Santa Rosa de Cabal, endeudada y con Alcalde desacreditado

Con incertidumbre se teje el destino del próximo Alcalde a causa de los dolores de cabeza ocasionados en los santarrosanos por la actual administración.

 

Por: Estefanía Cardona Tabares –  stefi1793@hotmail.com
Juliana López Villa –  julovi.326@hotmail.com

Por esta época todo visitante se encuentra con una ciudad vestida de campaña política, en donde resaltan los rostros de los candidatos a la Alcaldía Guillermo García Aristizabal, Henry Arias Mejía y Carlos Eduardo Toro Ávila.

Santa Rosa de Cabal es un municipio de Risaralda que cuenta con 67.410 habitantes según el DANE. Su producción principal es el café, es reconocido por sus chorizos y sus atractivos turísticos, entre ellos los termales.

Foto panorámica de la galería de Santa Rosa.

Guillermo García, conocido popularmente como ‘Pandero’,  es el candidato que representa la coalición de los partidos Conservador, Liberal, Verde y de la U. Es abogado egresado de la Universidad Libre Seccional de Pereira, con postgrados en derecho administrativo y ambiental.

Entre sus experiencias profesionales está el haber sido personero municipal y Alcalde (1996-1999) por el partido Conservador, periodo en el que fue elegido como el mejor alcalde de Risaralda por la Cámara Junior de Colombia.

En su periodo de alcaldía realizó diferentes proyectos como los restaurantes escolares, construcción de diferentes calles del municipio, programas de bienestar para el adulto mayor, adquisición del lote para la sede de Empocabal ESP EICE, entre otros.

Guillermo García, candidato a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal por partido Conservador

Sus  prioridades en las propuestas de su plan de gobierno son principalmente recuperar el liderazgo regional que ha tenido Santa Rosa y también recuperar los bienes públicos que se han perdido a costa de la mala administración del municipio en los últimos años, según dice García.

Aunque muchos ciudadanos temen de que García siga con la misma línea política del cuestionado actual mandatario, por pertenecer al mismo partido del alcalde Alejandro Martínez Tabares (investigado por los organismos de control y con baja favorabilidad), responde que no está con él, enfatizándolo así: “Yo no puedo cargar con el muerto que tiene actualmente la administración”.

Otro de los candidatos es Henry Arias Mejía, quien está avalado por el partido Cambio Radical, egresado de la Universidad Seccional Libre de Pereira, como economista y Magister en Finanzas y Mercados Financieros.

Como profesional ha sido concejal del municipio (2001-2003), empresario, comerciante y asesor económico de empresas privadas del municipio, entre otros.

Arias, dentro de su plan de gobierno, le suma importancia a generar empleo, pues según él casi el  55% de los ciudadanos no tienen empleo y viajan diariamente al área metropolitana entre 20 y 25 mil santarrosanos para poder trabajar.

Aunque Arias es consciente de que la competencia no está fácil debido al reconocimiento de los otros dos candidatos en su trayectoria como alcaldes, no se siente amenazado por esto, ya que expresa que ambos fueron “alcaldes mediocres” en sus administraciones. Y no sólo han sido estos candidatos, pues a él le parece que Santa Rosa nunca ha tenido un alcalde bueno, dice que todos han sido personas “mediocres” y “miopes” carentes de una visión a largo plazo, en donde han gobernado para una “élite” y una “rosca”.

Henry Arias Mejía, candidato a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal por Cambio Radical.

El último de los candidatos es Carlos Eduardo Toro, quien está inscrito por medio de firmas. Su principal apoyo es la ASI (Alianza Social Independiente). Toro a su vez pertenece al movimiento llamado Unidos por Santa Rosa, el cual lo compone la ASI junto con el Polo Democrático y el PIN (Partido de Integración Nacional).

En su trayecto profesional este abogado de la Universidad Libre ha sido concejal del municipio (2001-2003), Alcalde del mismo (2005-2007).

En su alcaldía realizó varias gestiones, entre ellas obtener la acreditación del Hospital San Vicente de Paul siendo la única IPS-EPS acreditada en el eje cafetero, recuperación de malla vial y construcción de pavimentos.

Su propuesta principal se centra en arrancar muy fuerte con la educación puesto que para él es preocupante el descenso que ha tenido este campo después de su periodo como Alcalde y también el tema social, convocando principalmente a los jóvenes y adultos para que con pocos recursos impacten al municipio.

