Pereira, un imán para los desplazados

Por: Diana Mariel Bejarano

Luz Nery Machado Pinilla sufrió por los enfrentamientos entre Ejército y guerrilla, ahora cuenta su historia a la orilla del río Consota, en un refugio construido con guadua, forrado con cientos de hojas de periódicos nacionales, que no informan más que tragedias como las que sufrió el día en que fue desterrada de su lugar de origen.

Luz Nery recurrió a su madre, quien ya vivía en Pereira en condiciones de desplazada. Ésta le informó dónde podría construir un rancho para pasar los días. Y el día menos pensado ya vivía en el sector de Caracol -La Curvajunto con su hijo de 1 año, su esposo, una hermana y un sobrino mayor.

Invasión ubicada en la parte baja del Barrio Caracol la curva, por la salida a Armenia.

CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) informa que “en el año 2003, casi 280.000 personas salieron de su lugar de origen, lo que significa que en  promedio 812 personas por día,  abandonaron sus hogares”. De acuerdo con el Gobierno, en Colombia hay 2,6 millones de desplazados, pero según Codhes “hay un subregistro”, es decir, personas que nunca han sido censadas, que puede alcanzar un 30 por ciento del total, lo que llevaría a contabilizar cerca de cuatro millones.

Son muchas las familias  y personas desplazadas que reciben ayudas humanitarias por parte del gobierno o de otras entidades, pero  el desplazamiento es algo que ha incrementado de manera notoria en Colombia.

Según la base de registro único de población desplazada (RUPD al mes de mayo del 2009, el  departamento de Risaralda tiene un acumulado de  43.985 personas declaradas como desplazadas desde el año 1997.

Entre las principales zonas de concentración de población desplazada en Pereira están los Barrios Villa Santana, El Plumón, El Dorado, Galicia, Puerto Caldas y Caimalito.

Los primeros diez departamentos expulsores de población desplazada con recepción en Pereira son:

  1. Antioquia:                  6.906
  2. Chocó:                        6.080
  3. Caldas:                       4.634
  4. Valle:                           3.796
  5. Caquetá:                     2.378
  6. Tolima:                       2.267
  7. Meta:                           1.196
  8. Putumayo                  1.076
  9. Cauca:                            868
  10. Nariño:                           577

Como las principales causas del desplazamiento se han podido identificar desplazamientos causados por la guerrilla, amenazas directas o generalizadas y en casos aislados por reclutamiento de personas.

Violencia tras violencia

Adicionalmente se presentan movilizaciones generadas por la presencia de grupos delincuenciales al servicio del narcotráfico, como Los Rastrojos y Los Machos, específicamente en el Valle del Cauca.

Según el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), en un reporte de febrero de 2008 hecho a  CODHES, para el año 2007 Pereira estaba entre los primeros 101 municipios más afectados por el desplazamiento forzado con una totalidad de 7.521.

 Según  cifras de CODHES, el departamento de Risaralda ha presentado un incremento en deslazamiento a partir del año 1999, cuando tenía una cifra de 2.227 desplazados, pero para el reporte hecho en el año 2007, Risaralda tenía 5.498 desplazados, cifras que han incrementado en la actualidad.

Según estadísticas de Acción Social, Pereira, tiene un acumulado de 27.078 desplazados, equivalentes al 6,6% de la población total de la ciudad.

Los niños son los más afectados en la problemática del desplazamiento. Son aproximadamente 412.500 niños que huyen con sus familias por presiones de diversos actores armados.

El hecho de que Pereira sea una ciudad receptora de población desplazada trae algunas repercusiones para la ciudad, como lo afirma el sociólogo de la universidad de Antioquia Alberto Hugo Soto Hurtado, la principal consecuencia que trae  el desplazamiento masivo es la violencia.

Según Soto, esto se debe al desempleo que traen consigo los desplazados cuando se movilizan de su lugar de origen.  “Recién llegan a la ciudad se ven afectados por el desempleo, por la falta de ingresos, pero también por el rechazo por parte de la ciudadanía. Son estos los principales  motivos de la existencia de pandillas que ocasionan los atracos a mano armada, el sicariato, la prostitución, el consumo de sustancias psicoactivas y son todas estas cosas las que terminan afectando a la ciudad”.

