gobierno, se ve la incomodidad, ya que no tienen cómo responder a  dichas demandas. “Fuimos acusados hasta de corruptos”, es así como se expresa el Coronel Bocanegra al llegar al batallón San Mateo de Pereira.

“El gobierno lo único que hace es posponer las respuestas que pedimos con mayor respeto”, comenta Alberto Guazorna a su amigo Guillermo, integrante de la etnia indígena Embera Chamí.

Pasan cinco horas, con las mismas discordias, malentendidos, sugerencias y no se llega a ningún acuerdo. Es allí donde se escucha por primera vez la voz del Defensor del Pueblo Luis Carlos Leal, admitiendo que esta reunión una vez más ha sido desperdiciada, proponiendo así a los entes del gobierno y líderes de resguardos indígenas que se reunieran el 1 de junio, para así entablar por fin una solución a todas las problemáticas que se enunciaron.

El desplazamiento forzado y la violación a derechos humanos en el municipio de Pueblo Rico, se producen en un contexto de conflicto armado. La población, los indígenas y demás habitantes callan ante la problemática del entorno, como pasó en los años 80 con la llegada del M-19 al municipio. Esta guerrilla despojó y arruinó a miles de familias, trayendo disputas en territorios indígenas, obligándolos a huir a lugares desconocidos, es lo que dice el sociólogo Luis Adolfo Martínez en su libro “Conflicto, Desarrollo y Derecho a la Vida”.

Demandas, súplicas y  rezos es lo que hacen con mayor fervor los líderes de los resguardos afectados, dirigiéndose a los entes del gobierno, pero todo pareciera quedar en promesas, sin lograr alguna solución.

Trabajo de Tras la cola de la rata promovido por Consejo de Redacción

“Payola: El que paga, pega en la radio” un trabajo de Daniela Ramírez Bermúdez publicado en este medio ha sido promovido por Consejo de Redacción.

 

http://www.consejoderedaccion.org/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=344

Uno de los primeros trabajos que revela una situación que se maneja ‘por debajo de cuerda’ y que para muchos es desconocida. Se trata de la llamada “payola”, es decir, los pagos que realizan productores o dueños de disqueras a los programadores o directores de radio para que pongan a sonar los discos de sus artistas.

“CdR resalta el trabajo de este equipo de estudiantes y recomienda seguir su blog como un incentivo para que desde la academia las investigaciones periodísticas sean cada vez más recurrentes y de calidad.»

 VER PUBLICACIÓN ORIGINAL: https://traslacoladelarata.wordpress.com/?s=PAYOLA

VER EN CONSEJO DE REDACCIÓN: http://www.consejoderedaccion.org/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=344