De los tres candidatos, Toro es el que menos publicidad ha tenido, y él mismo acepta que esto es debido a un no tan buen manejo propagandístico en su campaña. Esto no ha sido un impedimento para que los santarrosanos no lo tengan en favoritismo, pues como expresa él “yo estoy metido en la cabeza de la gente, son los campesinos los que recuerdan a Carlos Eduardo Toro voleando pala en una carretera con ellos…”.

Toro también cree que Alejandro Martínez se ha equivocado en su administración, y aunque García afirma que no está con Alejandro Martínez, Toro por el contrario dice que García, a pesar de ser una excelente persona y un buen amigo, es el candidato del alcalde actual y además sostiene que  “la gente que le ha hecho daño a Santa Rosa de Cabal, al presupuesto, al patrimonio del municipio están con Guillermo García Aristizábal”.

Ahorros, patrocinios y bazares

Cuando se indaga para aclarar los orígenes de la financiación de las campañas, son estas las palabras que normalmente se escuchan entre los candidatos, pues aunque el monto de la inversión que ha realizado cada uno en su campaña difiere, el modo de financiarla ha sido muy similar.

Carlos Eduardo Toro. candidato a la alcaldía de Santa Rosa de Cabal por partido ASI.

“Los recursos que me he gastado han sido recursos propios, de producto de los ahorros de toda una vida”, así define Arias la manera en que ha financiado  su campaña. Por su parte García dice que su campaña ha sido cubierta por medio de bazares, bingos, apoyo de comerciantes y pequeños empresarios que le suministran ayuda monetaria y de alimentos para las actividades de sus campañas, venta de bonos llamados “Para la campaña de Guillermo” y con un crédito que solicitó a un banco. De una forma muy similar, Toro ha sacado su campaña adelante, él expresa que básicamente es un esfuerzo del pueblo santarrosano, pues son ellos quienes reclaman un CD con el logo de su campaña y lo imprimen o por otro lado quienes le apoyan aportándole algo de dinero.

Señales de alarma por deuda

Aunque un artículo publicado en la página oficial de Santa Rosa dice que el municipio recobra su buen manejo financiero, según el Departamento Nacional de Planeación; no es esto lo que piensan los habitantes, pues la incertidumbre entre ellos es la deuda que deja la administración del actual alcalde, quien para Rosa Elvira Arenas, habitante de Santa Rosa, es “una porquería” y justifica su expresión afirmando que se han visto muchos casos de corrupción dentro de la administración, que este también dejó el municipio empeñado en miles y miles de millones y que en este momento quien reciba la alcaldía tendrá que pagar una deuda muy grande.

Los candidatos también muestran cierta preocupación frente a la deuda que presenta Santa Rosa. Esta deuda es explicada por los tres candidatos de la siguiente manera:

  • Se deben alrededor de 7.900 millones de pesos por concepto de SGP (Sistema General de Participación), que comprende agua potable y saneamiento básico.
  • Se deben aproximadamente 3.000 millones de pesos por empréstito que se realizó y es pagado con recursos propios del municipio.
  • Y se deben más o menos 2.800 millones que tienen que ver con la empresa Empocabal.

La cuestión es ¿cómo los candidatos piensan desarrollar sus propuestas si no hay dinero para recursos en el municipio?

Aunque García frente al problema expresa “pero si usted mira, la cosa no es tan grave como usted piensa”. No es indiferente, al igual que los otros dos candidatos a que la solución más factible es hacer mucha gestión creando proyectos que sean viables no sólo para el plan de desarrollo municipal, sino también nacional.

La mayor duda que le queda a los santarrosanos es ¿será que solo con gestión podrá el próximo alcalde cumplir con su plan de Gobierno? Es una inquietud que solo se podrá resolver durante el periodo del próximo alcalde.

Rumores y supuestos es la situación ambiental de Santa Rosa

Santa Rosa de Cabal es un municipio turístico de Risaralda, caracterizado por su riqueza ambiental e hídrica. Hoy se encuentra en peligro de perder gran parte de estos recursos, pues temas como el de la minería no se están tomando en serio. Desinformación.