Pereira es mirada como una zona en la que se puede emprender una nueva vida, ya que su aspecto comercial, agrícola y de desarrollo general es algo atrayente para aquellas personas que han tenido que dejarlo todo a causa de la guerra u otros motivos.

Uno de los principales atractivos de Pereira como ciudad receptora es su ubicación geográfica. “Estamos en un lugar estratégico en el centro del país. En el corazón de Colombia”, afirma el sociólogo Oscar Arango Gaviria. Según éste, el conflicto armado que vivió el Eje Cafetero en los años noventa fue una de las causas fundamentales para que muchas personas de la misma región decidieran reiniciar sus vidas en Pereira.

 Esto lleva a encontrar algunos efectos “agridulces” en los que cabe el hecho de que la ciudad no está preparada para recibir oleadas de gente.  Es aquí cuando la ciudad debe ofrecer apoyo, tanto social como psicosocial. “Los desplazados deben ser atendidos como lo ordena el gobierno, aunque eso cause empobrecimiento a la ciudad”, dice Gaviria.

Son muchas las familias que encuentran en el departamento de Risaralda una solución al problema del desplazamiento. Aunque las autoridades competentes no tengan los recursos suficientes para atender esta cantidad de personas, la ciudad tiene una oferta institucional para desplazados que consiste en brindar ayuda humanitaria que incluye la pronta solución de su problema como desplazado, la reunificación familiar, incluyendo el retorno a su lugar de origen.

Pero más que esta oferta institucional, existe otro motivo por el cual la población desplazada  se viene incrementando de  manera notoria en los últimos años. Parte de esta población decide refugiarse en Pereira por el hecho de que existen personas que sirven de anclaje para su reubicación. Ya sean familiares, amigos o conocidos, quienes dan indicaciones  del cómo llegar y en dónde ubicarse.

Aunque se diga  que Pereira es una ciudad comercial, que hay oportunidad de salir adelante, no hay posibilidades que favorezcan a todos aquellos refugiados en la ciudad, pues muchos se ven en la obligación de buscar trabajo por fuera de la región para el sostenimiento económico de su familia.

Esto sucede con la familia de Yancy Lorena Machado, una joven de 20 años proveniente de Santa Cecilia, Risaralda. Ella a sus diez años de edad se vio obligada a salir de su pueblo con el que seguiría siendo su pareja y poco después tendrían cinco hijos.

“Nos vinimos por miedo a que la guerrilla nos matara al igual que  muchas otras personas”. La alternativa económica en Pereira fue escasa para sostener a cinco pequeños, por lo que su esposo se vio en la obligación de salir de la región y trabajar como vendedor ambulante. De este modo los visita una vez por mes llevándoles lo poco y nada que puede conseguir y dejando que ellos se defiendan, pues cada quien intenta ayudar con lo que más pueda.

El 55% del total de la población desplazada por violencia en Colombia es menor de 18 años.

Esta pareja –al igual que muchos otros- ha sufrido el rechazo de algunos por el hecho de ser desplazados. “A veces uno busca trabajo, se presenta como desplazado y lo desprecian, se busca alimento y nada. Nosotros no tenemos agua, nos la regala un vecino, se pasan muchas humillaciones, lavamos la ropa en el rio Consota. Aunque ya estamos registrados como desplazados, no nos ha llegado ninguna ayuda por parte del gobierno”.

Otro es el caso de María –como prefiere ser llamada-, quien a causa de las constantes amenazas y matanzas  por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un día a las 12:00 m. fue desterrada de sus tierras, a través de agresiones físicas, subida en una avioneta, en embarazo de su última hija (Yulieth) y en compañía de su esposo y demás hijos.

Ella recuerda con rencor el día en que el alcalde del pueblo los envió en una avioneta, con una carta que los identificaba como víctimas del desplazamiento forzado a un viaje del cual ellos ignoraban ruta y destino. Durante el trayecto se dio cuenta que hacían escala en Villavicencio, Bogotá, hasta Pereira.