Por: Julián Andrés Grisales Vásquez (julyan022@hotmail.com)

Juan Camilo Aguirre Garzón (jcas001@hotmail.com)

En la actualidad Santa Rosa de Cabal cuenta con dos zonas de explotación o exploración minera. Una en la vereda El Español -límites entre Marsella, Chinchiná y Santa Rosa- y la otra en reserva Campo Alegre, las cuales llevan tres años en supuesta exploración.

Una de las habitantes de El Español dice “están buscando un mineral más caro que el oro”. Según el contrato de la concesión se pretende buscar, oro, plata, cobre, zinc, plomo, platino, molibdeno y sus concentrados, pero llegado el caso que se encontrara un elemento no incluido en el listado, solo es solicitar el permiso de explotación y se otorgará dicha concesión.

Las concesiones que se han otorgado son un tanto confusas, pues incluso las personas de estos lugares no tienen claridad de quienes son las empresas encargadas de dicha “explotación”. Están ubicadas en El Español, por donde pasa el río San Francisco, y en la reserva municipal Campo Alegre, por la cual corren los ríos Campo Alegrito y Campo Alegre, sistema hídrico que abastece a más de 600 mil personas de los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, Pereira, Chinchiná y Palestina,.

Las actividades mineras implican un importante cambio en el balance entre la filtración del agua en las cuencas, y la cantidad en milímetros cúbicos de aguas lluvias que se recoge, debido a esto se produce una modificación del suelo y también de su vegetación, lo cual trae como consecuencia la erosión de la tierra a gran escala. Pero esto no es todo, el agua de sus cuencas, recorrido superficial y subterráneo, también se contamina, debido a que la explotación minera implica el uso de químicos como lo son el cianuro y el mercurio, en el caso del oro -comenta Angela Fernández, ingeniera ambiental.

En el municipio se ha dicho que en El Español se está explotando, pero la comunidad sigue sin saber quién lo maneja, cómo lo están haciendo y cuánto llevan en este lugar, ya que algunos de los habitantes de este sector rural no saben que esto ocurre. Sin embargo, ha sido un tema que ha generado muchos rumores entre los líderes de la zona urbana del municipio.

Tanta ha sido la incertidumbre respecto al tema, que hasta el candidato a la gobernación Sigifredo Salazar, está en contra de que este sector se “explote” y lo manifestó en un acto de su campaña, cuando pasó por Santa Rosa de Cabal. Así mismo, en un cabildo abierto desarrollado en el Concejo municipal, el concejal Jorge Calderón y el líder sindical Dober Hoyos realizaron una denuncia sobre supuesta “explotación minera en El Español”.

Según informaron los medios regionales, el congresista César Franco, quien pertenece a la Comisión quinta del Senado, encargada entre otras cosas de la minería, señaló en un acto oficial que “hoy se vienen desarrollando explotaciones mineras a cielo abierto en todo el país, se vienen denunciando fuertes irregularidades que provienen desde las mismas Corporaciones Autónomas en el otorgamiento de licencias de explotación, y  hoy tenemos una denuncia que vienen haciendo los santarrosanos, de una explotación minera en el corregimiento del El Español”. Sin embargo, al ser abordado para ampliar esta información, el congresista afirmó que apenas anda en proceso de recolección de datos sobre este tema.

La defensa

La minería en el sector de El Español es legal, puesto que todos los permisos dados por Ingeominas y la CARDER (Corporación Autónoma Regional de Risaralda) están en regla, dejando que la empresa IGTER S.A (Ingeniería y Gestión del Territorio), anterior dueña de la concesión, la cual tiene una duración de 30 años, cediera el 100% de ella por el valor de treinta y un millones setecientos sesenta mil ochocientos ochenta y nueve pesos ($31.760.889) a la compañía Sociedad Soratama. Tanto IGTER S.A como Soratama pertenecen a una misma multinacional: Antioquia Gold.

Los permisos otorgados por la Carder son para el uso de las aguas del río San Francisco, del cual se les permite derivar un caudal de 1,45 litros por segundo, para la fase de exploración en la concesión minera, en los predios El Salado y La Unión.

“Esto es algo que no está oculto a nadie” afirmó el capataz de una de las exploraciones mineras en el sector, también se le preguntó por el nombre de las empresa propietarias, pero este evadió su repuesta al decir que eran empresas de Medellín, mientras que uno de los trabajadores en la exploración número cinco, comentó “Soratama y Mello, son las empresas que están aquí”.

“En las riberas del río tienen ubicadas tres plataformas para hacer uso de la concesión del agua, estas suben el agua por una manguera que conduce hasta otra moto bomba, y así mismo es conducida a una tercera motobomba, que nutre el taladro de la exploración número cinco. Lo que no se sabe es que se hace con esta agua ya que no regresa a su río”,  afirma Juliana Álvarez*.

En el caso de la reserva municipal Campo Alegre, se está debatiendo en el Concejo municipal si se accede a una re categorización o no, ya que con la ley actual, los únicos lugares que no se pueden recurrir a la minería son los Parques Nacionales y Parques Regionales.

Otros problemas ambientales

No solo la minería causa dolores de cabeza a los protectores del medio ambiente, pues a ello se le suman la deforestación acelerada para la siembra de pasto y manutención de bovinos, a una altura de 3.200 metros, a pesar de ser nivel recomendado para bosque andino. Otro asunto es la construcción de una carretera por parte de la Gobernación, que además de facilitar un acceso más rápido, también impulsa la cacería indiscriminada de animales.

De otra parte, en los últimos años se ha logrado evidenciar cómo en Santa Rosa de Cabal sus cuencas hidrográficas se pretenden usar y contaminar de alguna manera. Un ejemplo fue la suspensión de la planta de quema de residuos hospitalarios, que se planeaba instalar al lado del río San Eugenio, la que llevó a que el hospital quemara los residuos en sus instalaciones.

Según uno de los habitantes del sector de El Español, el monocultivo de tomate también está generando problemas, ya que al fumigarse con fuertes químicos, lo que se hace es que la tierra pueda erosionarse más rápido causando así que la polilla esté volando a los cafetales, y produzca grandes pérdidas en las cosechas.

A su vez Smurfit Kappa Cartón Colombia S.A se ha ido apoderando de las cuencas de varios ríos y de muchos terrenos, en donde siembran para explotación maderera, cosa que debilita mucho los suelos y seca las cuencas hídricas.

“Cerca de las cuencas no se pueden tener construcciones, ni tampoco tener monocultivos de pinos, ciprés o eucaliptos. Algunas empresas de cartón y papel no conocen, no saben y en ocasiones ni respetan esto, puesto que lo que hacen es avanzar con sus monocultivos de árboles y demás. Este es otro problema que no genera la explotación de la tierra a nivel de metales, sino de la tierra y sus minerales para producir maderas en una forma descabellada y descarada”, afirma Carlos Mario López, ambientalista de Santa Rosa de Cabal.

Las cuencas de los ríos San Eugenio, San Ramón y otras que tiene el municipio, se están reforestando con el apoyo de “grupos ambientalistas”, pero los árboles que se siembran son pinos y eucaliptos, caracterizados por ser madereros. Esto conlleva a que la recuperación de las cuencas hídricas no se haga como es debido, con árboles nativos (bosque andino) o siembra para alimentación.

Este tipo de árboles deja más propensa la tierra a la erosión y con ello lleva a que se puedan secar estos afluentes. No solo dejaría sin agua a más de seiscientos mil (600.000) habitantes de cinco municipios, sino también sin electricidad a gran parte del departamento de Caldas y una parte de Risaralda,  ya que los ríos San Francisco, San Eugenio, Campo Alegre, Campo Alegrito y Chinchiná, además de la quebrada La Estrella, son abastecedores de la reserva eléctrica La Esmeralda perteneciente a la CHEC (Central Hidroeléctrica de Caldas).

Ya queda en manos del pueblo santarrosano el decidir qué hacer con los posibles daños que se pueden presentar en un futuro no muy lejano, ya que como dice el presidente Santos, “la locomotora de la minería avanza muy rápido”.

*Nombre cambiado para reservar su identidad

Así se mueve el negocio de la cebolla en Pereira

En la cuenca media del rio Otún los habitantes sienten miedo al hablar sobre la Asociación de Cebolleros: “no escriba mi nombre”, dicen muchos. Directivas hablan del proyecto como la mejor manera de proteger intereses colectivos.