 Ahora, cinco años después, tras haber recibido un par de colchonetas, dos mercados y cobijas, sigue esperando la ayuda del gobierno, mientras sus hijos crecen bañándose en las aguas turbias del río Consota.

Puerto Boyacá no se desmovilizó

¨Mirando  la historia de la desmovilización y de la lucha,  nosotros no fuimos vencidos¨, alias “Botalón”
 
Por:Luisa Fernanda Duarte Arcos  

luisitad28@hotmail.com

Para Jaime Arias, comandante del grupo Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) en Puerto Boyacá,  participó de este proceso reinsertando a más de 700 hombres pertenecientes al Bloque Puerto Boyacá de las Autodefensas Unidas de Colombia, en la vereda El Marfil, jurisdicción del área rural del municipio de Puerto Boyacá. Con la desmovilización de 742 hombres y la entrega de más de 360 armas, se escaló el primer peldaño para el desmonte total de las Autodefensas del Magdalena Medio. El consolidado oficial que entregó en su momento el alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo Ramírez, fue de 742 desmovilizados entre hombres y mujeres, 360 armas, entre ellas 317 pistolas, 52 mil municiones de diversos calibres, 221 granadas y 150 radios portátiles.

En este municipio de Boyacá se gestó un modelo de paramilitarismo que dejó, en más de tres décadas de violencia, alrededor de cinco mil víctimas, entre líderes campesinos, militantes de la Unión Patriótica, maestros, sindicalistas, mujeres y niños.

El grupo paramilitar de 742 hombres que se desmovilizó junto a Arnubio Triana, alias “Botalón”, el 29 de Enero de 2006, fue la herencia de los grupos paramilitares  nacidos en los ochenta en el Magdalena Medio. Los  primeros “paras” de esa región fueron comandados por Gonzalo y Henry de Jesús Pérez y luego por el oficial del Ejército Luis Antonio Meneses, alias “Ariel Otero” , que posteriormente recurrieron a la  desmovilización en diciembre de 1991. También ya es público que estos paramilitares tuvieron a varios miembros  de las fuerzas militares como cómplices y que se sabe que fueron entrenados por mercenarios israelíes como Yaír Klein.

Desde la cárcel de Itaguí, “Botalón”, nacido en Yacopí, Cundinamarca en 1967, fue jefe desde 1994 de las Autodefensas de Puerto Boyacá, dirigió un grupo de diez frentes que delinquieron en la región y en municipios de Santander con la pretensión de estar combatiendo a la guerrilla.

“Botalón” fue conocido como el hombre más sanguinario y despiadado de las autodefensas, reconocido por sus innumerables masacres en el país. Este frente se especializaba en el robo de combustible, en la  conocida vacuna adoptada como ingreso para la subsistencia de los frentes armados

La captura de tres miembros desmovilizados de las Autodefensas de Puerto Boyacá en el corregimiento de Puerto Romero, con 154 kilos de base de coca, es una nueva señal de la reorganización criminal de los paramilitares, quienes delinquen recurriendo a la práctica de secuestros, hurtos y asesinatos en esa región, responsabilidad que las autoridades atribuyen a desmovilizados. Según el Mayor Hernán Alfonso Contreras Ruiz de la XIV Brigada del Ejército, el pasado 13 de febrero tropas de la  Brigada, en conjunto con agentes del CTI, encontraron y desmantelaron un laboratorio para el procesamiento de cocaína en el corregimiento de Puerto Romero, en el área rural de Puerto Boyacá.

Pero lo que llama la atención es que dentro del grupo de capturados figuran tres desmovilizados: José Isabel Ramírez Mosquera, Ramón Antonio Pamplona Tinoco y Álvaro de Jesús Osorio Quiceno.  Los tres hicieron parte de los 742 ex miembros de las Autodefensas de Puerto Boyacá que se desmovilizaron el 29 de enero de 2006, en la vereda El Marfil.

Los paramilitares que se acogen a los procesos de paz o reinserción, lo hacen por ingresar a la vida civil avalados por el gobierno mas no porque sea una necesidad que tengan las AUC. Porque del mismo modo, existe un Decreto de Ley que fue expedido por el ex presidente Ernesto Samper en 1994 conocida como el Decreto de Ley 356 donde habla sobre la vigilancia y seguridad privada, es decir, estas organizaciones tienen derecho a portar armas y a ser usadas cuando se perturbe la tranquilidad y la seguridad ciudadana.

Decreto que le daba la libertad a las AUC de brindarle los servicios de seguridad y vigilancia privada a quienes puedan ser víctimas de cualquier tipo de alteración alentada por un ente criminal que atente en contra de las personas, la tranquilidad, los bienes propios o terceros y la fabricación, instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada, por ende estas organizaciones tienen derecho a portar armas y a ser usadas cuando se perturbe la tranquilidad y la seguridad ciudadana.

Los ciudadanos colombianos no tienen conocimiento de este Decreto de Ley 356 que le brinda impunidad a estos grupos alzados en armas y donde evidencia el apoyo que le posibilita el Gobierno  a estas tropas, como es el caso de Arnubio Triana, alias ¨Botalón¨, quien se entrego voluntariamente a las autoridades y que pese a su centenar de crímenes y actos deshonrosos desatados por ambicionar el poder  y prefiriendo la violencia, no tenía ninguna orden de captura.

Según el DAS elaboraron un documento basado en las confesiones del ex concejal de Puerto Boyacá entre 1988, el cual había estado vinculado a las Autodefensas desde 1983. Viáfara, unn reinsertado, relata con detalles la participación del Batallón Bárbula en el proyecto paramilitar y su articulación con el político liberal Pablo Guarín, respaldado a su vez por el Ministro de Gobierno de entonces, Jaime Castro, así como su largo trabajo en los proyectos de salud de Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM). Revela la participación en las actividades de Acdegam y de las Autodefensas de reconocidos líderes del paramilitarismo y del narcotráfico de otras regiones, como Gonzalo Rodríguez Gacha, Fabio Ochoa, Fidel Castaño, Víctor Carranza y Pablo Escobar, inició alianza entre las Autodefensas y el narcotráfico en 1985, y la contratación de mercenarios israelíes e ingleses para entrenar a los paramilitares.

La hermana del jefe paramilitar

                                                                   Luz Idalba Duque

En Aguadas, Caldas, en los últimos veinte años han asesinado a más de quince funcionarios públicos, sin contar además secuestros, extorsiones, y también asesinatos de civiles y militares. Y aunque se dice que se acabó la inseguridad, el miedo todavía ronda por sus calles y veredas.

Por: Unidad investigativa Tras la cola de la rata

“¿Para qué tiene que hablar conmigo? ¿Por qué no otro candidato? ¿Por qué una investigación  sobre Aguadas? ¿Usted qué tiene que ver con el municipio? Pues búsquese otro”, fueron los  únicos comentarios de Luz Idalba Duque, precandidata a la alcaldía de Aguadas y hermana de  alias “Ernesto Báez”, jefe paramilitar e ideólogo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)  que negoció con el Gobierno Uribe. De Luz no se sabe nada, nunca da declaraciones y en los    medios no muestra relevancia alguna. Es una candidata de bajo perfil por fuera de su tierra  natal.

El 30 octubre son las elecciones territoriales, y aunque aún no se han cerrado las inscripciones,  ya se da por fija la candidatura  por parte del Partido Conservador de Luz Idalba Duque,  reconocida docente que  ejerció como alcaldesa en años pasados.  Luz es hermana de “Báez”,  pero también es la máxima líder que ha tenido Aguadas en los últimos años.

Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, nació en Aguadas en 1955, y en  el 2005 fue condenado a 67 meses de prisión por ejercer presión e intimidar a dirigentes de su propio municipio, además de concierto para delinquir. Mientras el paramilitarismo iba tomando mayor fuerza en el país a finales de los setenta y principios de los ochentas, Iván era militante del Partido Liberal. Fue alcalde del municipio de La Merced en Caldas, y luego trabajó en las Empresas Públicas de Manizales.

En 1982 fundó la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam), “una fachada legal de los paramilitares en esa región”, según la Agencia Prensa Rural. Varios ex integrantes de éste grupo crearon en 1989 el Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), pero el experimento fue fugaz, dados los enfrentamientos que no paraban entre los narcotraficantes que lideraban los grupos paramilitares de la región. Seguido a esto, Duque fue concejal en Puerto Boyacá, considerada la cuna del paramilitarismo en el Magdalena Medio.