 Por: Unidad Investigativa 

traslacoladelarata@gmail.com

Risaralda es el tercer productor de cebolla larga más importante del país y el municipio que contribuye con el 88 por ciento de la producción es Pereira. El negocio mueve alrededor de 10 mil millones de pesos al año y es controlado por la Asociación de Cebolleros de Pereira: “tienen el negocio redondo (…) las plazas las tienen totalmente monopolizadas (…) y el campesino está sujeto a lo que ellos le impongan”, así lo cuenta Jorge*, agricultor independiente.

El surgimiento

La Asociación de Cebolleros de Pereira (Aceper) aparece registrada en la Cámara de Comercio el 20 de febrero de 2006, pero la organización viene de más atrás. Se tienen antecedentes, en el 2001, de una Asociación de Cebolleros y una Red de Seguridad de los Cebolleros. Dicha red fue autorizada por la secretaria de Gobierno municipal, en la alcaldía de Marta Elena Bedoya. En ese mismo año se da el surgimiento de grupos paramilitares en La Bella y La Florida, según informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo,  “los grupos paramilitares, inicialmente se instalaron en la región como parte de la red de seguridad de una asociación de cebolleros que acababa de fundarse en la zona”.

En un principio el grupo que incursionó fue el Bloque Cacique Calarcá de las autodefensas, que extorsionó a los agricultores, paralelo a este, en la zona aparece el Bloque Central Bolívar y la ya mencionada Red de Seguridad de los Cebolleros con el fin de hacer frente a la inseguridad. Guillermo Castaño, presidente del Comité Permanente, se refiere a esto como “una operación paramilitar, (…) ellos (Bloque Cacique Calarcá) generan inseguridad en un núcleo y después de eso aparecen ellos (Bloque Central Bolívar) como los que van a garantizar la seguridad; la red de seguridad es la que da el amparo legal”.

“La gente que salía inicialmente al camino a interrogar al campesino que bajaba con el producto (cebolla) era gente armada y sí, prácticamente yo por lo que alcancé a percibir, me atrevería decir que sí fueron paramilitares”, afirma Jorge. En un comienzo se instalaron retenes en la zona, estos buscaban controlar el flujo de lo que entraba y salía en cuanto a producción agrícola. La revista Noche y Niebla, en su edición número 23 de 2002, relata que los grupos paramilitares en la zona eran apoyados por terratenientes y grandes productores de la región, “quienes los respaldaban como una red de seguridad para los cebolleros”, fuera de eso a los campesinos se les cobraba un impuesto de movilidad, eran intimidados y obligados “a pagar 500 pesos por arroba”.

Castaño describe que su finca quedaba en un punto estratégico, al lado de la vía en que confluyen las carreteras que vienen de La Bella y la de La Colonia. “Fueron a decirme que entregara la casa, (…) con el argumento de que para controlar la cebolla”. Los paramilitares no solo hicieron retenes, también buscaron puntos clave de vigilancia.

Frente a estos hechos, a la zona acudió el Comité Permanente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, se hicieron las denuncias respectivas y la Fiscalía hizo presencia. Dejan de asesinar e intimidar personas y desaparece el Bloque Central Bolívar en el 2005, en últimas, la instalación de los grupos paramilitares, agrega Castaño, se da con el fin de obtener “el control militar y económico sobre la zona”.

En la actualidad, manifiesta Rosemberg Ramírez, gerente comercial de Aceper, los teléfonos de la asociación están interceptados, y “está bien que investiguen, si debemos alguna cosa por qué no nos judicializan”.

Lo que es anormal en un principio, se termina volviendo normal. Ahora “pasan revisando, no con tono amenazante como antes, sino que la gente ya se acostumbró y les guarda el miedo”, comenta Cesar*, habitante de la zona.

Cebolla con sabor a dinero

El gestor de la Asociación de Cebolleros de Pereira es Henry Álvarez. Jorge sostiene que “él fue quien armo la asociación, fue el que dijo venga organicemos los campesinos que la cebolla está muy barata”. En el 2006 la arroba de cebolla se cotizaba en las centrales mayoristas a 6 mil pesos, mil pesos por encima del costo de producción, pues producir una arroba de cebolla vale 5 mil pesos. Para efectos de esta investigación se buscó contactar a Henry Álvarez, pero no fue posible localizarlo.