Desde ese entonces Iván tenía relación con los hermanos Castaño (paramilitares antioqueños) y los grupos armados ilegales que se crearon en diversas partes del país. Luego, aprovechando la consolidación económica y política de estas relaciones, creó junto con Carlos Castaño las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo subversivo al que también pertenecieron Salvatore Mancuso, alias “Santander Lozada”, y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, quienes fueron extraditados a Estados Unidos.

Prontuario de un exalcalde

Iván Roberto es capturado en 1994, sindicado por creación de grupo paramilitar y vinculado con  varios homicidios, incluidos los de Jairo Hernández, concejal de Puerto Boyacá y el de Francisco de  Paula López, del Partido Liberal de Aguadas. Ese mismo año, Luz Idalba ejercía por primera vez en la  Alcaldía, en el periodo entre 1994 y 1996. En 1997 Iván fue condenado a 13 años de prisión. Cuando  sale de la cárcel entra a la clandestinidad con el alias de ‘Ernesto Báez de la Serna’, tomado de Ernesto  Guevara de la Serna, alias el “Che Guevara”, de ideología contraria a la fomentada por las AUC.

Aguadas es punto clave del corredor entre el occidente de Risaralda y Caldas por donde los grupos  armados ilegales transportaban armamento y secuestrados. Esto favoreció que un pueblo de 21.582    habitantes y con un presupuesto total de 23.718.122 pesos, se convirtiera en escenario de secuestros,  extorsiones, asesinatos de posibles auxiliadores de la guerrilla, imposición de horarios de cierre de  negocios, cobro de vacunas para algunos productos y crímenes de todo tipo.

Antes de 1998, el frente 47 de las FARC tenía total dominio sobre la zona, pero para el 2000 la  presencia de los paramilitares aumentó con la llegada del Bloque Cacique Pipintá, el cual nació a partir  de un movimiento estratégico del BCB (Bloque Central Bolívar) de las AUC para hacer presencia en  Caldas y del cual Báez era la cabeza.

Desde su desmovilización en el 2005, Báez sólo ha aceptado cargos por concierto para delinquir, en su versión libre. Aunque se le acusa de varios asesinatos violentos ocurridos entre 1997 y 2004 a dirigentes políticos, indígenas, sindicalistas e incluso el del alcalde de Aguadas en el 2003, Iván Rincón Henao, del Partido Conservador, en trece jornadas de versiones libres Iván Roberto Duque no confesó delitos graves, con lo cual pierde el beneficio de la ley de Justicia y Paz, un marco jurídico promovido para facilitar la desmovilización de los paramilitares y que ofrece penas de 5 a 8 años por delitos graves para quienes confiesen.

Una familia con respaldo político

“Que a Ernesto Báez lo juzguen los entes a los que les corresponde, se respetan las decisiones, pero doña Luz Idalba tendrá todo el respaldo de nuestra organización, es una excelente candidata, transparente, confiable, con un gran sentido de pertenencia por lo que es la familia”, repite sin miedo y confiado el presidente del directorio departamental del Partido Conservador en Caldas, Carlos Emilio Serna.

En cualquier caso, Báez y su familia han estado vinculados por años a la política de la región, práctica que parece ser la debilidad del exjefe para, pues fue el primero de los nueve hermanos en incursionar en política. No solo Luz Idalba ha estado detrás de la alcaldía de Aguadas, pues varios de los hermanos Duque Gaviria han tenido algún cargo de representación política: César quiso reemplazarla en el 2007, pero solo llegó a precandidato; Rubén Darío fue asesor del Concejo de Manizales en temas de planeación y recursos humanos y anteriormente había renunciado a su aspiración a la Asamblea de Caldas por “razones personales”; y Blanca Dilia, que fue asistente  de la congresista Dilia Estrada en la unidad de trabajo legislativo, luego trabajó con Miguel Ángel Rangel Sosa, segundo renglón de Alfonso López Cossio, contrato que desapareció de los documentos de la Cámara, tras una sospecha de la Corte Suprema sobre nexos con las autodefensas.

Enfáticamente, cada uno señala que sus actividades políticas nada tienen que ver con su hermano Iván Roberto Duque Gaviria, que han elegido un camino muy distinto al de su hermano y no deben ser juzgados por sus acciones que nada tienen qué ver con ellos

Historial de crímenes políticos

Con el asesinato del congresista del Partido Liberal Oscar Gonzáles, en el 2005, se evidenció la  influencia que tiene ‘Báez’ para manejar las situaciones en Aguadas, pues acusó como  responsable del hecho a Óscar Diego Trujillo, alcalde de turno, además de amenazarlo, situación  que lo llevó a viajar a Manizales por su protección.

Así como este líder político asesinado, en los años siguientes se realizan en Aguadas crímenes  selectivos, varios de ellos dirigidos contra integrantes del Parido Liberal. Como los casos de  Romelia Martínez de Mejía, Francisco de Paula López, Fabiola Ospina Arias, todos ellos  concejales del partido rojo.

Según el secretario de gobierno del departamento de Caldas, Henry Murillo, “los grupos al  margen de la ley que militaban en esa zona del departamento, las AUC y el Bloque 47 de las  FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), fueron desmantelados completamente en el mandato del gobernador actual Mario Aristizábal”. Sin embargo, el asesinato del personero municipal Azael Ricardo Arias Loaiza, el 14 de enero del presente año, el cual pertenecía al Partido Liberal, sigue sin esclarecerse y la recompensa de $10 millones que ofrece el gobierno aún  no es suficiente para dar con los responsables.

A  pesar de que ‘Ernesto Báez’ es uno de los principales responsables de los hostigamientos en la historia de Aguadas, Jorge Iván Giraldo, presidente de la junta directiva de la Casa Liberal Oscar González, dice que Luz Idalba se ha destacado por ser una líder con gran sentido de compromiso que de igual manera ha sido un personaje de trayectoria en el ámbito político. Sin embargo, admite que en el Partido Liberal no concede aval a las personas que tengan nexos o grados de consanguinidad con personas involucradas en este aspecto, “pero que será un tema de discusión y análisis que solo le corresponde al Partido Conservador”.

Conrado Vargas, concejal del Partido Liberal, justifica su apoyo a la candidata pues Aguadas, siendo un pueblo tradicional con dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador, está ahora bajo el mandato del Partido de la U, partido que llegó al municipio para las elecciones pasadas, y con un ‘votofinish’ le quitó la alcaldía al Partido Liberal. Así Conrado afirma que lo importante es que en la próxima alcaldía se vuelva a la tradición bipartidista.

Tanto César Augusto Gaviria Giraldo, jefe de campaña del partido de la U en Aguadas, como el alcalde actual, Jorge Iván Salazar Cardona, “prefieren guardarse sus comentarios pues la comunidad misma es la que debe aceptar o no su candidatura”. Prefieren hablar sobre el mejoramiento del municipio gracias a la seguridad democrática, y la democracia participativa, donde la comunidad es protagonista de todos los procesos.

“La persona que aspire a la alcaldía por nuestro partido debe demostrar que tiene un cierto grado de liderazgo, y obvio que no tengan nexos con grupos al margen de la ley”,  es para Óscar Jhonny Zapata, concejal del Partido conservador, lo mas importante que debe tener un candidato a la alcaldía. Sin embargo, no considera negativo que Luz Idalba tenga un lazo familiar con un paramilitar:  “me imagino que los opositores verán esta situación como un argumento para mandar algo al Directorio Nacional Conservador y así impedir que le den el aval, pero desde mi punto de vista eso no la inhabilita, porque una cosa es el hermano y otra ella”.

Las elecciones son en octubre, las inscripciones a la candidatura cierran en menos de un mes, y  mientras autoridades como el secretario de Gobierno de Caldas afirman no saber nada del ‘Señor Báez’ y no estar enterado de su proceso, Luz Idalba Duque Gaviria, la hermana de ‘Ernesto Báez’, uno de los ideólogos de las AUC, creador del Bloque Central Bolívar y del bloque Cacique Pipintá, se prepara para su campaña.