Ramírez enuncia que el objetivo de la asociación “es sacar el producto al mejor precio”, para que así el cultivador tenga una buena calidad de vida. Antes de surgir la asociación, los precios de la cebolla fluctuaban bastante -muchas veces la cebolla se subía a 24.000 pesos pero otras veces bajaba a 2.000 pesos- menciona Camilo*, otro habitante de la zona, pero con la asociación se mantienen los “precios regulados”. El valor de la cebolla permanece estable de dos formas: la primera, controlando el área sembrada para así evitar que se produzca más cebolla de la que se puede vender, y la segunda, cuando hay sobreproducción se pica la cebolla. Para Gabriel Rúa, presidente de Aceper,  “es tratar de que a las plazas no se lleve tantísimo producto y se inunden, pues se baja el precio”.

En contraposición a esto, Jorge considera que los objetivos de la Asociación son “monopolizar el negocio, cuando digo monopolizar me refiero a absorber las plazas, el mercado y quedarse ellos con la producción de cebolla. Una vez eso se dé, téngalo por seguro que los pequeños y medianos productores vamos a desaparecer”.

Las reglas de la asociación, expone Rúa, no impiden que el agricultor trabaje a su manera, “nosotros lo que vigilamos mucho es que no se crezca la producción”. Para evitar la sobre producción, los pequeños y medianos productores redujeron en un 20 o 25 por ciento el área que sembraban, “qué pasó, a los pequeños nos obligaron, midieron para que bajara y cumplimos, los grandes antes sembraron más”, alega Alberto*, productor asociado.

La reducción del área sembrada ha llevado a que el pequeño y el mediano productor se estanquen, apenas sí se sostienen, pues la Asociación, asevera César, es la que decide “cuánta cebolla puede sembrar usted, qué área de su finca la puede cultivar usted en cebolla y son los que determinan el precio. La cebolla esta semana valió a tanto”. Respecto al precio de la arroba de cebolla, Ramírez asegura que es determinado por “la demanda del mercado, si hay mucha, toca favorable”.

En La Florida, La Bella y El Manzano hay un monocultivo: la cebolla larga. El volumen comercializado en la actualidad oscila entre 18.000 y 19.000 arrobas semanales que tienen un valor estimado en el mercado de 185 millones de pesos. Pero el valor de la arroba ($10.000 por arroba en junio del 2011) no es fijado de acuerdo con las condiciones del mercado. El precio es fijado por un comité de personas y Alberto dice que  “ahí están Henry Álvarez, Rosemberg Ramírez, son los dos que se encargan de eso, son los grandes productores y los encargados de la comercialización, o sea de manejar las plazas, lo que ellos llaman controlar las plazas, es un equipo grande, ahí está Julio Berto (Franco), son los que se encargan de manejar las plazas, controlar la entrada de piratas y fijar los precios”.

“La asociación brinda estabilidad (…) busca mejorar la calidad de vida del campesino, todo trabajador tiene su moto, deshipotecaron las fincas, tienen sus hijos estudiando”, reconoce Ramírez. Contrario a esto, Roberto*,  ex agricultor de cebolla, advierte que de la asociación  se “benefician unas personas, no todas. (…) Esas diez personas son de ahí mismo, de la gente que escogió él (Henry Álvarez), métase aquí y la junta directiva, venga usted, fulano es el Presidente de la junta, (…) eso es de ellos, eso no es de la comunidad”.

El monopolio

Rúa piensa que “la crítica que se le hace a la Asociación es una cosa tan ridícula, (…) si fuera tanto el monopolio entonces la gente que se está llevando el producto por otra parte quién le dice algo, (…) pueden llevar a donde quieran”. Por la misma línea, Ramírez declara que los productores “tienen libertad, si no quieren pertenecer a la asociación, listo firmen la carta de retiro y se van, (…) cada productor es libre de vender su producto donde quiera, la persona no está amarrada”.

En un principio se hizo un estudio de las plazas para determinar cuánta cebolla se vendía – dice el presidente de la Asociación-, luego en la zona la asociación se programó con “los productores, entonces nosotros sabemos que Mercasa se come mil arrobas de cebolla, por decir cualesquier cosa, entonces hacemos arrancar mil arrobas de cebolla para llevar para Mercasa”.

Frente a lo dicho por Rúa, el economista Juan Pablo Saldarriaga afirma que “ahí se están comportando como monopolio, (…) al comportarse como monopolio ellos ya pueden fijar precios, hay una demanda establecida, pero ellos pueden controlar vía precios o vía cantidades el mercado, entonces si ellos determinan las cantidades a vender, controlan el precio en el mercado, de tal forma para obtener un precio mucho más alto que aquel que tendrían si operaran bajo competencia perfecta”.

Paralelo a lo dicho por Rúa y Ramírez, Sonia Guzmán Vargas en su trabajo de grado, “Valoración de un sistema productivo agropecuario priorizado y su relación con los servicios eco sistémicos en cuenca del río Otún”, presentado a la Universidad Javeriana en marzo de 2010, describe que todos los productores de cebolla tienen un vínculo obligado con la Aceper y “es importante indicar que ningún productor, transportador o comercializador que no esté autorizado puede sacar cebolla de la zona. Los miembros de la Asociación indican que ellos se encargan del acopio y que la comercialización es responsabilidad de otros actores”.

Para Manuel*, miembro de la escuela campesina de agroecología, “el monopolio se maneja en esa junta directiva de la asociación”. Además asegura que el campesino que no participe de la asociación es bloqueado, “sale del mercado suciamente, no limpiamente, entonces todos tienen que hacerlo a través de la asociación”.

El productor que desee comercializar la cebolla de forma independiente lo puede hacer, pero la asociación al darse cuenta toma medidas. Roberto sostiene que “ellos salen a ver dónde está vendiendo y allá le caen, ellos con el viaje se hacen a un lado a vender también, a cómo está dando, él está dando a $5.000, póngala a $4.000. Ya lo pone a perder $1.000 pesos por arroba; no paga ponerse en ese trote”. Esta práctica no es nueva para la Asociación, pues en un principio –dicen los campesinos- con el fin de controlar la plaza de Pereira, Armenia, Chinchiná, Santa Rosa y Manizales, Henry Alvarez le compró la cebolla a los campesinos y la fue regalando de plaza en plaza con el fin de tomar el mercado.

Esas medidas, manifiesta Saldarriaga, son “prácticas de competencia desleal, el monopolista puede fijar, con el fin de excluir a sus rivales del mercado, precios mucho más bajos por un periodo de tiempo, de tal forma de capturar el mercado. Esas competencias no son usualmente legales”.

Esta situación –obedece a una dinámica caracterizada por el abandono de las obligaciones de las entidades político administrativas- y esto lleva expone Guillermo Gärtner, ex director del Observatorio de Convivencia de la UTP, a que “algunos sectores que están vinculados a la producción, a asumir ellos la propia defensa con todas las posibilidades de arbitrariedad y demás que ello representan, en el caso de la justicia privada”.

Cebolla y política

Aceper “está patrocinando a un trabajador para que sea candidato al Concejo de Pereira, Julio Berto Franco, es de allá de La Bella y lo tienen bien adiestrado. En este momento es el discípulo aventajado de Octavio Carmona”, relata César.

Franco hace parte del comité de personas que se encargan de la comercialización de la cebolla. Sobre el ex representante a la Cámara Carmona se puede mencionar que fue inhabilitado en el 2005 por celebración indebida de contratos superiores a 7 mil millones de pesos. Tanto Carmona como Franco apoyan la candidatura de exgobernador Carlos Alberto Botero a la gobernación de Risaralda (ver foto).

Para Guillermo Gärtner esto es “explicable dentro de las leyes de relación de la economía y de la política”. De la política porque representa los intereses de determinados grupos (la Asociación),  en este caso “los intereses económicos de los productores de cebolla para llegar y acceder a determinadas instancias de poder político”.

El candidato al Concejo de Pereira Julio Berto Franco (en la foto), precisa que su liderazgo va a ser “serio” y que en la cuenca media del río Otún hay “una asociación de cebolleros y hay personas que lógicamente no están de acuerdo con estar asociados y están por fuera de la asociación”, pero en su propuesta política, “caben todos, asociados y quienes no estén asociados, todo el mundo, sin color político, es un liderazgo serio, contundente y lo que quiero es trabajar por todas esas comunidades en general”.

“Ellos tienen un candidato al Concejo y aspiro que no gane”, afirma Roberto, como también aspira César a que esto tenga algún eco en los medios, pues “la situación de los pequeños y medianos productores es alarmante”.

 *Las fuentes pidieron reservar su nombre por seguridad